Recomiendan defender los espacios democráticos que aún quedan en el país si se desea lograr cambios significativos.
Caracas. La intervención por parte de Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en la Cruz Roja continúa como tema de discusión. El Observatorio Social Humanitario llevó a cabo un conversatorio este viernes, 1° de septiembre, para abordar el asunto con expertos en materia de derechos humanos.
Lexys Rendón, coordinadora de Laboratorio de Paz, manifestó que teme que se pierda la autonomía de las organizaciones de la sociedad civil en el país. En ese sentido, recomendó denunciar las violaciones que comete el Gobierno contra la Constitución y los tratados internacionales.
“Nuestro trabajo es continuar defendiendo los pocos espacios democráticos que nos quedan. Cabe destacar que en Venezuela se han presentado otras intervenciones, las cuales fueron más agresivas. Entre ellas, las expropiaciones de hectáreas y empresas, en el ámbito económico. En lo político, a partidos como Voluntad Popular y Acción Democrática, por ejemplo”.
Rendón aseveró que estas medidas buscan silenciar y minimizar a toda organización y persona que sea crítica al chavismo, por lo que cree que este tipo de acciones van a continuar, si se tienen en cuenta los próximos comicios.
“Lo que va a suceder es que cada vez será más fuertes las amenazas, además de implementar ciertas normativas con la posibilidad de controlar a las asociaciones, seguir con el cierre de medios, e instaurar una persecución a periodistas y activistas”, añadió Rendón.
Derechos humanos en juego
Mario D’ Andrea, codirector de Civilis, aseveró que la libertad de expresión y de asociación están en juego. A su juicio, intervenir las organizaciones de la sociedad civil tiene un carácter muy grave a toda violación de derechos humanos.
Aseguró que la intervención a la Cruz Roja venezolana se realizó sin el debido proceso y destacó que quienes integran la junta interventora no cuentan con ninguna experiencia en el campo humanitario.
Una intervención viola el debido proceso y el Estado de Derecho. Es evidente que el Estado no quiere una oposición desde lo político y lo civil, por lo que no respeta a las organizaciones no gubernamentales”.
Teme que esto puede ser considerado como un precedente que amenaza al resto de organizaciones civiles del país.
“El hecho de que exista la sentencia, pueden hacer un refrito de que hay una acusación contra otras organizaciones y las van a intervenir sobre la base de una investigación que nunca se hizo, y pueden nombrar una junta interventora. (…) esto es replicable en la organización que les incomode”, opinó D’ Andrea.
Dijo que en estos contextos hay que apoyarse en los mecanismos internacionales, en los relatores especiales para que se sigan pronunciando y mantener la presión diplomática lo más que se pueda.
Entre los casos más recientes se encuentran la judicialización de seis sindicalistas que fueron acusados por delitos de conspiración y asociación para delinquir y condenados a 16 años de prisión; el despido del periodista Seir Contreras de Globovisión tras haber cuestionado a un diputado oficialista; y el constante hostigamiento que han recibido los candidatos opositores a la elección primaria y las inhabilitaciones sin sentencias firmes.
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