CIDH reiteró su preocupación por falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva  

la CIDH

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado venezolano revisar la legislación interna en materia de interrupción involuntaria del embarazo, para que se garantice el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, y evitar criminalizar a los activistas de derechos humanos.

Caracas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reiteró su preocupación por las denuncias acerca de la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva en Venezuela. Esta situación impacta a las mujeres y a las embarazadas durante el período de gestación y en el parto. 

A principios del 2020 funcionarios de la CIDH visitaron la frontera colombo-venezolana y recibieron testimonios de mujeres que debían facilitar los instrumentos quirúrgicos, o de profilaxis –medidas para proteger de enfermedades–, en los hospitales. También observaron cómo las jóvenes migran con sus hijos, de muy temprana edad, o se van embarazadas para poder recibir atención obstétrica en los países de acogida.

Los casos documentados sobre las fallas y carencias en los servicios de salud materna en Venezuela podrían ser considerados por la Corte como violencia obstétrica. Estas barreras afectan el derecho a la integridad física, psíquica y moral de las niñas, adolescentes y embarazadas. También la falta de acceso a los insumos médicos para gestantes podría configurar una afectación al principio de igualdad y principio de discriminación. 

Escaso acceso a métodos anticonceptivos en Venezuela vulnera los derechos sexuales
Foto: Archivo

El Estado venezolano no publica cifras acerca de la mortalidad materna desde 2016 y esto le parece “muy preocupante” a la CIDH. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Venezuela tiene la tasa más alta de embarazos adolescentes en toda la región de América; uno de cada cuatro bebés nace de madres menores de edad.

Desde 2015 los embarazos adolescentes aumentaron 65 % en Venezuela, según el informe anual de Amnistía Internacional.

En este sentido, la CIDH hace un especial llamado al Estado a dar cumplimiento a las medidas cautelares otorgadas a las pacientes que se encuentran en las salas de parto y área de emergencias, así como los recién nacidos que están en el área de neonatología del Hospital Maternidad Concepción Palacios, dice el comunicado

informe de amnistía
Según la CIDH el Estado no publica cifras de la mortalidad materna desde 2016. Foto: Archivo

Una investigación de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), entre octubre y diciembre de 2020, arrojó que ninguna de las mujeres encuestadas que estaban embarazadas asistieron a control prenatal durante los primeros seis meses de gestación. Entre los motivos se encontraba el temor a contagiarse de COVID-19, las restricciones en la movilidad y problemas económicos.

El estudio de Avesa fue con la finalidad conocer el impacto que tuvo la pandemia de COVID-19 en emergencia humanitaria. Entrevistaron a 225 mujeres y 68 centros de atención primaria de salud, en el Distrito Capital y el estado Miranda 

Otro de los hallazgos fue que casi 30 % de las mujeres no podía comprar métodos anticonceptivos y 24,9 % necesita que estos sean otorgados gratis porque no tienen suficientes ingresos económicos.

Avesa concluyó que cerca de la mitad de las mujeres, niñas y adolescentes que viven en el Distrito Capital y en el estado Miranda no cuentan con condiciones necesarias para decidir sobre su sexualidad y reproducción, ni tienen garantizado el acceso a servicios y métodos anticonceptivos de manera oportuna y de calidad. Esta situación existía antes de la pandemia y con ella aumentó.

Escasez de anticonceptivos y aborto

La CIDH también mostró su preocupación por los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a los métodos anticonceptivos, por su escasez, o de planificación familiar. 

En 2019 en cinco ciudades de Venezuela el índice de escasez de anticonceptivos fue de 83,3  % y 91,7 %, según un informe de distintas organizaciones de la sociedad civil que cita la CIDH. Esta situación puede contribuir al aumento de infecciones de transmisión sexual, de embarazos no deseados y abortos en condiciones inseguras.

La Comisión aseguró que existe una estrecha relación entre la pobreza, los abortos inseguros y las altas tasas de mortalidad materna. Por las carencias de la atención de salud y la escasez de anticonceptivos las mujeres recurren a procedimientos clandestinos que ponen en riesgo su vida

Ante esta situación instó al Estado venezolano a revisar su legislación restrictiva en materia de interrupción voluntaria del embarazo, de forma que se garantice el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos, y a abstenerse de criminalizar a los activistas de los DD. HH

Vanessa Rosales

El 12 de octubre de 2020 fue detenida Vannesa Rosales-Gautier, defensora de los derechos humanos, por ayudar y brindarle información acerca del aborto a una adolescente de 13 años que había sido víctima de abuso sexual. 

Mientras que el agresor de la menor de edad está prófugo, a Vanessa le otorgaron medida de casa por cárcel. La activista se dedica desde hace 10 años a educar a las comunidades acerca de los derechos sexuales y reproductivos en el estado Mérida.

De acuerdo con la CIDH la negación del aborto voluntario, en determinadas circunstancias, puede constituir la vulneración a los derechos fundamentales de las mujeres, como la vida, la integridad personal, la salud y a vivir libres de violencia y discriminación.

En muchos casos las mujeres víctimas de violencia sexual culminan con embarazos no deseados que las obligan a practicarse abortos clandestinos, de alto riesgo para la vida, o experimentar una maternidad forzada. Por tal razón, la Corte Interamericana recomendó a los Estados diseñar protocolos de salud adecuados para atender a las víctimas y disponer de la interrupción del embarazo legal y segura.

En Venezuela se castiga el aborto y se condena a quien lo apoye o lo ejecute. Esta legislación no ha variado desde finales del siglo XIX, mientras que en diciembre de 2020 el senado argentino legalizó el aborto, en las primeras 14 semanas de embarazo, y Chile comenzó el debate para despenalizarlo en enero de 2021.

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Foto principal: Tairy Gamboa


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