Las consecuencias de la promoción de asentamientos ilegales hoy se ven reflejadas en comunidades que carecen de servicios públicos y carreteras. Quienes se arriesgaron a construir su vivienda en terrenos públicos, que incluso carecen de inspección, intensifican su clamor a las autoridades para que atiendan problemas que datan de hace más de 17 años.
Maturín. “Donde haya un terreno plano hay que intervenirlo para construir viviendas”, dijo el fallecido presidente Hugo Chávez desde Fuerte Tiuna en 2010, para continuar enarbolando su bandera de expropiaciones e invasiones bajo la premisa de igualdad para todos y como una forma de resolver la falta de planes de política habitacional.
En ese mismo año, pero seis meses después, Chávez regresó de una gira por Asia y Europa, y firmó convenios para construir 10.000 viviendas con Rusia, 5000 con Bielorrusia, 10.000 con Irán y 12.000 con Portugal. Pese a su ambicioso plan, la aspiración de tener una vivienda propia para quienes no la poseían, se desdibujaba por el limitado alcance para lograr este objetivo.
Sin embargo, la ola de invasiones comenzó en Maturín cinco años antes, en 2005. Durante la gestión del exalcalde Numa Rojas se promovieron los asentamientos ilegales en terrenos públicos y de ahí nacieron sectores como: Santa Inés, Rosa Inés, La Orquídea, Valenzuela y El Soberano, entre otros.
Han pasado 17 años, y las carencias de estos sectores los ubican como zonas vulnerables, incluso para los mismos gobernantes. Problemas que deberían haber sido resueltos a estas alturas continúan como el clamor principal de sus habitantes.
En pleno siglo XXI, los sectores antes mencionados carecen de asfaltado, algunos han tenido suerte de que las autoridades de turno les asfaltaran la calle principal como parte de sus promesas preelectorales.
En cuanto a los servicios públicos en los sectores que iniciaron como invasiones, y que hoy aún no han sido considerados como urbanismos por falta de elementos básicos como: calles asfaltadas, brocales, sistema de drenaje y cloacas, las quejas son mayores en comparación con otras zonas de la ciudad.
Carlos Millán Simons, arquitecto y profesor, explicó que Maturín no contaba con un plan de desarrollo urbano y local, el cual permite determinar a través de estadísticas qué zonas podían ser residenciales, comerciales y en qué distribución serían ubicados los hospitales.
El especialista sostiene que dentro del ordenamiento urbano, la arquitectura y la ingeniería, existen normas y leyes, las cuales no fueron tomadas en cuenta en su momento para el desarrollo urbano de la ciudad.
A través de este plan se delimita algo llamado poligonal urbana que es una línea imaginaria que nos dice a nosotros cual es la delimitación de la ciudad. Esa poligonal es una exigencia para el alcalde preservar y garantizar los servicios públicos dentro de la misma. Por ejemplo, La Invasión de la Puente es parte de esa poligonal, entonces el gobernante está obligado a darle servicios básicos, de salud y vialidad”, comentó el arquitecto.
Millán Simons precisa que en Monagas hay asentamientos improvisados muy antiguos incluso en zonas de riesgo como es el caso de La Voz del Rio en el Bajo Guarapiche. Este es un sector que se formó como consecuencia de las invasiones, y está cerca del río Guarapiche lo que pone en riesgo a sus habitantes en caso de una crecida del afluente.
Sin control
De acuerdo con los datos aportados por el experto, la ciudad de Maturín posee 88 % de asentamientos ilegales, y además a esto se suma la sobrepoblación en las viviendas en las que habitan hasta tres familias.
Cuando yo no tengo un orden hay una alteración. En el caso del Bajo Guarapiche, que es una de las invasiones más antiguas y que ya se ha convertido en una comunidad consolidada, no dejan de estar en riesgo. Hace aproximadamente siete años hubo una crecida del río y las personas perdieron sus cosas. Nosotros, los profesionales, sabemos que es ilegal y debemos hacer presión para evitar las invasiones”, acotó Millán.
