El gobierno asegura que la refinería tuvo que suspender o posponer proyectos de ampliación y renovación y que había estado impedida para realizar gestiones corporativas normales de sus órganos de dirección y administración, debido a las sanciones estadounidenses.
Caracas. El Gobierno de República Dominicana asegura que desde 2015 la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, S. A. (Refidomsa) se veía afectada por las sanciones que enfrenta Venezuela. Hasta el 19 de agosto de este año la sociedad PDV Caribe, S. A., filial de Petróleos de Venezuela, S. A. (Pdvsa) tenía una participación del 49 % en Refidomsa.
Las autoridades de ese país señalaron en un comunicado el 19 de agosto, día en que se produjo la transacción en la que República Dominicana retomó el control total de la refinería, que Refidomsa tenía problemas para acceder a crédito local e internacional, así como limitaciones para utilizar los medios de pago bancarios, debido a las sanciones que Estados Unidos ha aplicado a Venezuela.
El gobierno asegura que la refinería tuvo que suspender o posponer proyectos de ampliación y renovación y que había estado impedida para realizar gestiones corporativas normales de sus órganos de dirección y administración.
El 19 de agosto el Gobierno dominicano adquirió las acciones por $88 millones. En 2010 se las había vendido a Pdvsa por $135 millones. El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, dijo el día de la operación en una rueda de prensa que “se buscó un precio razonable, ventajoso, para el gobierno dominicano”.
La negociación para readquirir las acciones empezó el 26 de marzo de 2021. Vicente indicó que en ese momento el Ministerio de Hacienda recibió una carta, una notificación por parte de Pdvsa que informaba sobre un acuerdo con la compañía Patsa del Grupo Rizek.
Pdvsa preguntó a las autoridades si el Estado dominicano quería ejercer el derecho de preferencia que está consignado en los estatutos sociales de Pdvsa. “Luego de varias reuniones que hemos tenido, el gobierno, en representación del Estado dominicano, decidió readquirir esas acciones”, dijo Vicente la semana pasada.
El ministro de Hacienda dominicano en una entrevista exclusiva a Diario Libre explicó que “básicamente Pdvsa estaba siguiendo lo que dicen los estatutos sociales de Refidomsa: antes de vender la acción a un tercero, ellos tenían que poner la oferta sobre la mesa a su otro accionista que, en este caso, era el Estado dominicano. Los estatutos establecen 60 días para dar esa respuesta”.
José Manuel Vicente reiteró que la transacción se hizo en coordinación con el Gobierno de Venezuela, Patsa y el Gobierno de Estados Unidos, específicamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), para evitar problemas a futuro relacionados con alguna violación de las condiciones de las sanciones que establecen las leyes de Estados Unidos.
El Gobierno dominicano asegura que recibió una respuesta de no objeción por parte de Estados Unidos, por lo que procedieron con la transacción, que se ejecutó en dos partes. El ministerio de Hacienda detalla que en la primera parte Pdvsa vendió sus acciones a Patsa, y luego en una segunda parte —ambas transacciones se dieron de manera simultánea el 19 de agosto— Patsa vendió esas acciones por el mismo precio a República Dominicana, que pagó por las acciones en efectivo.
La situación de Venezuela y las sanciones impuestas por el gobierno americano estaban incidiendo muy negativamente en las operaciones de la refinería”, dijo Vicente a Diario Libre.
Refidomsa también podía enfrentar otros riesgos a futuro. El ministro de Hacienda indicó que cuando contactaron a la OFAC se enteraron de que esas acciones estaban siendo atacadas por otros acreedores en cortes de Estados Unidos. “Aunque esa no fue la razón fundamental, fue una razón importante porque el Estado dominicano no quería verse de pronto con un socio que no conoce, porque una corte decida el destino de estos activos”, expresó.
Estados Unidos impuso sanciones petroleras a Venezuela en enero de 2019, sin embargo, antes de eso ya había aplicado sanciones financieras y económicas. La medida ha provocado dificultades para sus socios o empresas que buscan hacer negocios con el país, debido a que temen ser víctimas de sanciones. El sobrecumplimiento es una especie de exceso a cumplir con la norma por temor a cometer alguna violación relacionada con las condiciones que establecen las sanciones. (Lea aquí la entrevista completa de Diario Libre: Jochi Vicente: “Refidomsa seguía, pero tenía un grillete que no le permitía avanzar”)
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