Los “protectores” de Anzoátegui y Nueva Esparta, Luis José Marcano y Dante Rivas, respectivamente, aspiran a ser gobernadores de la mano del PSUV, pero su gestión ha sido opaca y en esta campaña electoral no tienen obras que exhibir.
Caracas. La institucionalidad paralela se ha enquistado en el país. Una de sus expresiones son los “protectores” de estados designados a dedo por Nicolás Maduro y que han servido para socavar las bases de la legalidad en gobernaciones y alcaldías que han estado o están en poder de la oposición.
Politólogos, académicos y dirigentes políticos hacen un examen sobre la gestión de esta estructura que carece de asidero constitucional.
Luis José Marcano (Anzoátegui); Jehyson Guzmán (Mérida); Dante Rivas (Nueva Esparta) y Freddy Bernal (Táchira) son quienes ahora detentan el cargo como “protectores”, figura que se creó hace ocho años cuando Henrique Capriles Radonski fue reelecto gobernador de Miranda y Elías Jaua fue nombrado “protector” por Nicolás Maduro.
Pero hay un primer tiempo y así lo describe Capriles Radonski. En 2008, cuando se estrena como gobernador de Miranda, empezó a sufrir los embates de la reversión de las competencias de los estados.
“Vino todo el tema de reversión de competencias. Dos tiempos distintos: la reversión de competencia fue entre 2008 y 2009. Nos quitaron los hospitales, prácticamente todo el sistema de salud. Empecé a transferir los ambulatorios a los consejos comunales, los hospitales los tomaron casi que por la fuerza. Empezaron a revertir porque habían perdido Miranda a final de 2008”.
Diosdado Cabello, el gran perdedor en esa contienda, fue nombrado ministro de Infraestructura y en sus manos quedó la administración de las autopistas del país, competencia que le arrebataron a los mandatarios regionales.
Capriles rememora y señala: “La respuesta ante la derrota de Jaua fue crear Corpomiranda, con oficinas y presupuesto, a principios de 2013. No era simplemente crear un ‘protector’ para hacer ruido político sino originar toda una estructura y darle presupuesto. El único fin que tenía era marcarme a mí como gobernador y crear una gobernación paralela sin empleados”.
Destacó que no tenía nóminas, hospitales o escuelas. “Lo que tenía era una caja muy grande como gobernación paralela sin los pasivos para competir contra nosotros. Tenían asfaltado y cuadrillas para desplegarlas en las vías”.
A Corpormiranda se le asignó “100 millones de bolívares para atender las necesidades y problemas de la entidad”, según informó Maduro en esa época.
El dirigente de Primero Justicia afirmó: “Era como marcarte políticamente. Al derrotado le daban como un premio de consolación para marcarte políticamente y con muchos recursos económicos. Manejaban mucha plata, eso fue un desastre completo”.
Hay una pregunta que subyace en el ambiente: los actuales cuatro “protectores”, de coronar sus aspiraciones de ser mandatarios regionales estado, ¿serán una especie de Caballo de Troya que abrirá sin resistencia las puertas para la eliminación de las gobernaciones y las alcaldías a través de la Ley de las Ciudades Comunales?
La respuesta de Capriles es insistir en su tesis: El voto. “Es la mejor forma de hacerle frente al Estado comunal. Es peleando los espacios. En la medida que tengamos más gobernadores, más alcaldes, más concejales, más diputados, todas las tropelías, todas las barbaridades que quieran hacer encontrarán obstáculos y tropiezos”.
El vacío de poder y lo inaceptable en democracia
Carlota Salazar Calderón, abogada anzoatiguense y especialista en participación ciudadana con doctorado en Gobierno y Administración Pública, afirma que en Venezuela la diatriba política y el desconocimiento de las instituciones han producido muchas distorsiones y una doble institucionalidad.
“El ‘protector’ es una figura política como las UBCh en las comunidades. La utiliza el presidente Maduro para las gobernaciones donde ganó la oposición, con lo cual crea una dualidad y un vacío de autoridad”.
Pero su critica a esta figura no está exenta de interrogantes sobre la pertinencia de las quejas del mandatario de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, sobre el “protectorado” en la entidad.
Ahora Barreto dice que tiene tres años sin recibir recursos. ¿Cómo paga nómina?, ¿eso es totalmente cierto? o ¿es una media verdad?, ¿recibe los recursos, pero no suficiente como para limpiar el canal de alivio del río Neverí? Entonces hay que ver la otra cara: Venezuela tiene representación diplomática en otros países, un Tribunal Supremo de Justicia y una Fiscalía en el exilio, la presidencia interina maneja empresas del Estado y administra esos recursos, sin control de nadie. Hasta hace poco existían dos Asambleas Nacionales. Es una superposición y dualidad de autoridad inaceptable en democracia”.
