En un informe concluyen que el gobierno de Maduro debe asumir su responsabilidad en la crisis de transporte existente, que es consecuencia de la debacle económica que ha puesto fuera del alcance de los transportistas el mantenimiento de las unidades y la evidente pérdida de miles de millones de bolívares en obras y equipamiento de transporte.
Caracas. Ni la eficiencia ni el respeto al usuario se ven en las calles luego de tres años del nacimiento de la primera misión que formalmente lidera Nicolás Maduro, su primer gran programa social como Jefe de Estado: la Misión Transporte.
Así se desprende del reciente informe presentado por la organización Transparencia Venezuela, en el que se recoge parte de la crisis que se vive en el país, y en especial en regiones como Bolívar, donde el pasado 6 de diciembre cuatro personas que, a falta de buses, se trasladaban en un camión volteo —un vehículo destinado al sector construcción— fallecieron en plena carretera.
Cuando Maduro tenía apenas siete meses en el cargo, este programa se convertía en su primera gran “misión”. Asumía así el compromiso de aliviar el trajín diario de los venezolanos a la hora de movilizarse. Desde “refugios para gandolas”, pasando la llamada “fiesta del asfalto”, hasta promesas gruesas como la “constitución de nuevos sistemas de transporte”. Todo a favor de la gente, era el discurso oficial.
Cuatro años después, cita Transparencia Venezuela, la realidad parece no tener frenos. “Buena parte del servicio de transporte público sigue estando en manos de privados, a quienes la crisis económica les hace cuesta arriba adquirir repuestos, lubricantes y cauchos para sus unidades, con lo que ha mermado sustancialmente la flota operativa”.
Tampoco se cumplió la promesa inicial de “revolucionar el transporte público en Venezuela” y “ofrecer al pueblo una opción de movilidad colectiva incluyente, digna, segura, de calidad y a precios justos. Y a juzgar por las quejas de quienes prestan el servicio, mucho menos se percibe que se haya logrado dignificar al transportista, brindándole condiciones laborales justas”.
El informe cita frases de Maduro como: “Vamos a afianzar un verdadero sistema de transporte público en Venezuela, en el que esté suscrito la eficiencia y el respeto al usuario”, de julio de 2017, cuando se entregaron 410 vehículos en la zona militar de Los Próceres, en Caracas, en un acto de la Misión Transporte. De allí 300 unidades eran taxis marca Orinoco y 100 autobuses Yutong, con 31 puestos cada uno.
Destaca el escrito que, en el tercer aniversario de la Misión Transporte, celebrado a inicios de 2017, una nota de prensa oficial destacaba los “logros” del programa: la creación de 60 sistemas de transporte con 2960 autobuses Yutong de última tecnología en 175 ciudades del país, 43 proveedurías de insumos y repuestos en toda Venezuela —lubricantes, baterías, frenos, cauchos y otros consumibles para vehículos “a precios justos y sin especulación”—.
También se habrían impulsado 82 soluciones viales construidas y 16 refugios —uno para transporte de carga y otros 15 para motorizados— así como el financiamiento de 12.409 vehículos, entre autobuses, motos, camiones y taxis, a través de una alianza con la banca pública —entre ellos 1110 buses para cooperativas y asociaciones del transporte público.
“El contraste entre lo que ocurre en las calles y los ‘logros’ de la Misión Transporte, se le agrega la poca transparencia en el manejo de los recursos que se estarían destinando a este programa”.
Pero hay más, de acuerdo con Transparencia, la misión que conduce Maduro no aparece reflejada ni siquiera en el Presupuesto de la Nación de 2017, estimado en su totalidad en 8,48 billones. Tampoco está en los cómputos de gastos e ingresos del país en los años 2014, 2015 y 2016.
Según esta investigación, la Misión Transporte no es un organismo adscrito a un ente con personalidad jurídica establecido en el sector público, sino un proyecto en el cual participan distintos actores, en función de contribuir a la solución de la movilidad en Venezuela.
[irp posts=”77341″ name=”20 ONG se pronuncian sobre crisis de la seguridad vial y transporte público en Venezuela”]Cita que esto tiene efectos negativos sobre la evaluación de resultados y la rendición de cuenta de los recursos públicos manejados por la misión al sobreponerse las funciones y los recursos de los entes miembros.
“Con este tipo de manejo se diluye la responsabilidad y efectividad de las acciones, promoviendo la discreción y corrupción, pues no existe una estructura institucional clara que establezca responsables y procedimientos. Otro elemento que refuerza el carácter opaco de la misión, es que no existen los elementos al alcance de los ciudadanos para verificar o consultar cómo se ejecutan los recursos manejados por la Misión Transporte, dejando la puerta abierta para la discrecionalidad de funcionarios, sin la supervisión adecuada en un organismo con poca fortaleza institucional. Se gestan así las condiciones para procesos de malversación y desvío de los fondos en perjuicio del patrimonio de la nación”.
Transparencia sostiene que gran parte de la información oficial sobre este programa se desprende solo de las declaraciones públicas de los altos funcionarios ligados a su ejecución.
