A pesar de que en 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado venezolano por lo que se conoce como la masacre de Vista Hermosa, el caso sigue impune y sin la reparación de daños por las siete víctimas ejecutadas en esta cárcel de Ciudad Bolívar.
Puerto Ordaz. El 10 de noviembre de 2003, se escenificó el suceso carcelario que hoy se conoce como la masacre de Vista Hermosa, en el internado Judicial de Bolívar. En dicha cárcel, ubicada en Ciudad Bolívar, murieron siete personas y más de 20 resultaron heridas.
De ese hecho hubo dos versiones. La primera fue que se trató de un presunto motín contra los funcionarios del Destacamento Nº 81 de la Guardia Nacional. Este relato fue avalado por el director de la Junta Interventora del Ministerio de Interior y Justicia, Alfredo Veloz.
Aseguraron que los militares debieron intervenir porque la sede del destacamento -ubicada en las afueras de Vista Hermosa- fue atacada a tiros por un grupo de internos, mientras se desarrollaba una reunión con Veloz en el interior de la cárcel, reunión en la que el representante ministerial fue tiroteado como represalia a traslados que se tramitaban”, señala el cronista Américo Fernández en sus Crónicas Angostureñas.
Pero en las investigaciones del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) se corroboró una segunda versión, que luego avaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Según esta versión, los reos esperaban el conteo diario, cuando los oficiales entraron y dispararon. Posteriormente, los llevaron al campo de béisbol, los golpearon y entonces se ejecutó la conocida como masacre de Vista Hermosa.
Fue en ese terreno, usado para la práctica deportiva, donde los militares llamaron por nombre y apellido a los siete reclusos que asesinaron. Previamente, esos siete internos habían participado en una huelga de hambre con la que lograron una serie de beneficios.
Las víctimas fueron identificadas como: Orlando Olivares, Héctor Muñoz, José Gregorio Bolívar, Orangel José Figueroa, Richard Núñez Palma, Pedro López Chaurán y Jhoel Reyes Navas. Los cuerpos presentaron disparos, golpes y puñaladas. Olivares, oriundo de Ciudad Bolívar, saldría en libertad a finales de ese mismo noviembre. El resto era de San Félix.
Antecedentes
En el informe del OVP se describen los hechos previos a la masacre de Vista Hermosa. Aquella huelga de hambre por mejoras en las condiciones carcelarias se dio entre el 8 y 29 de octubre de 2003.
En esa ocasión los reclusos solicitaron: “(I) que se respetaran los Derechos Humanos de todos los internos durante las requisas efectuadas por las autoridades, en especial que protegieran su vida e integridad física; (II) que mejorara el trato que era brindado a los familiares durante las visitas; (III) que mejorarán las condiciones de alimentación e higiene en la Cárcel; (IV) que no hubiere represalias en contra de los internos que estaban en huelga y (V) que fuera destituida la Directora del Centro del Centro de Reclusión, Rosario del Valle Campos, y del capitán de la Guardia Nacional, William José Campos Lozada, dadas las amenazas de ambas autoridades en contra de los reclusos”, señala el informe.
Como líderes de la protesta figuraron: Orlando Edgardo Olivares Muñoz “el chileno”, Joel Rinaldi Reyes Nava “el breco”, Héctor Javier Muñoz Valerio “blanquito”, José Gregorio Bolívar Corro “Goyo” y Richard Alexis Núñez.
La protesta finalizó con la expulsión del capitán de la Guardia Nacional, Julián Campos Lozada. Desde entonces, Olivares, conocido como “el chileno”, aseguró que aquel acuerdo fue una sentencia de muerte y así se lo comunicó a su esposa Lorenza.
El 7 de noviembre llegó una comisión mixta para verificar los hechos en torno al conflicto que iniciaron las personas privadas de libertad. Dos días después, llamaron a los familiares para alertar sobre la intervención del penal.
Los hechos
“En la cárcel de Vista Hermosa ese lunes, 10 de noviembre, la práctica sostenida por los uniformados fue sacar a quienes querían ejecutar, esconderlos y desaparecerlos, fue así, como decidieron ubicar a cinco líderes de mínima y observación (dos de las secciones del penal)”, indica el informe.