Esa realidad bizarra de la nación, la hace reclamar a la dirigencia política entender que las instituciones permanecen y “que están por encima de las personas” y que será en ese momento cuando habrá gobernabilidad. “Porque sólo una institucionalidad fuerte tiene capacidad de dar respuesta, de planificar, de proyectar, de asistir coordinadamente en ahorro de recursos”.
El “protector” de Anzoátegui y diputado, Luis José Marcano, aspira de la mano del PSUV cambiar de título y pasar a ser gobernador. Sobre su gestión, Salazar Calderón afirma que se ha manejado a través de Corpoanzoátegui, empresa que siempre ha existido, como fue Corporiente.
Afirma que esa empresa en la entidad en definitiva no ha solventado los problemas, porque no los puede resolver. Ha intervenido en temas importantes como la recuperación de la UDO, reparaciones de tendidos eléctricos, en las estaciones de servicio, atención en la catástrofe de la crecida del río Neverí y a damnificados y en vialidad.
“Los problemas del estado son estructurales y complejos. Requieren de las tres instancias de gobierno trabajando juntos y esa coordinación de acción no se ha hecho, ni aun cuando el alcalde y el gobernador han sido del mismo partido del presidente. Mi llamado de atención es a respetar la institucionalidad del país y trabajar unidos, chavistas y opositores, por los temas que nos afectan a todos”.
Salazar Calderón no ve problema en que un alcalde o diputado aspire a ser gobernador. “Para mí, ese no sería el problema. El tema sería que utilicen el poder para servir a la sociedad. Que son simples servidores públicos y que desde su posición pueden beneficiar o perjudicar a mucha gente. Mucho poder implica mucha responsabilidad, su uso para el bien común hace la diferencia”.
Su posición con la Ley de las Ciudades Comunales se aparta de la visión del conjunto de la oposición. Para ella, hay que adueñarse de esos espacios.
El chavismo se la jugó y sorteó los obstáculos, le duela a quien le duela, a costa de la calidad de vida de todos nosotros. Recuperar esa calidad de vida depende de la madurez de la dirigencia política y de la sociedad. Las ciudades comunales son espacios de la comunidad, de los vecinos organizados, donde no debe entrar ningún partido. Los consejos comunales, comunas y ciudades comunales deben ser democráticos y plurales donde estén todos, donde haya elección, propuestas y discusiones sobre qué hacemos en ese espacio común”.
Es consciente de que en efecto es un esquema que crea una institucionalidad paralela, que no está en la Constitución. Pero le ve utilidad “si se reserva para la articulación comunitaria y todos se unen para que sea autónoma democrática y plural. Podríamos comenzar a ver cambios de fondo hacia lo común, el colectivo, objetivos comunes, lo que es de todos. La sociedad plural en defensa de su calidad de vida, exigiendo, proponiendo, ayudando. No como un apéndice del partido de gobierno, sino autónoma en defensa de ella misma y de sus intereses y necesidades”.
Quitar competencias de nada sirvió
El “protector” no ha traído beneficios a las regiones pues con esa figura se generaron expectativas que no se cumplieron y, por el contrario, crearon frustración. La afirmación pertenece a Ernesto Sánchez Carmona, abogado, magíster en Historia Regional y miembro de número en la Academia de la Historia del estado Nueva Esparta.
“Le quitaron las competencias al gobernador legítimo y de nada sirvió. Se acrecentaron todos los problemas en la prestación de servicios básicos”.
Expuso que el “protector” de Nueva Esparta, Dante Rivas, aspira a ser mandatario regional y pese a que ha tenido mucho poder y controla las policías, los camiones de agua, el sistema de salud, las bolsas Clap, sobre él pesan y son atribuibles a su administración las deficiencias de la luz y el problema de agua, entre otros.
No ha resuelto nada todo más bien lo ha complicado en el estado Nueva Esparta”.
Para Sánchez Carmona, no es una tesis equivocada que los “protectores” estén consustanciados “con las maniobras que se están preparando con la Ley de las Ciudades Comunales y, por supuesto, que ellos van a hacer y aceptar todo lo que cambie porque a fin de cuentas lo que les interesa es seguir en el poder de manera corrupta y arbitraria”.
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