FAES: Detrás de las masacres y el dolor (y II)

Anthony y Carlos eran jóvenes que no llegaban a los 30 años. Ambos dejaron hijos menores de edad. Las FAES alegaron que pertenecían a bandas delictivas pero no aportaron ningún tipo de pruebas. Los familiares desmienten la versión del cuerpo policial.

Caracas. Anthony Mesías corrió sobre los techos de varias casas del barrio Las Adjuntas para escapar de la persecución de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Al menos 30 efectivos tomaron la zona en búsqueda del joven de 24 años el pasado 9 de enero de este año. A su tío, Elías Mata, quien también es su vecino, lo patearon y amenazaron.

“Yo no sabía el poder que tenía este Gobierno hasta que aparecieron en nuestra casa ese día. Los ciudadanos en este país no tenemos derechos humanos. Y para los pobres no existe justicia. Que uno viva en un barrio no significa que uno es malandro”, dijo Elías.

A Carmen, una vecina del barrio, los funcionarios le destruyeron el techo de zinc de su casa y le desordenaron sus cosas. La arremetida de las FAES no es solo sobre el “sujeto” que deben “eliminar”, sino también con el resto de la comunidad.

Antes de iniciar la cacería del cuerpo de seguridad contra los manifestantes que respondieron al llamado opositor en rechazo al gobierno de Nicolás Maduro el 23 de enero, este equipo adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) había dejado, al menos, 18 muertos —registrados por Crónica.Uno— en Distrito Capital y Miranda. El conteo corresponde a las dos primeras semanas del mes pasado: es decir, al menos un muerto por día.

Anthony fue uno de ellos. No logró escapar. Recibió 20 impactos de bala justo en las escaleras debajo de la casa de Carmen. “Anda a buscarlo. Te lo dejamos ahí arriba muerto. Ya lo matamos”, le dijo una funcionaria a la hermana de Anthony, Nicole Rondón. Tanto a ella como a su mamá las amenazaron luego de que su familiar había sido asesinado. Ambas denunciaron que los efectivos ingresaron a su casa y les desordenaron todas sus cosas.

También tumbaron la puerta del cuarto de Anthony, donde solo hay una cama y una cuna. Allí dormía con sus dos niños varones, de 2 y 4 años. El plan de este joven era emigrar hacia Colombia en búsqueda de mejores oportunidades. Su pareja salió del país hace unos meses. 

Ese mismo 9 de enero, en Las Adjuntas, también murió Ángel Campos a manos de este cuerpo policial. Y el día anterior, en un “operativo especial” cercano a este sector, en el barrio Kennedy, murieron cinco personas. En dos días, al menos ocho personas murieron a manos de las FAES. Crónica.Uno registró otro caso en la Autopista Regional del Centro, también el 9 de enero. Se trató de Wilker Graterol, de 16 años, quien vivía con su mamá justo en la gasolinera Maitana.

“Los vecinos observaron a los funcionarios arrastrar el cuerpo envuelto en una sábana blanca y lanzarlo a una de sus camionetas. Hubo otro grupo de oficiales que se quedó en la casa y se acostó en nuestras hamacas. Se reían y se tomaban fotografías”, dijo la hermana de Wilker, Yennifer Graterol.

Los familiares de las víctimas se sienten vejados por estos funcionarios. “Me repetían que mi hijo era un malandro, un asesino”, dice la mamá de Anthony, Omaira Armas.

Omaira había escuchado sobre los sucesos en el barrio Kennedy. Su temor hacia estos efectivos —y su experiencia como madre que ya había perdido a un hijo en estos “operativos”— la impulsó a repetirle a Anthony que se fuera unos días del barrio, pero el joven le respondió que él no tenía nada que esconder. “A mí no me van a hacer nada”, le decía.

Omaira sigue esperando justicia por la muerte su otro hijo, Ansoni García, quien tenía 26 años y trababaja para la Misión Vivienda cuando murió en una redada realizada por la Policía del Municipio Libertador en 2013. Esta familia ha sido constantemente perseguida por oficiales del Estado. Omaira logró conseguir una medida de protección, no obstante, dice que el caso de Ansoni está viciado, por lo que no encuentra el sentido ni tiene las fuerzas para luchar nuevamente por la justicia de Anthony.