El documento agrega: “A ese grupo sin casualidad alguna, se le sumaron dos privados de libertad, que se les conocía en el argot popular como “Mata Guardias”, haciendo especial referencia a todo aquel recluso que se ha implicado en la comisión de un delito en contra de un miembro de la Guardia Nacional”.
Según los testigos, a Olivares lo ejecutó el subteniente Salvador Franchi Rincones, en compañía del capitán Julián José Campos Lozada y el subteniente Wilson Hurtado. A Reyes Navas le dispararon en el rostro y la nalga. También lo golpearon con un bate. El subteniente Wilson Hurtado es el señalado de haberlo ejecutado.
José Gregorio Bolívar, apodado “Goyo”, fue el vocero de la protesta. “Le amarraron una correa al cuello como si de un animal se tratase y a través de esta, lo arrastraron hasta la reja, desde donde podía ver a parte de sus compañeros, quienes estarían siendo trasladados a Puente Ayala, para tapar evidencias de toda aquella pesadilla. (…) se sujetó a la reja como pudo (…) Con cada tirón la correa continuaba siendo prensada, en un intento porque Goyo se rindiera, su cuerpo comenzó a ser traspasado con un puñal, hasta que Julio González disparó el primer tiro que lo convertiría en cadáver”.
Además, el informe revela los detalles que ofrecieron testigos sobre los demás asesinatos. Los testimonios dan cuenta de disparos, golpes con bates, peinillas, perdigones y otras torturas perpetradas hasta culminar con la ejecución.
Las investigaciones
“Dentro del penal querían imponer el silencio con amenazas de un traslado y de la posibilidad de desaparecer a los testigos como forma de viciar los testimonios, amenaza que se consumó entre segundos de desespero”, denunció el OVP.
Desde el día después de la masacre de Vista Hermosa, el OVP comenzó sus investigaciones independientes. La Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, también ordenó una investigación de oficio.
Cuatro meses después, las investigaciones encontraron una supuesta vinculación de cuatro funcionarios de la Guardia Nacional. El Fiscal 127° del Área Metropolitana de Caracas, Fernando Pérez; y el Fiscal 1° del Ministerio Público del Primer Circuito Judicial de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, William García, solicitaron al Juez Primero en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de ese estado, que emitiera una orden de aprehensión contra los oficiales.
El 18 de marzo de 2004, el administrador de justicia emitió dicha orden de aprehensión contra los ciudadanos Julián José Campos Lozada, quien fungía como capitán de la Guardia Nacional, los subtenientes Salvador Franchi Rincones y Gustavo Enrique Puerta Martínez, y el Distinguido Pedro Ramón Belisario Muñoz. Estos últimos, también funcionarios adscritos a la Guardia Nacional”, se indicó.
Impunidad
El 28 de marzo de 2004, fue la audiencia de presentación de los acusados. Se les imputó la comisión del delito de homicidio calificado, bajo la circunstancia de alevosía en agravio de los reos. Los fiscales solicitaron una medida de privación preventiva de libertad. Pero el Juez de instancia la denegó el 29 de marzo del mismo año. El órgano jurisdiccional decretó libertad sin restricciones.
El 2 de abril de 2004, los fiscales apelaron esa decisión. La Corte de Apelaciones de Ciudad Bolívar, mediante resolución de fecha 3 de junio de 2004, declaró con lugar la apelación formulada.
De allí derivaron una serie de actuaciones judiciales y retardo procesal para la presentación de los actos conclusivos.
El 30 de noviembre de 2012, finalmente, la Fiscalía formuló la acusación contra los cuatro funcionarios de la Guardia Nacional presuntamente implicados. El delito fue homicidio calificado con alevosía”. La audiencia preliminar, sin embargo, la difirieron seis veces.
En 2014, se dictó el sobreseimiento de la causa en relación con la pretensión de la víctima y sus apoderados judiciales a través de la querella. El OVP quedó excluido como querellante.
En diciembre de 2020, la CorteIDH condenó al Estado venezolano por estas ejecuciones extrajudiciales y por otros 27 heridos, durante el operativo de la Guardia Nacional. El Estado, sin embargo, sigue sin resarcir a los familiares de las víctimas.
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