Rechazaron la “criminalización” de la emigración venezolana mediante medidas como el cierre de fronteras o la exigencia de presentar el pasaporte para poder ingresar a otros países; y solicitaron considerarlos como refugiados.
Caracas. La inusual y sin precedentes emigración venezolana sigue generando noticias. 24 horas después de que 11 gobiernos latinoamericanos aceptaran recibir en sus territorios a ciudadanos que dejan el país pese a no tener el pasaporte vigente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas instaron a los ejecutivos de las Américas a “promover acciones” para que las autoridades nacionales “garanticen el acceso, la prestación y el paso libre de asistencia humanitaria para la población venezolana que la requiere” y así “prevenir que más personas venezolanas se vean forzadas a migrar”.
Esta es una de las 15 recomendaciones que los organismos internacionales formularon en la “Declaración conjunta para el desarrollo de una respuesta regional a la llegada masiva de personas venezolanas a países del continente americano” que publicaron este miércoles.
La petición no es nueva, ya esas instancias la han realizado. Sin embargo, las autoridades han descartado aceptar cualquier tipo de cooperación, bajo el alegato de que en el país no hay ninguna crisis humanitaria y que es una excusa para “intervenir” en los asuntos internos. Esto, a pesar de que datos como que los índices de pobreza, mortalidad infantil o desnutrición se han disparado o a que la escasez de determinados alimentos o medicamentos puede llegar al 90 %.
Aunque en el texto saludaron la decisión de los 11 países, tomada en la víspera, las instancias solicitaron a los distintos gobiernos “expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, y visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado”.
Asimismo, reclamaron que dichos canales sean “accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites”.
De la misma manera pidieron que se garantice “el ingreso” a las personas para que puedan “buscar protección internacional o satisfacer sus necesidades humanitarias urgentes”, en otras palabras para conseguir qué comer y recibir atención sanitaria. También requirieron a los distintos gobiernos que garanticen el principio de la unidad familiar; es decir, que no separen a las familias como venían haciendo, por ejemplo, las autoridades estadounidenses con los migrantes centroamericanos que lograban cruzar la frontera con México.
Protección
Aunque buena parte de quienes dejan el país lo hacen huyendo de la hiperinflación y de la escasez de alimentos y de medicinas, la CIDH y los comités y grupos de trabajo de Derechos Humanos de la ONU reclamaron de los gobiernos que consideren la posibilidad de tratar como “refugiados” a los venezolanos que llegan a sus fronteras y que lo hagan sin necesidad de revisar caso a caso.
En virtud de lo anterior también las instancias internacionales, en su documento, reclamaron a los distintos países de la región “respetar el principio y derecho a la no devolución (non-refoulement) a territorio venezolano, incluyendo la prohibición de rechazo en frontera y expulsiones colectivas”.
También solicitaron que permitan al personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), a la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), al Fondo de las Naciones Unidas para la Niñez y la Infancia (Unicef), al Programa Mundial de Alimentos (PMA), a la Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS), así como otras organizaciones internacionales y regionales relevantes, las instituciones nacionales de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil brindar ayuda a los emigrantes venezolanos.
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La CIDH y las instancias de la ONU exigieron a las autoridades atajar en seco cualquier brote xenófobo contra los venezolanos mediante “campañas educativas y de sensibilización dirigidas a promover sociedades multiculturales”.
En los últimos meses en varios países de la región se han producido manifestaciones en repudio contra la presencia de venezolanos, siendo el más grave el ataque a un campamento de instalado en la ciudad brasileña de Boa Vista para acoger a migrantes. Sin embargo, en Ecuador se han producido manifestaciones de repudio contra la migración y en Perú algunos medios se han dedicado a destacar hechos delictivos cometidos por presuntos venezolanos.
Unos 2,3 millones de ciudadanos han dejado el país desde 2014, de acuerdo con estimaciones de la ONU, lo cual es el éxodo más grande registrado en la región. Aunque en un principio Estados Unidos, España, Portugal y otros países europeos fueron el destino, con el agravamiento de la crisis económica los vecinos de la región han sido los principales objetivos a alcanzar por quienes decidieron hacer sus maletas y buscar un futuro mejor.
Venezuela protesta ante países del grupo de Lima
Luego que se llevara a cabo una reunión de 11 países en Quito para analizar el tema de la migración de venezolanos fuera del país, este martes el gobierno de Nicolás Maduro anunció su decisión de enviar una nota de protesta formal a dichas naciones y al resto de los países que componen el Grupo de Lima.
La información la dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez que el propio 4 de septiembre sostuvo una reunión con el representante de Venezuela ante la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Rodríguez acusó a los países del grupo regional de “promover la xenofobia en contra de venezolanos”, algo que dijo era un comportamiento “similar a la que vivieron los flujos de judíos” en años anteriores.
“Manifestamos nuestra preocupación y rechazo a cualquier tipo de instrumentalización sesgada y política sobre el tema migratorio de Venezuela tal y como lo hemos venido denunciando con cifras en mano y números concretos”, expresó la vicepresidenta.
La decisión de enviar la nota de protesta fue tomada por el presidente Nicolás Maduro quien instruyó al canciller Jorge Arreaza a enviar las comunicaciones respectivas a las misiones diplomáticas.
Foto: Archivo
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