Desde el 9 de enero, Omaira no se quita la pijama. No ha salido de su casa y tampoco ha dejado de llorar. “¿Quién protege a quién?”, se pregunta. Sus vecinos le hacen compañía. Entre ellos está Heriberto Sojo, quien opina que no es justo que a una persona la maten “así, como a un animal”. También la acompaña la única hija que le queda, Nicole, de 18 años. Nicole dice que ella no conoce a ningún sobreviviente de las FAES. “Ellos vienen a matar”, asevera.

En el Junquito tampoco hay ley ni justicia

A estos jóvenes que son ejecutados en operativos de las FAES muchas veces los asocian con presuntas bandas delictivas, de acuerdo con los partes policiales que envía el organismo. No obstante, los familiares de las víctimas dicen que en vez de perseguir y apresar a los que son violentos, este órgano reprime a inocentes. En el caso de Anthony Mesias, las FAES reportó que era miembro de la banda el Gordo Eduard.

Otro caso es el de Carlos Beomont, de 28 años, y quien, denuncian sus allegados, murió bajo las armas de las Fuerzas de Acciones Especiales por supuestamente ser miembro de la banda criminal Niño Malo, que opera en la autopista Panamericana. 

“Lo ajusticiaron. Él era un muchacho sano”, cuenta su padre, Raúl Beomont. Los dos eran comerciantes en el Mercado de Coche. “Desde chiquitico trabajaba conmigo. Que vayan al mercado y pregunten quién era él. Se darán cuenta de que no tenía problemas con nadie”, agrega.

Carlos estaba en camino a su trabajo la mañana del 14 de noviembre de 2018 cuando funcionarios de las FAES lo secuestraron en el kilómetro 2 de el Junquito. “Lo metieron en un carro y luego no supimos más nada”, contó su esposa, América Medina. La próxima vez que supieron de él fue cuando el joven ya había sido trasladado del Hospital Universitario a la morgue. 

Sus ganancias como comerciante en el mercado de Coche era lo que, a duras penas, le permitía a Carlos mantener a sus cuatro niños de 3, 4, 8 y 10 años. A su papá le extrañó no ver a su hijo esa mañana, por lo que decidió ir hasta la casa en horas del mediodía. Para ese momento, más de 50 funcionarios se encontraban en el lugar. “Mira, viejo, si pasas por acá no nos hacemos responsables de lo que te pase”, le dijo uno de los efectivos encapuchados.

La hermana de Carlos, Sandra Beomont, no espera justicia pronto. Cuando puso la denuncia ante Fiscalía, la única respuesta que obtuvo fue: “Tienes que buscarme a los testigos”.

Sandra describe a Carlos como una persona callada, tranquila y quien tenía como única misión trabajar para que sus hijos no se quedaran sin comida. Los vecinos cuentan que el joven cargaba dinero en efectivo y, algunos con miedo, le decían a los oficiales: “Róbenle el dinero, no lo maten”. Pero a las 6:00 a. m. Carlos desapareció.

Ese mismo día murió en la Panamericana a manos de las FAES, Adrián Mendoza, de 19 años. También trabajaba en el Mercado de Coche pero como barbero. Su papá cuenta que lo abatieron en su hogar a las 5:30 a. m. Allí vivía junto con su pareja, quien tenía para ese entonces 9 meses de embarazo.

“A la mujer la sacaron de la casa y a él se lo llevaron a la parte de atrás. Los tipos le pidieron que les buscara una camisa para encapucharlo. Seguidamente, se escucharon las detonaciones”, narra el papá. Igualmente, reiteró que él no pertenecía a ningún grupo antisocial. “Los matan porque esa es la orden del Gobierno. Más nada”, dice el papá de Beomont.

Los familiares contaron que los efectivos incendiaron una casa en esta carretera, específicamente en el sector El Esfuerzo, alegando que funcionaba como centro de operaciones de Niño Malo.

“El dueño de esa casa estaba en Colombia. Es un señor mayor. Nos dijo que se la cuidáramos pero los policías llegaron y le echaron fuego. Ahí no había nadie. Ese señor tiene años viviendo solo”, cuenta Sandra Beomont.

De acuerdo con las autoridades del Cicpc, el líder de Niño Malo, Ángel Rafael Pérez, de 24 años, murió el 29 de octubre de 2018 durante un enfrentamiento. Su pareja fue detenida junto con dos menores de edad. En el reciente operativo en la Panamericana se contabilizaron, al menos, ocho detenidos.

“A mi hermano también lo querían matar. Estaba caminando cuando los policías lo agarraron y lo intentaron encapuchar con su propia camisa pero la gente impidió que se lo llevaran. No tuvimos la misma suerte con Carlos. Nadie vio cuando lo agarraron”, dijo Medina.