En cuanto a las invasiones que fueron levantadas cerca de caños y morichales, el arquitecto asegura que esto viola las leyes ambientales, en las que se deja claro que se deben respetar hasta 300 metros después del último morichal verde.
Donde hay morichales está pasando una vena de agua y si yo urbanizo ese espacio de aquí a 20 años comenzaremos a ver las consecuencias porque se comenzarán a agrietar las infraestructuras de las casas: al estar tan cerca de esta vegetación se reduce el porcentaje de absorción de agua. Entendemos que las personas tienen necesidades, pero debe ser el Estado quien garantice planes especiales para la consolidación de barrios”, puntualizó.
“La gente improvisa”
Cristofer Correia, profesor de Gerencia Publica en la Universidad Católica Andrés Bello y autor del libro Regeneración urbana inclusiva publicado en 2021, sostiene que ante la falta de opciones, los ciudadanos improvisan asentamientos en la búsqueda de una vivienda digna que los planes gubernamentales no contemplan dentro de su accionar.
Correia precisa que la vivienda se considera universalmente como un derecho humano y es el Estado el responsable de respetar, proteger y garantizar a los ciudadanos.
“Cuando se dan estos asentamientos informales, improvisados o autoproducidos, tiene que ver con una necesidad de viviendas y el Estado no ha hecho políticas publicas efectivas para que la gente tenga una condición de vivienda digna. La gente improvisa un asentamiento porque no tienen otra opción para vivir”, agregó el profesor.
Correia enfatiza que muchas de las barriadas que iniciaron como invasiones, hoy son espacios consolidados y hay que incluirlos dentro de los programas de planificación urbana en la ciudad.
La mayoría de las invasiones se dan en terrenos públicos y esto hay que legalizarlo y garantizar que cumplan con la condición de seguridad. Es responsabilidad del Estado generar incentivos necesarios para que haya un mercado de viviendas accesibles para la gente, además de igualar el nivel de servicios de estos espacios con el resto de la ciudad”, destacó.
Invasiones sin aspectos positivos
Ildemar Delgado, concejal de Maturín, asegura que las invasiones en la ciudad no han dejado nada positivo, por el contrario, su impacto se ve reflejado en comunidades que hoy carecen de servicios públicos básicos y padecen incluso en mayor medida, al compararlos con urbanismos o sectores que nacieron de planes de autoconstrucción o créditos otorgados por los bancos hace más de 25 años.
Todas esas invasiones no trajeron nada positivo y hoy esas comunidades siguen existiendo y carecen de todo tipo de servicios. Santa Inés fue una barriada que creció a través de una invasión”, dijo el edil.
Delgado agregó que aunque se promovieron las invasiones como parte de la política populista, propia del chavismo, no se crearon planes en paralelo para dignificar a los ciudadanos y convertir esa invasión en una comunidad consolidada.
“Con el socialismo comenzaron a incentivar las invasiones como vía para darle a la gente un beneficio o reivindicación social que era una vivienda, lo que fue una gran mentira porque detrás de eso no habían planes de gobierno que le permitiera a esa invasión convertirse en una comunidad consolidada con servicios, carreteras, ambulatorios y escuelas”, expuso.
Misión Vivienda fracasó
El programa Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) fue uno de los emblemas del gobierno de Hugo Chávez. La iniciativa de este plan era buscar la garantía del derecho a una vivienda digna y para el año 2011 (año de su creación) se estimaba un presupuesto de 67.000 millones de dólares.
Esta propuesta, en principio, priorizó a las personas que habían quedado damnificadas como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en Venezuela entre 2010-2011.
Correia precisó que este plan es una política fracasada del siglo XX, que no ha funcionado en Venezuela a pesar de que se ha anunciado oficialmente la construcción de más tres millones de viviendas.
“GMMV es una política del siglo XX, es una política fracasada. Ya eso no existe. Solo dos países han logrado llevar a cabo estos planes y son Singapur y Hong Kong que son países multimillonarios”, subrayó.
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