La prensa oficial informa que durante el primer año de gestión de Maduro se crearon 17 sistemas de transporte urbano, conformado por líneas de autobuses, que atenderían a 850.000 pasajeros a diario en 32 ciudades.
Son los sistemas: Bus Barlovento, Bus Vargas, Bus Mara, Trans Costa Oriental, Transguajira, Transfalcón, Bustaguanes, Transaragua, Transbolívar, Transbarca, Bus Guarenas, Transamazonas, Bus Cumaná, Transpuerto, Bus Barinas, Bus Caribia y Bus Los Teques.
En mayo de 2016 Maduro aprobó 4930 millones de bolívares para la expansión de fábrica de autobuses Yutong, inaugurada el 2 de diciembre de 2015 en el estado Yaracuy, como parte del convenio de cooperación China-Venezuela.
En esa misma oportunidad dijo que 13 millones de dólares serían destinados “para la fábrica de autobuses más grande y moderna de América Latina”. También ordenó “crear 20 nuevas rutas en los municipios y estados del país” y entregarles 200 autobuses Yutong.
Pero la fábrica de la que ha hecho alarde el Presidente Maduro fue objeto de denuncias por corrupción en enero de 2017. El diputado a la Asamblea Nacional, Jony Rahal, denunció en pleno debate parlamentario que el Gobierno destinó 2877 millones de bolívar es la ensambladora, pero el establecimiento estaría inoperativo.
También manifestó que hubo irregularidades en la compra de 7016 autobuses Yutong, que costaron a la nación entre los años 2011 y 2015 la cantidad de 1261 millones de dólares y que al menos 3500 unidades estaría abandonadas.
Según el parlamentario, cada unidad tenía un valor real promedio de 87.000 dólares, pero el precio que pagó Fontur por cada una fue de 179 mil 852 dólares, es decir 92 mil 852 dólares de sobreprecio.
“Con lo que se han robado, se pudo haber comprado 10.795 autobuses más, o 5 millones de cauchos, o 20 millones de baterías, y en pasaje estudiantil, se pudo haber subsidiado 219 millones de estudiantes”, dijo en esa ocasión el diputado.
En mayo de 2017, el vicepresidente Tareck El Aissami anunció la aprobación de recursos para atender los retrasos en el pago del subsidio estudiantil a los transportistas, situación que genera muchos roces entre choferes y estudiantes. 7,9 millones de dólares serían destinados a la adquisición de dispositivos de cobro inteligente del pasaje estudiantil y otros 14.000 millones de bolívares para el pago de la deuda con los transportistas por este mismo concepto correspondiente a ese mes.
Pero el monto global de lo invertido en dar “un mejor servicio” de transporte a los venezolanos es una cifra negra desde la creación de este programa social en 2013.
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En noviembre de 2016, Transparencia Venezuela denunció junto con la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN) irregularidades financieras, opacidad e imprecisión de la información en 12 obras de vialidad y transporte inconclusas, cinco de ellas asignadas a la cuestionada empresa Odebrecht y bajo la responsabilidad del Ministerio para Transporte y Obras Públicas.
Se logró constatar el incremento de los recursos asignados a obras aún sin concluir, por la reprogramación de las fechas de culminación, que tenían variaciones de hasta un 3000 %. Lo que representa construir tres veces cada obra, con un desembolso adicional en perjuicio de la nación por el orden de los 222.000 millones de bolívares.
Entre las obras investigadas están siete líneas de Metro (Línea 5 Metro de Caracas, Línea 2 Metro de Valencia, Línea 2 Metro de Los Teques, Rehabilitación Línea 1 Metro de Caracas, Metro Cable Mariche, Metro Guarenas-Guatire y Línea 2 Metro de Maracaibo) tres sistemas ferroviarios (el Nacional Centro Occidental Simón Bolívar, Central Ezequiel Zamora y el Sistema Ferroviario Centro Oriental Tramo Tinaco-Anaco) así como los puentes Nigale, Segundo Puente sobre el Lago de Maracaibo y Tercer Puente sobre el Río Orinoco.
En enero de 2017, el presidente de la Comisión de Contraloría de la AN, diputado Juan Guaidó denunció la pérdida de 2,5 millones de dólares en la construcción de la Línea 2 del Sistema Metro Los Teques del estado Miranda, caso en el cual también salió a relucir la constructora de Norberto Odebrecht. En este caso el retraso registrado fue de dos años.
También a finales de enero del presente año, el Gobierno anunció 51 obras de infraestructura, de las cuales 15 estarán destinadas al mejoramiento de la vialidad y el transporte en el país, según el ministro para Obras Públicas, César Salazar. La inversión alcanza los 300.000 millones de bolívares.
El informe concluye que el gobierno de Maduro debe asumir su responsabilidad en la crisis de transporte existente, que es consecuencia de la debacle económica que ha puesto fuera del alcance de los transportistas el mantenimiento de las unidades y la evidente pérdida de miles de millones de bolívares en obras y equipamiento de transporte, lo cual, a su vez, ha impedido desarrollar un sistema público óptimo pese a las promesas.
Foto: Francisco Bruzco
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