El informe refleja que no se hace recolección continua de los desechos sólidos, que se acaba con la flora y la fauna (incluso de los zoológicos) y que no paran los derrames petroleros. Además, señala, que en 2018 hubo de nuevo cambio del ministro del área, cuyo lapso de gestión está apuntando a un promedio de un año.

Caracas. El limitado acceso al agua potable, que padeció prácticamente toda la nación, encabeza la lista de los derechos a un ambiente sano pisoteados por el gobierno de Nicolás Maduro, según se refleja en el informe anual número 30 de la organización no gubernamental Provea, correspondiente a enero y diciembre de 2018.

La falta de agua se sumó a otras graves privaciones como la falta de alimentos y medicinas, las fallas eléctricas y el déficit en el transporte, “lo que degradó aún más la calidad de vida de los habitantes de una nación golpeada intensamente por políticas económicas erróneas derivadas en hiperinflación, pobreza, hambre y desnutrición”, se lee en el texto presentado durante la primera quincena de octubre.

Durante 2018 se produjo un alto número de protestas sociales: 12.715 registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 3.716 de ellas vinculadas al deterioro en los servicios básicos y específicamente 1.138 reclamando el agua.

La tierra pisoteada

Provea cita el trabajo “Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, Derecho al Agua”, publicado por Prodavinci, en el que se destaca que 82 % de la población, equivalente a 28.621.000 personas, no reciben agua de manera continua y lo que les llega es de dudosa calidad o no es potable.

La falta de agua eleva la crisis y daña la rutina de las personas. Las adolescentes con la menstruación no van a clases cuando en sus colegios no llega el servicio, hay familias enteras que se paran a las 2:00 a. m. cuando escuchan el aire salir de los grifos. Otros cargan pimpinas, unos pasan días sin bañarse.

Sin agua no hay vida, no hay ambiente sano. Pero no solo es flagrante la violación de este derecho. Provea en su informe refleja que no se hace recolección continua de los desechos sólidos, que se acaba con la flora y la fauna (incluso de los zoológicos) y que no paran los derrames petroleros.

Además, señala, que en 2018 hubo de nuevo cambio del ministro, cuyo lapso de gestión está apuntando a un promedio de un año. “En esta oportunidad vino con una nueva modificación del nombre del ente más una reorganización; es así como desde junio se denomina Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec).

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Asimismo, se le desprende parte de su competencia para asignársela al Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas (Minaguas). No obstante, a raíz de los cambios, el balance no fue favorable al ambiente, tal como se refleja en las denuncias publicadas en los portales y medios de comunicación.

Dice igualmente que la desinformación como política de Estado se manifestó claramente en este periodo en materia del derecho al ambiente sano, al no publicarse la Memoria y Cuenta 2018 de los ministerios referidos.

“Con tal accionar impidieron a la ciudadanía el acceso a la data oficial, contraviniendo el ordenamiento jurídico nacional y principios que hoy tienen mayor vigencia y respaldo internacional a propósito del Acuerdo de Escazú, compromiso regional promovido este año por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales, que fortalece la democracia y promueve el crecimiento con igualdad y sostenibilidad. Este acuerdo lamentablemente no lo ha firmado aún el Estado venezolano”, en detrimento de un ambiente sano.

Provea va más allá del agua, de la basura y los derrames. De acuerdo con información surgida de estudios realizados por la organización no gubernamental venezolana Provita, dada a conocer en el contexto del Congreso para la Biología de la Conservación de Latinoamérica y el Caribe que tuvo lugar en Trinidad y Tobago en julio de 2018, al sur del río Orinoco la deforestación se incrementó exponencialmente en el periodo 2000-2015, en gran medida por la intensificación de las actividades humanas al norte del estado Bolívar, focos de minería de oro, diamantes, hierro y coltán, entre otros metales y minerales.

En ese caso particular, Provita calculó la tasa de deforestación en la región de Guayana (estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro) para cada quinquenio del período 2000-2015, mediante la interpretación de imágenes de satélite Landsat, siguiendo el protocolo establecido por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg), y los resultados indican que durante los 15 años evaluados se perdieron en total 5.265 km2 de bosque guayanés o la Amazonia venezolana.

