El Índice de Burocracia para Latinoamérica ubica a Venezuela a la cabeza de los países que más trámites exige y más horas demanda a las pequeñas y medianas empresas. En promedio a una empresa le toma anualmente más de mil horas cumplir con los trámites requeridos por ley. A pesar de que algunos requisitos están digitalizados, las fallas en los portales suma horas adicionales.
Caracas. Los trámites comunes exigidos por el Estado le toman a las empresas en Venezuela unas 309 diligencias y un total de 1042 horas al año, lo que equivale a 43 días continuos y a 130 jornadas laborales. Esto representa un poco más de la mitad de los 248 días laborales en el país durante 2020. Así lo recoge la primera edición del Índice de Burocracia para Latinoamérica (IB-LAT).
Los cálculos del IB-LAT para Venezuela arrojan que las pequeñas empresas más representativas sectorialmente, dedican anualmente más de mil horas para cumplir con los trámites requeridos por ley, siendo las del sector terciario las más afectadas, seguido por las del secundario y finalmente las del primario. Solo en trámites ante el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) le toma a las empresas casi 500 horas.
El estudio, que hace una clasificación de países en tres grupos, lo publica el Centro Latinoamericano de Atlas Network y lo coordina la doctora en economía Sary Levy Carciente y el Centro para la Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad). Venezuela está en el tercer grupo de países y se ubica a la cabeza entre los que más trámites exige y más horas demanda a las pequeñas y medianas empresas.
El IB-LAT identificó 68 trámites burocráticos en Venezuela, exigidos por 18 instituciones gubernamentales. Del total, 45 corresponden a trámites comunes, es decir, aquellos exigidos indiferentemente del objeto de la empresa. Por su parte, 23 trámites fueron clasificados como sectoriales, ya que son exigidos en actividades económicas concretas o en un sector económico particular.
De todas ellas destaca el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), que demanda 139 diligencias, que suman 499,91 horas al año. Le sigue, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel), con 11 trámites que requieren 49 diligencias y 293,9 horas/año. “En efecto una constante en los tres sectores económicos es que el grueso de los trámites y del tiempo absorbido se concentra en la administración del empleo y en el pago de los impuestos”.
El estudio señala que el principal problema de la declaración de los impuestos ante el Seniat está en las frecuentes fallas de sistema en la plataforma web de la institución. “En ausencia de fallas, estos trámites demorarían 376 horas al año, casi un 30 % menos. Esto compromete la puntualidad con la cual las empresas deben presentar las declaraciones, lo que las arriesga a recibir amonestaciones del Seniat”.
El 50 % de los trámites exigidos en Venezuela están digitalizados. El 44 % exige la presencia del representante de la empresa ante algún ente burocrático o, por el contrario, la visita de algún funcionario público a las instalaciones de la empresa, como es el caso de las inspecciones y fiscalizaciones. El 2 % corresponde a diligencias parcialmente digitalizadas.
El índice apunta que 189,5 horas al año del total corresponden al tiempo adicional que suman las fallas de sistema en los sitios web de las instituciones públicas, así como fallas en la conectividad al servicio de internet. El 73 % de estas horas adicionales provienen de fallas que presenta el portal del Seniat al momento de realizar la declaración y pago de los impuestos. En ausencia de este tipo de inconvenientes, los 50 deberes burocráticos comunes exigirían 852,5 horas al año.
Cuánto le toma a las empresas en estos países cumplir con trámites burocráticos:
Primer grupo
En Brasil toma 115 horas al año
En España 332 horas al año
Segundo grupo
En México 492 horas al año
En Colombia 524 horas al año
Tercer grupo
En Argentina y Venezuela 945 horas al año
La investigación sostiene que las empresas, ciudadanos, e incluso los trabajadores del sector público de la región perciben al conjunto de trámites exigidos por la burocracia pública como un interminable laberinto, que consume tiempo valioso que podría destinarse a actividades generadoras de aumento de la producción, fomento de la productividad, impulso a la innovación o la mejora en la atención a los usuarios.
El IB-LAT apunta que agilizar los trámites y ampararse en el uso de nuevas tecnologías es crucial para la pequeña empresa que representa más del 75 % del total de empresas mundialmente, pero advierte que no se trata solo de digitalizar los trámites, sino de ir más allá y revisar si estos requisitos son indispensables, si suman o restan eficiencia a la dinámica económica, si favorecen transparencia o si son fuente de opacidad. Si aportan impulso a la innovación o si son frenos o escollos a la calidad de vida ciudadana presente y futura.
En Venezuela “el despido de un empleado es mucho más delicado”. En marzo de 2020 se ratificó la inamovilidad laboral en el país, lo que supone la imposibilidad de despido, desmejora o traslado sin justa causa calificada previamente por un inspector del Ministerio del Trabajo. Así, despedir a un empleado exige mayores requisitos y diligencias. Son ocho trámites en promedio que requieren de 30 horas al año por empleado. En total, el proceso de contratación y despido le exige a la pequeña empresa 41,3 horas al año.
El IB-LAT advierte que en la medida en que son más numerosos, complejos y cambiantes los trámites, las empresas tienden a subcontratar gestores especializados, y en muchos casos emergen las vías informales, opacas e incluso no legales, que alimentan los incentivos perversos y las redes de la corrupción.
“El daño es inmensurable, pues va más allá de la pérdida en producto o la deficiente calidad en la provisión de servicios, afecta mayormente a los grupos vulnerables o desfavorecidos, amén de debilitar la confianza en el Estado de derecho y la cohesión social”, se lee en el documento.
La investigación añade que aunque muchos de los trámites han sido digitalizados, las fallas de conectividad o la sobrecarga de los portales hace que estos no aprovechen en su totalidad las ventajas tecnológicas. Esto es particularmente relevante para Venezuela, por la falta de inversión y mantenimiento en su sistema eléctrico y de telecomunicaciones.
Lea también
Participa en la conversación