El abogado Joel García explicó que la Constitución establece que la defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso de la investigación.
Caracas. Han pasado 10 días desde que la abogada, profesora y directora de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, fue detenida. Desde ese momento no le permiten acceso a la defensa privada, según Joel García, quien forma parte de sus abogados.
“Desde ese mismo momento comienza una violación porque la defensa es un derecho de la persona, de escoger su defensor, no que el Estado le imponga uno. Le impone uno cuando no cuenta con defensa técnica privada”, alegó García.
San Miguel permaneció nueve días incomunicada desde su aprehensión. El domingo, 18 de febrero, permitieron la visita de su hija a las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de El Helicoide, donde se encuentra recluida la defensora de derechos humanos.
“Pidió que le permitan dejar el estado de indefensión en el que se encuentra y para ello cuenta con un equipo de defensa privada de su confianza”, expresó García, quien explicó que la Constitución establece que la defensa y la asistencia jurídica es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso de la investigación.
Se vencen los lapsos
El abogado García alertó que el martes, 20 de febrero, vence el lapso de tiempo para apelar a la acusación que le fue hecha a San Miguel. El hecho es que sin defensa no puede ejercer el recurso de apelación ni solicitar diligencia de investigación.
“Porque no tiene defensa, no se puede contestar y oponerse a un acusación en ese estado de indefensión”.
La audiencia de presentación de la abogada se celebró el pasado 13 de febrero sin la presencia de sus abogados. Desde ese momento transcurren los cincos días hábiles en los que puede ser ejercido el recurso de apelación y, paralelamente, van 45 días en curso para que la defensa pueda solicitar al Ministerio Público diligencia de investigación que coadyuve a desvirtuar la presunción o imputación fiscal, así contó García.
Sobre la detención
La directora de la ONG Control Ciudadano fue detenida el viernes, 9 de febrero, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.
Dos días después, luego de que distintas organizaciones denunciaran la desaparición forzada de San Miguel, el fiscal general (designado por la extinta ANC), Tarek William Saab, informó que la activista tenía una orden de aprehensión por estar presuntamente vinculada en una trama conspirativa y de intento de magnicidio denominada “brazalete blanco”.
Igualmente fue detenida la hija de San Miguel, Miranda Díaz; Víctor Díaz, Miguel San Miguel y Alberto San Miguel. Estos fueron excarcelados bajo medidas de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y dar declaraciones a los medios, según García.
No obstante, Alejandro José González De Canales Plaza, expareja de San Miguel y coronel retirado, permanecerá detenido. Le imputaron por los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación.
“Espía”
Este lunes, 19 de febrero, Saab acusó a la detenida de tener información sobre los altos mandos militares en el país y compartir información de forma clandestina, en reuniones secretas en Venezuela, a potencias extranjeras. Por lo cual negó su papel como defensora de derechos humanos y la calificó de presunta “espía”.
Añadió que en la casa de San Miguel incautaron elementos de prueba como mapas, laptops, agendas y un documento que hacía mención de la activista como parte de un plan de presunta conspiración.
Tras el allanamiento de la vivienda de San Miguel, el 15 de febrero, el abogado García expresó que los mapas que mantenía la activista servían de apoyo para sus clases como profesora en Institutos de Altos Estudios Militares. Resaltó que los mapas, de zonas de seguridad de Venezuela, son del siglo XX.
Patrones para dejar indefensos
El abogado destacó detenciones como la de Rocío San Miguel y sus familiares se trata de un patrón que busca impedir que el acusado se defienda.
“Este patrón se ha recrudecido porque antes existía pero ahora se ha puesto muchísimo más cerrado, más arbitrario, más irrespetuoso de cualquier derecho, y pareciera que va en vía de recrudecerse más”.
El pasado 15 de febrero, el gobierno de Nicolás Maduro decidió expulsar a 13 funcionarios de la Oficina Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estaban en Venezuela desde 2019, luego de denunciar la desaparición forzada de San Miguel y exigir su inmediata liberación.
Sobre este hecho, Saab expresó que a pesar de “haber sido informados” de que Rocío San Miguel estaba detenida, imputada y recluida en el Sebin, “ellos seguían manteniendo la tesis de que había una desaparición forzada”, por lo tanto el Estado decidió suspender “temporalmente la oficina”.
Resaltó que incurrieron en actividades ajenas a una oficina de derechos humanos, como la solicitud de expedientes vinculados a personas que tenían orden de aprehensión, que habían sido imputadas o alguna condena.
“Para nada tiene que ver con la defensa de los derechos humanos sino que son casos de conspiración y asesinatos”, dijo William Saab.
San Miguel no es la única a la que se le han sido vulnerado sus derechos, también están los casos de los dirigente políticos de Vente Venezuela, Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, quienes ya cumplen casi un mes desaparecidos. Sus familiares ni siquiera tienen información sobre su paradero.
🔵 ¿Qué ha pasado con nuestros tres compañeros del Comando #ConVzla?
🔴 Tras casi un mes de desaparición forzada de nuestros dirigentes Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, continuamos sin saber ¿DÓNDE ESTÁN?
‼️ Le exigimos respuesta a Tarek William Saab:… pic.twitter.com/KvNADL64iM
— Vente Venezuela (@VenteVenezuela) February 18, 2024
El Foro Penal Venezolano documentó 263 presos por razones políticas. 244 de los detenidos son hombres y 19 mujeres.
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