#EnClaves | Conozca cuáles son las demandas de los trabajadores de la administración pública

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Este jueves, 11 de agosto, los trabajadores se concentrarán, a partir de las 9:00 a. m., en Plaza Venezuela. Pedirán de nuevo la eliminación de la circular-memorándum 2792, que estableció un salario mínimo para todos los trabajadores.

Caracas. Un salario miserable es violencia. Se leía en una pancarta exhibida en la más reciente protesta realizada en las afueras de la sede del Ministerio de Educación, en el centro de Caracas.

La frase igual resonaba entre las consignas ese día, pero también ha sido parte de los gritos que, desde agosto de 2018, han dejado salir los trabajadores de la administración pública, a quienes les cercenaron sus derechos salariales.

Luego de la reconversión monetaria de 2018 la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) creó el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales, Empresas Estratégicas.

Esa circular, memorándum 2792, del órgano rector del sistema presupuestario público, tenía como propósito (aún lo tiene) regular los acuerdos laborales para el diseño de los tabuladores salariales de la administración pública.

Por citar un caso en específico, en el gremio de enfermería el impacto de ese instructivo en las remuneraciones fue de 47 % de disminución.

El memorándum también orientaba sobre cuánto y cuándo debían cobrar en primas, como Día del Niño, el bono especial navideño, ayuda por nacimiento, ayuda para niños y niñas con discapacidad, contribución para trabajadores con discapacidad y ayuda por matrimonio quedaron en un monto único de 12,5 bolívares.

Lo mismo sucedió con las escalas de profesionalización, antigüedad y demás competencias.

Pagos con retrasos

Pero no solo el instructivo técnico de la Onapre hizo mella en el bolsillo del trabajador. Desde que el control de las nóminas las asumió el sistema Patria, en 2021, no están haciendo el pago trimestral de las prestaciones sociales.

Tampoco incluyen en el fideicomiso los días que dice la ley de acuerdo con la cantidad de años acumulados por cada trabajador.

Y una demanda que mantiene a los trabajadores en la calle: el pago por concepto de uniformes y zapatos, prima que se cancela, en el caso del sector salud, dos veces al año. Uno de esos pagos debió hacerse en mayo pasado, equivalente a cinco salarios mínimos, es decir 650 bolívares.

A la fecha ya suman 1300 bolívares de los cuales el gobierno de Nicolás Maduro acordó que pagaría solo 200 bolívares.

Casi a finales de julio, el ministro del Trabajo, Francisco Torrealba, indicó que fue firmado, junto a la ministra de Salud, Magaly Gutiérrez, un documento donde acordaron pagar el bono recreacional a los jubilados.

En ese mismo acuerdo que se hizo con algunas federaciones oficialistas, se estableció el monto por concepto de uniformes.

Sin embargo, la contratación colectiva del gremio establecía que el monto debía ser 10 salarios mínimos, lo que equivale a 1300 bolívares.

Por tanto, el monto aprobado solo representa 15,38 % de lo que establecen los convenios laborales.

Esto último lanzó de nuevo a los trabajadores, pensionados y jubilados a la calle. De hecho, los sectores salud y educación no han bajado la guardia desde 2017.

Los trabajadores intensificaron su lucha en 2018, se vieron un poco desmovilizados durante pandemia del COVID-19, pero este año han realizado más de 20 concentraciones de calle y llevado actas de peticiones a Onapre, a la Vicepresidencia, a los ministerios del Trabajo, Salud y Educación, al Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) y a la Defensoría del Pueblo, sin que hasta la fecha hayan tenido respuestas favorables.

Incluso la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios, introdujo en el TSJ una demanda de nulidad con medida cautelar de amparo al instructivo de la Onapre.

Pero, más bien, desde los organismos del Estado reprimieron, despidieron y abrieron procedimientos administrativos, según las denuncias de los representantes sindicales.

De nuevo a la calle

Este 11 de agosto la protesta se mantendrá activa, dijo Pablo Zambrano, secretario Ejecutivo de Fetrasalud. A las 9:00 a.m. se empezarán a concentrar en Plaza Venezuela con un pliego de exigencias que reduce en:

  1. Salario digno.
  2. Respeto a los contratos colectivos.
  3. Jubilaciones y pensiones dignas.
  4. Pago inmediato de las prestaciones sociales e indexación de las mismas.
  5. Respeto a la inamovilidad laboral.
  6. Seguridad social integral, a los activos y jubilados.
  7. Derecho a la s alud y a la vida.
  8. Respeto a la libertad sindical.
  9. Pago inmediato del bono recreacional de los jubilados del sector salud.
  10. Pago inmediato de 1300 bolívares de uniformes y zapatos. La consigna es clara: “No son 200 son 1300”.
  11. Basta del acoso, persecución y judicialización del personal de salud. Caso Razetti de Barcelona y de Trujillo, donde todavía hay personal detenido
  12. La eliminación inmediata del memorándum 2792, “instructivo que acabó con el salario de los trabajadores. La lucha es por nuestra familia, la dignidad y la democracia. Marchamos en defensa de lo que nos corresponde”, señaló Zambrano.

Todas estas solicitudes, que ha han sido consignadas en distintas instancias nacionales, también fueron expuestas en el Diálogo y Acción Social (celebrado en Caracas en abril de 2022), cuando se le pidió a la comisión de alto nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la revisión exhaustiva de la situación de los trabajadores.

Se espera que para cuando regrese la comisión de la OIT, en septiembre próximo, se revisen los acuerdos y comience a salir humo blanco entre las partes.

Entre tanto, los gremios aseguran que seguirán en las calles. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), los derechos laborales encabezaron las exigencias en protestas durante el primer semestre de 2022.

Los trabajadores venezolanos protestaron en 1642 ocasiones, lo que representa 42 % del total documentado por la ONG. También registró que a partir del segundo trimestre aumentaron protestas de trabajadores rechazando las tablas salariales impuestas por la Onapre y que los jubilados y pensionados se han mantenido con una participación activa en aproximadamente 460 protestas realizadas en el ámbito nacional.


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