El gremio, que agrupa a más de 8000 comerciantes que hacen vida en la capital anzoatiguense, introdujo en la sede del organismo recaudador municipal un documento con varias propuestas que tienen como objetivo la suspensión de la medida que, indicaron, llevará a una gran cantidad de negocios a cerrar sus puertas.
Barcelona. Por segunda semana comerciantes de Barcelona, estado Anzoátegui, acudieron a la sede del Servicio Autónomo Bolivariano de Administración Tributaria (Sabat) para consignar un documento en el que manifiestan su rechazo a la ordenanza del alcalde Luis José Marcano que elevó el mínimo tributario.
Representantes del gremio, que agrupa más de 8000 establecimientos en toda la jurisdicción capitalina, indicaron que la semana anterior se reunieron con expertos en materia tributaria y legal para elevar varias propuestas de incentivos fiscales al organismo recaudador para que estudie derogar la legislación que, aseguran, “impacta directamente al pequeño comerciante, que son la mayoría de los negocios en Barcelona”.
En ese documento nosotros plasmamos lo que todos los comerciantes sostienen, que ese aumento es excesivo, desmesurado y exagerado. La gran mayoría no puede cumplir ese gasto, muchos irían al cierre. No es un tema de desobediencia o de no querer pagar. Esto los pone a escoger entre pagar un impuesto o comer. A raíz de esta protesta se ha iniciado una campaña según la cual el comerciante es malo; pues no, el comerciante genera empleo, paga los servicios y prestamos un servicio”, sostuvo Wael Raad, miembro de la Cámara de Comercio de Barcelona.
Los mercaderes podrían estar en una lucha sin tregua contra el alcalde capitalino. Marcano, a través de sus redes sociales, ha indicado que la medida es irreversible e, incluso, sin mostrar cifras, señaló que la recaudación comenzó a mejorar.
Más allá de la diatriba, Raad aseguró que ellos quieren trabajar. Señaló que en administraciones pasadas han logrado trabajar de la mano e incluso presentado proyectos, por ejemplo, para la mejora del bulevar 5 de Julio, cosa que no han tenido con el actual mandatario barcelonés.
Muchos comerciantes están pensando cómo mudarse de Barcelona para seguir con sus negocios. Con mucha responsabilidad, le decimos al alcalde que estas no son las medidas adecuadas. Tenemos que buscar medidas que incluyan al sector privado. Esta medida no nos la consultaron, los comerciantes no van a poder pagarla. Con este alcalde no hay incentivos fiscales. Con la gestión anterior cedimos un terreno para ubicar al comercio informal, trabajamos para colocar cámaras de seguridad, ¿y por qué con este no podemos hacerlo?”, sostuvo.
Informales sin tregua
Luis Saballo dejó su empleo formal para abrir un pequeño negocio de venta de víveres y papelería en la calle Victoria de la capital anzoatiguense. De acuerdo con las especificaciones del Sabat, el negocio de Saballo está divididos en dos rubros, por lo que deberá pegar dos tributos: uno por la venta de víveres, y otro por la papelería. En total, deberá cancelar casi 20 millones de bolívares en impuesto, cifra que afirma que no tiene.
Si en esto no se llega a nada, yo tendré que cerrar mi negocio o ver cómo hago para seguir, porque yo esa cantidad en impuestos no puedo pagar. Prácticamente vamos a trabajar para pagar impuestos. Yo de este negocio mantengo a mi familia, tengo una hija en la universidad. Yo no me niego a pagar, pero que sea lo justo, no esas cantidades exorbitantes”, indicó Saballo.
Afirmó que lo primero que debería hacer la alcaldía antes de “castigarlos” con el alza de impuestos es poner orden en la ciudad. Sostuvo que el comerciante informal hace lo que le da la gana en el bulevar 5 de Julio, además de no contar con servicios públicos óptimos.
La basura nos está comiendo. Mira, si yo que tengo un local propio, cómo harán los pequeños comerciantes que tienen locales alquilados, el mínimo que pagan es de 100 dólares. Eso, aunado a todo lo demás que se paga en el municipio, hace en este momento los negocios inviables. Como a los buhoneros no les hacen nada, me iré con mi fotocopiadora a la calle, pues”, expresó.
El gremio dio un plazo hasta el 15 de este mes a las autoridades tributarias para que busquen una solución que les permita seguir desempeñando su actividad comercial en la capital anzoatiguense.
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