La sentencia generó una “amenaza de alerta” en contra del movimiento sindical y la clase trabajadora porque restringe el derecho a huelga, a protestar y reclamar.
Caracas. Los 16 años de prisión en contra de seis líderes sindicales y gremiales representan una condena a la libertad sindical. Marcela León, presidenta de la Central de Trabajadores ASI Venezuela, dijo que el ejercicio sindical se cataloga como una actividad criminal, cuando realmente se trata de defender los derechos humanos.
Entre el 4 y 7 de julio de 2022 fueron detenidos Alcides José Bracho Vivas, Emilio Antonio Negrín Borges, Gabriel José Blanco Flores, Néstor Astudillo, Alonso Meléndez y Reynaldo Cortés. Y, el 1° de agosto de 2023, el Tribunal 2° con competencia en terrorismo los condenó a 16 años de cárcel, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
“Nosotros somos defensores de derechos humanos. No estamos confrontando cambios de gobierno ni de dirigentes. Al contrario, estamos solicitando cambios en derechos humanos, y por eso nuestro lenguaje siempre va a ser de derecho”, enfatizó la presidenta de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente (ASI Venezuela)
Manifestó que tal decisión generó una “amenaza de alerta” en contra del movimiento sindical y la clase trabajadora. La sentencia vulnera el derecho legítimo a la huelga, protestas o reclamos ante dilaciones de respuestas a los DD. HH. fundamentales de los trabajadores.
Cabe destacar que Bracho, Astudillo, Cortés y Meléndez son miembros activos en Bandera Roja (BR), un partido político comunista, socialista y marxista-leninista que nunca apoyó al gobierno del presidente Hugo Chávez. Gabriel Blanco formó parte de la organización, pero se retiró y Emilio Negrín, a pesar de que no era del partido, conocía a militantes de BR.
Cambios en el movimiento
León explicó que la estrategia sindical actual es distinta debido a las acciones “arbitrarias y autoritarias”. Deben cambiar las tácticas para lograr los objetivos, que se resumen en la defensa de los derechos laborales.
“Nunca vamos a dejar de reclamar, de estar en la calle, de protestar, porque esa es la vida de los defensores de DD. HH., de los dirigentes sindicales, reclamar y defender los derechos de los trabajadores”.
Tras el anuncio de la sentencia condenatoria de los seis dirigentes y trabajadores, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre el “abuso crónico” de las leyes antiterroristas venezolanas en contra de personas que defienden los derechos de los trabajadores.
“Las autoridades venezolanas utilizan la lucha contra el terrorismo para excluir y socavar la labor legítima en favor de los derechos humanos”. Señalaron que la condena es un ataque a la libertad de asociación.
La sentencia, además, violenta el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al cual está suscrito Venezuela y que le obliga a garantizar la libertad sindical.
Respecto a la libertad de asociación, Jesús Noel Hermoso, miembro del Comité Político Nacional de BR y jefe nacional de medios y propaganda, en una entrevista anterior con Crónica.Uno, dijo que Bandera Roja es el partido que tiene más presos políticos en Venezuela.
Explicó que BR está presente en todos los movimientos sindicales y de trabajadores en los que ayuda a organizarlos en función de la defensa de sus derechos.
“Hay demasiada evidencia de que se trata de una persecución muy particular hacia un partido político. Y algo que es característico es que es el único partido que, siendo comunista, socialista y marxista-leninista, nunca apoyó el régimen de Chávez”.
El miércoles 30 de agosto, John Álvarez, estudiante de Antropología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ex secretario general de la Juventud de Bandera Roja, fue detenido por funcionarios policiales no identificados; sufrió torturas tras negarse a incriminar a dos personas por presunta conspiración en contra del Gobierno, y se le vincula con el caso de los seis trabajadores. Le imputaron los delitos de “conspiración y asociación”.
Irregularidades y desprestigio
Por otro lado, Kelvi Zambrano, director de Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia y abogado defensor de cinco de los sindicalistas que están privados de libertad, alegó que el proceso que se llevó a cabo para llegar a la sentencia –incluyendo los elementos probatorios– vulnera los derechos constitucionales y normas procesales.
Explicó que el artículo 25 de la Carta Magna establece que todo acto contrario a los principios constitucionales que se ejecute por la fuerza pública, instituciones del Estado o funcionarios públicos, “está viciado de nulidad”.
Alertó que las pruebas incorporadas al proceso, como la obtención de conversaciones por llamadas telefónicas, se hizo de forma ilegal. Para este procedimiento es necesario que un tribunal emita una orden, ya que la constitución venezolana respalda la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la privacidad.
En segundo lugar, dijo que el informe de inteligencia que se presentó carece de vida jurídica porque contiene una información dada por un solo funcionario.
“Ya la Sala de Casación, y así lo ha ratificado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que un funcionario de la policía no es suficiente elemento de convicción para que una persona sea condenada”.
Asimismo, sostuvo que existe suficiente jurisprudencia respecto a la regulación y límites de la actividad de inteligencia en el sistema interamericano de derechos humanos, pero “en Venezuela no sucede eso”.
Los allanamientos en las viviendas de los sindicalistas y las detenciones también se efectuaron en inobservancia de procedimientos constitucionales establecidos.
Entre otras de las irregularidades, la dirigente sindical Marcela León reveló que el juez que llevaba la causa de los seis trabajadores, supuestamente, está siendo procesado por actos de corrupción.
Violación a la presunción de inocencia
Zambrano mencionó que desde el principio del caso de los gremialistas existió una violación a la presunción de inocencia. Altos funcionarios venezolanos como Tarek William Saab, fiscal general designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, hicieron acusaciones antes de una sentencia condenatoria.
“El Grupo de Trabajo Sobre la Detención Arbitraria de la ONU ha establecido que cuando un funcionario habla o emite una opinión sobre una persona antes de una sentencia condenatoria, condenándolos, los afecta, pues viola los principios de presunción de inocencia”, aseveró.
En agosto, a través de VTV, Saab reiteró que los detenidos no eran trabajadores y que no tenían vinculación a alguna actividad de lucha sindical. Igualmente, manifestó que formaban parte de una organización “subversiva y conspirativa” denominada Unidad de Resistencia Popular (URP), con la que tenían planeado asaltar el conscripto de San Jacinto, en Mérida, para apropiarse de 120 fusiles.
Actualmente, se espera que la Corte de Apelaciones se pronuncie tras interponer el recurso de apelación a favor de los seis sindicalistas.
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