Crónica.Uno registró en Caracas entre dos y cinco protestas al mes en el período agosto-noviembre que fueron lideradas por el sector salud, jubilados y pensionados, educadores y vecinos de distintas zonas de la ciudad. Aquí dejamos un recuento.
Caracas. El año 2020 comenzó con un promedio de 21 protestas diarias. Eran días en que el país vivía en normalidad y que se hablaba de la COVID-19 como una enfermedad que solo pasaba en otro continente. Las exigencias de los venezolanos eran las mismas que tienen años repitiendo: servicios públicos de calidad, beneficios laborales, educación, salud, alimentos y combustible. Con la llegada de la pandemia, la lucha de los distintos sectores no desapareció a pesar de los riesgos de contagio.
Solo en enero hubo dos protestas diarias en el país de vecinos que exigían agua potable, para un total de 67 en el mes. Por lo menos en 11 estados hubo manifestaciones por las largas colas para surtir gasolina. En 38 oportunidades las personas denunciaron el estado de precariedad de los centros de salud y, en otras 31 protestas reclamaron por las constantes fallas eléctricas.
Esos datos fueron dados por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) el 18 de febrero. Casi un mes después, el 13 de marzo, el gobierno de Nicolás Maduro confirmó los primeros dos casos de COVID-19 en el territorio nacional. Tres días después, siete entidades entraron en cuarentena radical, entre esas Caracas, y el resto del país se unió más tarde.
Las calles estaban muy solas. Había restricciones de movilidad que pedían salvoconducto. Pero el debate estaba sobre la mesa: “¿Cómo nos lavamos las manos para prevenir el virus si no tenemos agua?”, “En La Florida tenemos más de 12 horas sin luz”, “Somos médicos y no podemos echar gasolina”, denunciaban los caraqueños en redes sociales y entrevistas a medios de comunicación.
El OVCS publicó que en marzo hubo 580 protestas, pese a las medidas de cuarentena. Este número era menor que en 2019 cuando en ese mes hubo 2038 protestas y se le atribuyó al miedo de las personas a contagiarse. Entre julio y agosto, período en que los infectólogos consideraron como uno de los picos más altos de la pandemia en el país, se rompió aún más el silencio en las calles y la necesidad de los venezolanos de manifestar se despertó. El OVCS registró 649 protestas en julio, equivalentes a un promedio de 22 diarias.
Crónica.Uno registró en Caracas entre dos y cinco protestas al mes en el período agosto-noviembre que fueron lideradas por el sector salud, jubilados y pensionados, educadores y vecinos de distintas zonas de la ciudad. Aquí dejamos un recuento:
Agosto
“Para morir en nuestras casas, mejor lo hacemos en las calles peleando por nuestros derechos”, dijo Luis Cano, coordinador Intersectorial de Jubilados y Pensionados. Las personas de la tercera edad se arriesgaron a contagiarse de COVID-19 ante la necesidad de denunciar los 0,50 centavos de dólares que reciben a pesar de haber trabajado por más de 30 años. Funcionarios de la GNB y PNB reprimieron la manifestación y llevaron detenidos a Juan Ovalles, presidente de la Asociación de Jubilados del Metro de Caracas y al líder comunitario Carlos Julio Rojas.
“Llevamos más de 12 días sin agua”, rechazó Verónica Pérez, residente de Coche. El 21 de agosto los vecinos de Coche denunciaron el abandono y la desidia por la mala calidad de los servicios públicos que reciben. La comunidad se organizó para hacer protestas virtuales, pero no tenían respuesta de ninguna autoridad, así que en los días siguientes salieron a la calle.
Septiembre
“Se están violando todas las cláusulas contractuales, en especial, uniformes, alimentación y salario”, lamentó Jorge López, secretario general del sindicato de empleados. Un grupo de trabajadores de Supra de la Alcaldía de Caracas se concentró el 21 de septiembre en los alrededores de las oficinas de la Corporación de Servicios Municipales, en Zona Rental, para denunciar las carencias y violaciones a los beneficios contractuales en la municipalidad desde la llegada de Érika Farías como alcaldesa.
