Trabajadores activos, jubilados y pensionados aseguran que continuarán en las calles hasta que se derogue el instructivo Onapre. Según una revisión hecha por la ONG Acceso a la Justicia, con la aplicación de la disposición administrativa se violan al menos seis derechos constitucionales, además de disminuir el sueldo en un 50%.
Caracas. Argelia Castillo, secretaria general de la Asociación de Profesionales Universitarios (APUFAT), no recibe ni la mitad del salario que le corresponde. Su bono vacacional debería ser de 800 dólares, pero le depositaron el equivalente a 400 dólares al cambio oficial, avalado por el Banco Central de Venezuela.
Considera que lo que le pagan no está acorde con su experiencia y sus grados de estudio. La situación afecta tanto a los docentes como a otros trabajadores de la administración pública, quienes en julio se unieron a las protestas contra el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
“Tengo un Técnico Superior Universitario (TSU) , una licenciatura, un postgrado y estoy terminando mi doctorado y me están pagando la cuarta parte de lo que deberían. Es decir, que mi proceso de aprendizaje y mi experiencia no va acorde a lo que me están pagando actualmente”, contó Castillo a Crónica.Uno.
En el caso particular de Castillo mantiene a su hijo y se hace cargo de sus padres. “El instructivo Onapre influye en la economía familiar y los ingresos no son acordes a lo que gasto. Mis ingresos no son acordes a la realidad”.
Nuevamente a las calles
Este martes, 6 de septiembre, trabajadores de diversas áreas de la administración pública se concentraron frente a la sede principal del Ministerio Público para movilizarse al Palacio de Justicia y exigir nuevamente la derogación del instructivo Onapre. La protesta era parte de una convocatoria nacional.
Y aunque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) estableció que el instructivo es inexistente, todavía se aplica a la nómina de los trabajadores y se refleja en sus salarios.
El 11 de agosto el TSJ ratificó la “ inexistencia” del instrumento, que formalmente se denomina “Proceso de ajuste del sistema de remuneración de la administración pública, convenciones colectivas, tablas especiales y empresas estratégicas”. Sin embargo, la disposición administrativa aún se aplica.
La mañana del martes trabajadores de la administración pública y jubilados recorrieron la avenida Universidad con intención de llegar al Palacio de Justicia. No obstante, su avance fue frenado por un piquete de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a la altura de la esquina El Chorro, en el centro de Caracas.
Eliminó contratos colectivos
Teresa Gómez asegura que hay varias “banderas” que se pueden alzar contra el instructivo Onapre, dictado por el Ministerio del Trabajo el 11 de octubre de 2018.
El memorándum 2792 eliminó los contratos colectivos de la administración pública. Además, determinó el salario mínimo como base para calcular el pago por escalas y fijó una sola tabla salarial para todo el sector.
“En mi caso particular me quitaron 54 % de mi sueldo. Este ha sido el robo más descarado”, reprochó Gómez, mientras alzaba la pancarta que llevaba en sus manos con el siguiente escrito: “Si no existe, ¿por qué lo aplican?”
Gómez insistió en que seguirá en las calles porque cuando ella va a comprar, lo que lleva en su bolsillo nunca es suficiente. “Tú sabes cuánto llevas en el bolsillo y cuáles son tus necesidades, pero lo que tú necesitas no se ajusta a lo que cargas en el bolsillo. Este país está quebrado, se lo robaron todo”.
El instructivo viola la Constitución
Al menos seis disposiciones constitucionales se violan con la aplicación del instructivo de la Onapre, entre estas el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, de acuerdo con un análisis de Acceso a la Justicia.
Elizabeth Guerrero, trabajadora del sector educativo, puntualizó que el artículo 91 de la Constitución debe ser aplicable a todos los salarios y a todas las pensiones.
“No puede ser que las personas de la tercera edad se nos estén muriendo porque no tienen cómo comer o cómo comprar sus medicinas”.
Artículo 91: “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
“Un fantasma nos roba”
“¿Será que un fantasma nos roba? Nos está robando nuestras vacaciones, todos los bonos, las jerarquías, las profesionalizaciones. Entonces, si no existe el instructivo, ¿de quién es la mano peluda?”, cuestionó Guerrero.
Por su parte, Arnoldo Benítez, ingeniero jubilado de la administración pública, reafirmó que el instructivo es inexistente solo para el TSJ, pero no para los trabajadores a quienes le cercenan el sueldo mes a mes.
“Mientras ese instructivo no sea derogado, nosotros tenemos que protestar porque tanto los trabajadores activos, como nosotros, los pensionados y jubilados, merecemos un salario suficiente”.
Los trabajadores del Metro de Caracas también se hicieron escuchar, con sus uniformes y carnets, en la movilización de este martes, 6 de septiembre.
“Al igual que todos, como trabajadores del Metro que somos, se refleja en nuestros sueldos, nos niegan el derecho a cobrar 100 % de nuestros sueldos”, dijo uno de los empleados asistentes a la marcha.
Se solidarizan con la causa
A la protesta se sumaron algunos estudiantes de la Universidad Simón Bolívar (USB) en apoyo a sus docentes.
“Trabajan en la universidad por caridad y no debería ser así. Su servicio también vale”, aseguró un vocero de los jóvenes, quienes portaban franelas alusivas a esa casa de estudios.
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