CIDH amplía cautelares para la defensora Katherine Martínez, por considerar que se encuentra en riesgo 

amplía medidas cautelares

La directora de Prepara Familiar va a cumplir, dentro de dos días, 12 años de haber llegado como voluntaria al J. M. de los Ríos. Se convirtió en el brazo amigo de pacientes y madres cuidadoras, al proveer –con la ayuda de donantes– insumos y recursos para exámenes y tratamientos. En febrero de 2019 le prohibieron la entrada al hospital. Su trabajo ha sido amenazado.

Caracas. Por considerar que se encuentra en situación de riesgo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, amplía medidas cautelares de protección a la abogada Katherine Martínez, directora de Prepara Familia.

Martínez desde 2008 trabaja a favor de los derechos económicos, sociales y culturales de los niños, niñas y adolescentes y sus madres cuidadoras del J. M. de los Ríos.

Llegó a ese centro en la Navidad de 2007 con su grupo de base de una iglesia católica, y decidió comprometerse y quedarse en el hospital, para ver cómo apoyaban. Para ese momento, dijo, “ya se veía una situación complicada”.

“Pasamos de conseguir sofá camas para las madres cuidadoras que dormían en muy malas condiciones, a desarrollar programas de formación en derechos humanos, de prevención de violencia. Dimos formación dentro del hospital, celebramos todos los cumpleaños de los niños, las fiestas tradiciones y, además, contamos con estudiantes de labor social de varios colegios privados de la zona, quienes eran voluntarios de los viernes de artes”, relató.

Todo eso llenó la agenda de Prepara Familia hasta 2014. En 2015, inicia la emergencia con la falta de insumos, y Martínez se voltea a la tarea de buscar más donantes para apoyar a los enfermos por los que el Estado no veía.

Derechos perseguidos

En 2016 se unió a la petición de Acción Solidaria y Codevida para alzar la voz y denunciar una emergencia humanitaria en puertas: “Y a pesar de todas las críticas que hacíamos, no recibimos amenazas. 2017 lo comenzamos con el brote de infecciones en la Unidad de Diálisis del Servicio de Nefrología y eso nos afectó mucho, empezaron a morir los niños que conocíamos, a los que les celebrábamos los cumpleaños”.

Entonces iniciaron un camino para exigir justicia y acudieron con las madres a instancias como el Ministerio Público para poner las denuncias, y no obtuvieron respuestas.

Fue cuando hicieron alianza con Cecodap y acudieron ante la CIDH. En diciembre de 2017 solicitaron medidas cautelares para ese servicio y fueron aprobadas el 21 de febrero de 2018.

“Ya en junio de 2017, cuando regresamos de la primera audiencia, éramos amenazados; personas de seguridad nos perseguían por todo el hospital. En 2018 pasó lo mismo, pero nosotros no nos íbamos a dejar amedrentar porque realmente lo importante era defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las madres cuidadores”, añadió.

En 2018 Prepara Familia siguió presentando informes a la CIDH, y en octubre de ese año solicitaron la aplicación de las medidas a 13 servicios más: “Y así llegamos a 2019 con todo todo tipo de persecuciones, pero no importaba porque lo que realmente nos movía era que los pacientes pudieran acceder al derecho a la salud y a la alimentación”.

En febrero de 2019, cuando se cumplió un año de las medidas, se acrecentó el amedrentamiento: de una manera determinante la dirección del hospital le prohibió la entrada, incluso con una orden del Ministerio de Salud.

“Pero nosotros teníamos que seguir denunciando. Estaban los niños de Hematología que esperaban por trasplante de médula ósea. Estuvimos en abril de 2019 en una rueda de prensa con las madres denunciando, y esos niños comenzaron a morir en mayo. Ese año también fue complicado, seguía el hostigamiento, las amenazas. Sin embargo, continuamos, pues pensábamos que podíamos tener inconvenientes para que llegara la ayuda o las donaciones”, señaló.

El 21 agosto de 2019 la CIDH amplía medidas cautelares para 13 servicios, “y las amenazas siguieron subiendo de tono”: “En enero de 2020 cuando faltaban pocos días para iniciar nuestras actividades con la entrega de los kits nos invadieron un centro de acopio que teníamos en La Campiña. Eso fue el 12 de enero, y el 14, a pesar del retiro de los ocupantes, regresaron con la policía sin orden judicial, nos sacaron las cajas y amenazaron a las voluntarias. Al final terminamos con dolor cerrando el centro”.

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Luego de eso siguieron entregando los kits en las afueras del hospital, porque –destacó Martínez– esto es un proyecto de fe, de vida.

En marzo de este año Acción Solidaria y Cepaz invitaron a Martínez a llevar la queja ante la CIDH, y solicitar la ampliación de las medidas, lo que ocurrió el pasado 6, cuando el organismo emitió la resolución 42/2020, mediante la cual amplía las medidas cautelares, por considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Y esto por su trabajo como defensora de los niños, niñas y adolescentes y sus madres cuidadoras del J. M. de los Ríos. 

En la resolución se señala que Martínez ha cumplido un papel vital en la documentación y registro de la situación crítica en la que se encuentra el principal hospital infantil del país, así como en el logro de las ayudas humanitarias para pacientes y las familias que acuden a ese centro.

Beatriz Borges, directora de Cepaz, quien conjuntamente con Natasha Saturno, abogada de Acción Solidaria; Lexys Rondón, de Laboratorio de Paz y Civilis, y Rafael Uzcátegui, de Provea, como defensores celebraron, en una rueda de prensa virtual, la decisión del sistema de justicia internacional que amplía medidas cautelares.

“Las autoridades han demostrado sistemáticamente la poca disponibilidad para cumplir las medidas emanadas de las autoridades de la justicia internacional, pero esta ampliación cumple una labor fundamental, pues es el establecimiento de la necesidad de protección a su labor y de la garantía de Katherine a defender el derecho a su vida, a su trabajo en un ambiente de persecución. En este sentido esperemos que se cumpla y que pueda desenvolverse libre de represalias y de persecuciones”, señaló Borges.

Por los momentos, aunque las medidas son de carácter público y el Estado ya está enterado, la directora de Preprara Familia no ha recibido respuestas de parte de la dirección del hospital, relacionadas con la decisión que amplía las medidas cautelares.

Ya van 17 meses desde que esta organización no gubernamental no ha podido ingresar al recinto. Sin embargo, continúa dando apoyo a los pacientes, incluso gestionando traslados para movilizar a los niños del interior del país que requieren tratamiento con urgencia, y desde  la acera de enfrente cantan y hacen presencia para que, los que puedan ver desde las ventanas, tengan momentos gratos en medio de la pandemia. 

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