El comisionado de la PNB Eulises Manuel Farías Valderrama, excomandante de la Policía de Aragua, y el fallecido supervisor jefe de la Policía de Aragua, Gabriel Enrique Cubides Zapata, exjefe del Centro de Coordinación Policial Libertador, fueron acusados de facilitar la fuga de 250 reclusos que estaban detenidos en varios centros de detención en Aragua simulando un traslado hasta la cárcel de Tocorón que nunca se autorizó ni se materializó.
Maracay. El juicio que se inició en noviembre de 2018, en el Tribunal Primero de Control del estado Aragua, en contra del comisionado de la PNB Eulises Manuel Farías Valderrama, excomandante de la Policía de Aragua, y del supervisor jefe de la Policía de Aragua, Gabriel Enrique Cubides Zapata, fue radicado en el estado Carabobo por decisión de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo con la sentencia número 62 suscrita por el magistrado Maikel Moreno, el 30 de julio de 2020.
Ambos funcionarios, acusados por la fuga de 250 reclusos que se encontraban en varios centros de detención en Aragua, fueron detenidos en septiembre de 2018 y recluidos en la sede del Cicpc de Caña de Azúcar. Se les imputaron los delitos de asociación, corrupción propia, peculado de uso y certificación indebida de documento público, previstos en la Ley contra la Corrupción y la Ley contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
A los exdirectivos de la Policía de Aragua se les señaló de haber simulado, en marzo de 2018, el traslado de 250 reclusos hasta el Centro Penitenciario de Aragua, pese a que el Ministerio del Servicio Penitenciario suspendió en 2017 los ingresos de nuevos reclusos a esta cárcel del estado. Además, las autoridades para entonces del Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) negaron haber admitido a ningún detenido y desconocieron las firmas y los sellos que aparecían en unos oficios en que se informaba del supuesto traslado.
La decisión de la Sala Penal de trasladar el juicio a Carabobo obedece a la solicitud formulada el pasado 9 de enero del presente año por el fiscal provisorio Jonathan Vera y la auxiliar interina Luzmar Montilva, ambos adscritos a la Fiscalía Quincuagésima Tercera del Ministerio Público en el ámbito nacional con competencia plena contra la corrupción.
Y es que desde la detención de ambos funcionarios, la audiencia preliminar de los imputados fue diferida al menos once veces, pero, además, los fiscales denunciaron que el 6 de febrero de 2019, el juez primero de control del estado Aragua, Julio Urdaneta (recusado y destituido), y su sucesora, Arlín Pérez, decretaron un cambio de reclusión sin la respectiva notificación al Ministerio Público.
Desde entonces, tanto Farías Valderrama como Cubides Zapata gozaban de un arresto domiciliario. Un año después, el supervisor jefe Gabriel Cubides Zapata falleció de leucemia.
El magistrado Maikel Moreno declaró con lugar la radicación del juicio en el Circuito Judicial del estado Carabobo, en “aras de asegurar una correcta administración de justicia, resguardar la paz y seguridad de todas las partes involucradas y asegurar así la finalidad del proceso penal”.
El ajusticiamiento de tres jóvenes abrió la caja de pandora
El 21 de septiembre de 2018, el comisionado de la Policía Nacional Bolivariana Farías Valderrama, para la fecha comandante de la Policía de Aragua, y Cubides Zapata, jefe del Centro de Coordinación Policial Libertador, fueron detenidos luego de que el Viceministerio del Sistema Integrado de Policía, Visipol, ente dependiente del Ministerio de Interior y Justicia, iniciara una investigación.
La denuncia que formularon ante la División de Homicidios del Cicpc Aragua familiares de tres jóvenes ajusticiados el 10 de abril de 2018 en la carretera La Cipa, cerca de la cárcel de Tocorón, en el municipio Zamora del estado Aragua, y que se encontraban entre el grupo de detenidos que fueron trasladados desde la comisaría de la población de Villa de Cura hasta el Centro Penitenciario de Aragua destapó uno de los mayores escándalos que se hayan registrado dentro de la Policía de Aragua.
Durante las indagaciones, el Ministerio Público determinó que ambos funcionarios señalados convocaron una reunión con los 18 jefes de los comandos policiales del estado, en la que se coordinó el traslado de reclusos hasta la cárcel de Tocorón, alegando la necesidad de descongestionar los respectivos centros de coordinación policial que fungen como centros de detención en el estado.
Las experticias determinaron, además, que un funcionario de nombre Víctor González sería el enlace en el centro penitenciario, y que solicitaba la cantidad 200.000 bolívares para tramitar los correspondientes cupos por cada detenido.
Los fiscales señalaron en su momento, que ambos funcionarios “incumplieron con las formalidades legales para el traslado de doscientos cincuenta (250) reos, mediante la utilización de unidades pertenecientes a la Policía de Aragua hasta la puerta de ingreso del referido penal. Y, en consecuencia, se desconoce en su totalidad el paradero de los privados de libertad, indebidamente trasladados. De la investigación se desprende que tanto Farías como Cubides cobraron a cada preso una suma de dinero para el traslado”.
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