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Esta pérdida de cobertura boscosa no ocurrió de manera uniforme a lo largo del tiempo, sino que fue incrementándose de forma drástica cada quinquenio. Entre 2000 y 2005 la deforestación fue de 17 % (898 km2), entre 2006 y 2010 fue de 29,4 % (1.546 km2), mientras que en el último quinquenio se registró el 53,6 % (2.821 km2) restante de la pérdida medida de cobertura boscosa.

“Con esas cifras Venezuela se convierte en el único país amazónico que presentó una tasa de deforestación de crecimiento exponencial en ese período de 15 años. Y en esto ha influido fuertemente la activa minería informal que hay en la región, la cual se ha expandido desde 2016 con el aval del megaplan Arco Minero del Orinoco”, se reseña en el informe.

Por otro lado, en materia de incendios, concluye Provea no se publicaron cifras del balance de incendios de vegetación de la temporada seca 2017-2018. Los reportes publicados fueron parciales y obtenidos de los medios de comunicación.

Por ejemplo, para el 12 de marzo de 2018 se había registrado 130 incendios forestales en el país, cuatro días después aumentaron a 140. De los diez nuevos casos dados en la segunda semana de marzo, seis ocurrieron en parques nacionales y cuatro en otras áreas.

Otra piedra para un ambiente sano es que en 2018 se redujeron las actividades de reciclaje y recuperación de materiales reciclables en Venezuela “a causa principalmente del rol ejercido por el Estado, que cercenó las posibilidades de hacerlo de manera privada y tampoco lo ejecuta de manera directa. El Ejecutivo nacional puso en práctica una controversial norma relativa a la materia, mediante la cual se reserva la compra de residuos sólidos de aluminio, cobre, bronce, hierro, acero, níquel u otro tipo de metal o chatarra ferrosa en cualquier condición, así como residuos sólidos no metálicos, fibra óptica y fibra secundaria producto del reciclaje del papel y cartón”.

Con ese decreto declaran dichos materiales como “de carácter estratégico y vital para el desarrollo sostenido de la industria nacional”, estableciendo que solo las empresas del Estado podrán exportar esos residuos, chatarras y materiales.

La ejecución de esa normativa, de acuerdo con los investigadores, ha generado un impacto en la industria recicladora del país, ya que se le quita buena parte del ejercicio económico que consiste en la compra y venta de materiales reciclables.

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Con respecto a lo analizado por Provea, relativo a la tierra en 2014, 2015 y 2016, poco ha cambiado el diagnóstico en materia de deforestación en vista de que no hay datos nuevos ni oficiales de las ONG o de las universidades. En el informe de 2017 los investigadores exponían que no se sabía con precisión cuánto han variado o no las cifras de pérdida de vegetación considerándose la variable de las fronteras agrícolas en la realidad actual venezolana, en la que ha disminuido la producción de un importante número de rubros y se depende en muchos de ellos de las importaciones.

Peticiones para resguardar un ambiente sano

  • Que el Estado venezolano asuma, firme y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe conocido como convenio de Escazú.
  • Restituir el Ministerio de Ambiente de manera que el Estado venezolano pueda cumplir y ejercer todas las competencias establecidas en el ordenamiento jurídico, y logre canalizar institucionalmente procesos de mitigación y ajuste ambiental de manera de contrarrestar los daños que ocasionan políticas y actividades concebidas sin criterios de sostenibilidad o sin los debidos controles, máxime el Arco Minero del Orinoco.
  • Al restituirse el Ministerio de Ambiente se deberá hacer un exhaustivo estudio que establezca soluciones y plan de acción, elaborado con participación de universidades, el Colegio de Ingenieros e instancias vecinales, relativo a la problemática del servicio de agua potable en Venezuela que especifique qué está pasando con las empresas hidrológicas estatales; con el mantenimiento de los embalses, los equipos, tuberías, bombas; con los recursos presupuestarios, pago de personal; las relaciones con los usuarios y alcaldías; y la gestión en las cuencas aportantes de agua.
  • Llevar a cabo desde los ministerios con competencia ambiental y Agricultura y Tierras, en concordancia con las gobernaciones, programas sistemáticos de desarrollo sostenible como alternativa a la minería en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro basados en la protección de los bosques y en desarrollar agroforestería con productos no maderables de alcance nacional e internacional.
  • Reactivar la función por parte del ministerio con competencia en materia ambiental de producir mensualmente estadística ambiental, precisando la evolución de los indicadores ambientales, y sus resultados anuales sean publicados en la Memoria del ente.

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