Más de la mitad de las protestas del primer semestre fueron para exigir el derecho a los servicios básicos. En promedio se registraron 14 diarias, para un total de 2505 en seis meses, de las cuales 1014 fueron por electricidad, 980 por agua potable y 511 por gas doméstico.
Caracas. Servicios públicos, beneficios laborales, salud, participación política, alimentación y justicia. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) registró que estos seis derechos fueron exigidos en 4414 protestas durante el primer semestre de 2020. La pandemia no impidió que al menos 25 manifestaciones diarias ocurrieran en el país.
“79 % de las protestas registradas entre enero y junio tenían que ver con la demanda de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (Desca)”, resaltó el OVCS en su informe. La región andina lidera el índice de conflictividad y, por entidad, Táchira ocupa el primer lugar con 488 manifestaciones, seguido por Mérida con 454. En el Distrito Capital hubo 349 protestas, en Miranda 355 y en Anzoátegui 304.
El uso de la fuerza para dispersar las concentraciones se agudizó. El OVCS evidenció que la represión por parte de los funcionarios de seguridad del Estado aumentó con las medidas de cuarentena por la llegada de la pandemia, especialmente por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
En el primer semestre del año hubo 129 detenidos, 62 heridos y dos personas asesinadas en manifestaciones:
- Charlis Antonio Núñez (29) fue asesinado en abril con arma de fuego, en Upata, estado Bolívar, durante una protesta vecinal por alimentos. Por este caso fueron imputados funcionarios de la policía del municipio Piar.
- Rafael Hernández (21) fue asesinado en mayo con arma de fuego, en Mérida, estado Mérida, durante una protesta vecinal en contra de los apagones. Testigos señalaron a civiles armados como responsables.
Derechos más exigidos
-A los servicios básicos: más de la mitad de las protestas del primer semestre fueron para exigir el derecho a los servicios básicos. En promedio se registraron 14 protestas diarias, para un total de 2505 en seis meses, de las cuales 1014 fueron por electricidad, 980 por agua potable y 511 por gas doméstico.
El 13 de marzo se anunciaron los primeros dos casos de COVID-19 en el país. De inmediato, la administración de Nicolás Maduro aprobó el decreto de estado de alarma que comprendía la cuarentena radical y voluntaria en siete entidades. Luego se extendió al resto del país. Los venezolanos se cuestionaban cómo podían prevenir contagiarse del virus en un país en el que no había agua.
Otros motivos para salir a las calles fueron el aumento de las tarifas de Hidrocapital, los cortes eléctricos que seguían siendo muy repetitivos y duraderos en el interior del país, pero en Caracas algunas zonas de los municipios Libertador y Baruta permanecieron más de 72 horas sin el servicio. Igualmente, en otros estados del país reportaban que no llegaba la bombona de gas y tuvieron que cocinar a leña.
-Laboral: los reclamos laborales se ubicaron en el segundo lugar del índice de conflictividad, al representar 21 % del total de las protestas registradas hasta junio. En seis meses, se reportaron 943 protestas, equivalentes a cinco diarias. En las manifestaciones, los trabajadores resaltaron que el incremento salarial aprobado por el mandatario Nicolás Maduro entre enero y mayo es insuficiente.
–A la participación política: se documentaron 648 protestas ciudadanas por derechos políticos, de forma individual o combinada con otros derechos. Fueron más comunes a principio de año. Los opositores al gobierno de Nicolás Maduro exigían el restablecimiento de la democracia, mientras que los afectos a su mandato rechazaron las sanciones aplicadas por organismos internacionales.
-A la alimentación: durante los primeros seis meses del año, al menos dos protestas diarias por alimentos se realizaron en el país, para un total de 373.
-A la Salud: atender la pandemia requiere un sistema de salud estable. Al menos 352 protestas fueron para exigir infraestructura hospitalaria adecuada, materiales e insumos de bioseguridad para atender la COVID-19. Pacientes con otras patologías, como VIH, cáncer e insuficiencia renal, también denunciaron la dificultad para hacerse sus tratamientos y movilizarse durante la cuarentena.
-A la justicia: en 260 manifestaciones exigieron justicia para privados de libertad por motivos políticos y en rechazo a la criminalización e implementación de la represión letal como política de Estado.
El número de saqueos e intentos de saqueos llegó a 65 y ocurrieron en 13 estados del país. Los estados con más casos fueron Zulia (15) y Anzoátegui (12). Los individuos que participaron en estos hechos robaron alimentos, línea blanca, medicinas y otros productos.
Es importante destacar que en abril ocurrieron 32 de los 65 saqueos, con un saldo de numerosos locales, abastos, supermercados y transportes saqueados, más de 90 detenidos y una persona asesinada.
La crisis de la gasolina
En marzo, un poco después de que se decretó la cuarentena radical en el país, comenzó la escasez de combustible. El OVCS documentó 688 protestas en rechazo a las largas colas, extorsiones y denuncias de abuso de poder por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que custodiaba las estaciones de servicio.
La entidad con más manifestaciones por gasolina fue Sucre con 59, seguida por Mérida (56), Miranda (49), Falcón (48), Nueva Esparta (47) y Táchira, con 43 protestas.
En pandemia
El OVCS enumeró los hechos irregulares que sucedieron durante los tres meses de pandemia que se vivieron en el país:
1. Hostigamiento y discriminación hacia pacientes diagnosticados con COVID-19 por parte de vecinos y servidores públicos.
2. Rechazo ciudadano por la instalación de Puntos de Asistencia Social Integral (PASI) en las zonas fronterizas para cumplir con el aislamiento preventivo de venezolanos retornados al país.
3. Criminalización de las personas retornadas, quienes han sido calificadas por altos funcionarios de ser “armas biológicas”.
4. Detenciones, amedrentamientos y amenazas contra periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos que ejercen su derecho de informar y ser informados en medio de la pandemia de la COVID-19.
El OVCS exhortó a que en Venezuela ocurra una transición pacífica que garantice el retorno del orden democrático. La mitad de ese semestre documentado por el observatorio se vivió en pandemia. Los casos de COVID-19 siguen avanzando y ya se registran más de 10.800 contagiados, por lo que piden que sean atendidas de manera urgente todas las necesidades de los venezolanos.
Participa en la conversación