El dirigente sindical Rubén González sufre desde hace días una crisis hipertensiva sin ser trasladado a un centro de salud. Familiares exigen su liberación.
Bolívar. Desde marzo, la familia de Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), no ha podido llevarle alimentos ni medicinas. Esto a raíz de la cuarentena por el COVID-19, que comenzó el 17 de marzo en siete entidades del país y se extendió el 18 de ese mes a toda Venezuela.
Este lunes 13 de abril, familiares de Rubén González recibieron la notificación de una nueva crisis hipertensiva que desde hace varios días sufre el dirigente sindical, preso en un ala militar de la cárcel La Pica, en Monagas.
Ayer nos notificaron que su problema de salud se agravó y que lleva varios días con una crisis hipertensiva. Que no ha podido ser trasladado desde el centro penitenciario a un centro de salud, donde le den las atenciones que necesita. La familia de Rubén González clama justicia y le pide al gobierno del señor Nicolás Maduro que le dé la libertad plena”, manifestó Yarudid González, hija del secretario general de Sintraferrominera.
González lleva más de un año y cuatro meses preso en la cárcel La Pica, en Monagas. Lo imputaron por los delitos de ataque al centinela, ultraje al centinela y ataque a la Fuerza Armada Nacional. Solo quedó absuelto del delito de ultraje al centinela.
Su detención ocurrió el 29 de noviembre cuando regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas. Fue aprehendido en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui. El 30 de noviembre, bajo la justicia militar, recibió privativa de libertad.
Delicado estado de salud
Días antes de que Rubén González cumpliera un año preso, también sufrió una crisis hipertensiva. A pesar de que la defensa solicitó su traslado ante el tribunal, este no dio respuesta oportuna. Inicialmente, al dirigente sindical lo trasladaron a un módulo de salud, donde no pudieron estabilizarlo y su vida corrió peligro.
Esta es la segunda condena que enfrenta González. En 2009 lo detuvieron por liderar una protesta laboral. En marzo de 2011 lo condenaron a siete años, seis meses y 22 días de prisión. Sin embargo, dos días después el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia.
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