“Hay sectores que tienen más de seis meses sin agua”, informó Jairo Pérez, líder comunitario. La comunidad organizada de La Vega planeó una caminata de 4,7 kilómetros desde el sector Las Casitas hasta la redoma de La India para el 23 de septiembre. Resaltaron la importancia de mantener la distancia como medida preventiva de COVID-19. En la movilización rezaban y pedían a Dios para volver a ver el agua correr por sus tuberías. Pero solo pudieron caminar unos 1,7 kilómetros de forma pacífica porque la Policía Nacional Bolivariana les impidió continuar con la actividad.
“Hay sitios en donde llega el agua dos veces al mes”, enfatizó Laura Rivas. En La Dolorita trancaron la calle principal por el deterioro de los servicios públicos. Hay zonas de esta comunidad que tienen entre 11 y 18 años sin agua porque en sus calles no hay tuberías, las quitaron por completo bajo una promesa de que las volverían a instalar.
Octubre
“En la urbanización Piedra Azul hay mil fallas con el agua”, resaltó Emelina Rodríguez, vecina del municipio Baruta. Varios habitantes de la zona se concentraron en el distribuidor Santa Fe el 1° de octubre. Mientras se reunían, un funcionario de la PNB les tomaba fotos a los manifestantes.
“No hay condiciones”, resaltó Raquel Figueroa, coordinadora de la Unidad Democrática del Sector Educativo, a dos semanas del inicio del período escolar. El gremio de educadores tenía planeado reunirse en la plaza Morelos de Caracas el 5 de octubre, pero estaba tomado por grupos identificados con el gobierno de Nicolás Maduro. Los maestros recordaron que les adeudan 280 % del aumento salarial estipulado en la contratación colectiva.
“Hace un año me jubilé del Ipasme y aún no me pagan lo que me deben”, expresó Blanca Torrealba en una protesta de jubilados y pensionados el 7 de octubre en la plaza de la iglesia Altagracia, diagonal a la sede principal del Seguro Social.
“El aguinaldo es una propina”, gritaron en una manifestación de docentes, a la que se les sumó trabajadores del sector salud, el 21 de octubre. Esta protesta se dio 15 días después de la última planificada en la plaza Morelos. Los maestros entregaron un documento ante la Inspectoría del Trabajo en rechazo a su salario por falta de una política económica coherente.
“Cuando el salario llega a cero, la salud se convierte en cero”, denunció Rafael Arreaza, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), en una protesta frente al Hospital Universitario de Caracas el 22 de octubre y afirmó que con el sueldo que está recibiendo el personal sanitario del país solo les alcanza para comprar medio kilo de cebolla. “Enfermería tiene miedo a morirse de hambre”, afirmó Ana Rosario Contreras, en una manifestación en la tarde de ese mismo jueves frente al Hospital Doctor Miguel Pérez Carreño, en La Yaguara.
Noviembre
“Nos une una sola lucha”, repitió Edgar Machado, representante del Magisterio en una convocatoria de Pablo Zambrano, por Fetrasalud; Ana Rosario Contreras, por el sector de enfermería; Luis Cano y Carlos Julio Rivera, por los jubilados; Eduardo Sánchez, por la UCV; igual los representantes sindicales de los principales hospitales de la capital, médicos y líderes comunitarios de las parroquias Coche, El Valle, San Martín, Santa Rosalía, Antímano.
Los trabajadores del sector salud y educación no dejaron la calle ese 4 de noviembre pese a la presencia de 10 sujetos vestidos de negro que se atravesaron en la esquina del asilo La Providencia de San Antonio e hicieron una cadena con sus brazos para impedir la movilización.
“Venezuela está en trabajo de parto”, sostuvo Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermería del Distrito Capital el 18 de noviembre cuando se disponían marchar desde la plaza del Rectorado de la UCV hasta el hospital Clínico. Ese mismo día, los jubilados se reunieron pacíficamente frente a la sede del IVSS en la parroquia Altagracia.
En total, el OVCS registra 8448 protestas en 2020 en todo el país. El mes que tuvo el índice más alto en lo que va de año fue octubre que, aunque disminuyeron las manifestaciones por gasolina, aumentaron las relacionadas con gas doméstico, trabajadores de educación y salud.
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