Vecinos del barrio Brasil, en Cumaná, identifican las primarias de la oposición como el zarpe de una travesía impulsada por la necesidad de mejorar su calidad de vida. Al menos 8,29% del padrón electoral confía en que una nueva timonel los llevará a puerto seguro.
Sucre. Mario Rodríguez* no tiene miedo y está dispuesto a avanzar en la ruta que muchos venezolanos emprendieron para lograr un relevo en la presidencia de la República en 2024.
Está envalentonado por el civismo que caracterizó las primarias de la oposición, el pasado 22 de octubre de 2023, y asegura que no le preocupa que los militantes del oficialismo lo hayan fichado para quitarle la bolsa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Mario es el nombre ficticio de un hombre, de 33 años de edad, que prefirió no ser identificado para evitar mayores represalias contra su familia. Él vive en el barrio Brasil, al suroeste de Cumaná, capital del estado Sucre, cuenta lo que ha perdido durante las últimas dos décadas e imagina lo que puede ganar en un futuro próximo por la vía del voto.
Fue detenido por participar en las protestas de 2017. Emigró a Colombia en busca de ingresos económicos para cubrir las precariedades que sufre su familia, pero no tuvo éxito y regresó a Venezuela. Ahora su labor tiene un doble propósito: “Arreglo computadoras, pero también trabajo con el partido Primero Justicia. Regresé a echarle pichón por un cambio político para el bienestar de mis dos hijos. No he visto otra forma de Gobierno desde que tenía nueve años y aun así, sigo apostando por el cambio, sin perder la fe”.
Lo que sí le preocupa a Mario es que las represalias por ser un activista de la oposición se extiendan a su esposa, quien es una docente dependiente del Ejecutivo regional. “Yo no dependo del Gobierno, pero ella sí. Nada más con el tema del Esequibo tuvo que marchar y votar a juro, porque si no la botan”, comenta.
Inmediatamente después del simulacro de referéndum, realizado el 19 de noviembre, 11 directores de planteles fueron destituidos de sus cargos. Según William Figueroa, presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FMV) seccional Sucre-Cumaná, estos funcionarios perdieron sus empleos por no haber promovido y participado en el evento electoral organizado por el oficialismo en torno a la disputa territorial entre Venezuela y Guyana.
La Coalición Sindical del Magisterio Sucrense confirmó el cese de funciones de los directores de los centros educativos: Andrés Eloy Blanco, Brasil II, Juan Freites, Manuel Saturnino Peñalver, Marco Antonio Saluzzo y María Teresa del Toro, en el municipio Sucre; La Esmeralda, Creación Pantoño y Muelle de Cariaco, en el municipio Ribero; y Arenas y Manuel Cedeño Hernández, en el municipio Montes.
La primera destitución que se conoció públicamente, ocurrió el pasado 11 de noviembre, Es el caso de Armando Narváez, director de la escuela de Guayacán en el municipio Cruz Salmerón Acosta. La represalia en su contra se aplicó por no permitir la participación de representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), específicamente de una Unidad de Batalla Chávez (UBCh), en el acto de donación de un tanque y una bomba de agua, para mejorar las instalaciones del plantel. La ayuda se había gestionado a través de una organización sin fines de lucro y los militantes del oficialismo querían “aparecer en la foto”, como si hubieran realizado una “importante” contribución en beneficio de los 350 alumnos de la escuela de Guayacán.
Lo más curioso es que Narváez es militante del PSUV. En definitiva, el desacuerdo con sus compañeros de partido, probablemente con más poder que él, le costó el cargo después de 10 años de servicio.
La dirigencia magisterial emitió un comunicado mediante el cual denunciaron que los directores fueron sustituidos por personas sin méritos profesionales y, con ello, advirtieron violación del debido proceso.
En el caso de Diana Salazar, quien se había desempeñado como directora de la escuela de Brasil II, el repudio a la arbitrariedad se expresó con una protesta callejera: docentes, personal administrativo y obrero salieron a la calle con silbatos y cacerolas.
A la protesta se sumó Lucimar Rondón, quien desea que su calidad de vida y la educación de sus hijos mejoren: “La tarea no es sencilla. Ahorita, este país está perdido en valores, en ingresos; todo está mal”.
Instrumentalización electoral del hambre
En el barrio Brasil falta lo esencial para vivir: la comida. Se vive “al día” y los esfuerzos se concentran en la alimentación de los hijos e hijas. Pero no hay muchas opciones de empleo digno y estable, de modo que la mayoría recurre a la economía informal: venta de pescado o frutas, bodeguitas instaladas en las casas… Nada que pueda resolver una pregunta cotidiana: “¿y qué comeremos mañana?”.
“Los vecinos de las comunidades más pobres viven de los bonos del Gobierno, las bolsas de alimentos y el trabajo eventual en las cuadrillas que limpian las calles”, comenta Elis Rengel, coordinadora de Cáritas en la parroquia Cristo Resucitado de Brasil.
Para colmo, el 8 de noviembre de 2023 cerró sus puertas el comedor popular que funcionaba en la parroquia por falta de apoyo de organizaciones sin fines de lucro, nacionales e internacionales. Con ello, 50 niños se quedaron sin sus almuerzos diarios.
Rengel detalló que, como parte del proyecto “Samán”, durante 2023 Cáritas realizó cuatro jornadas de atención integral a 160 niños de distintos sectores de la parroquia, 132 embarazadas y madres en período de lactancia. Asegura que 60 % de la población infantil atendida presenta desnutrición.
Precisó que 20 % de los niños y niñas atendidos tiene desnutrición severa (nivel 3) y la mayoría está en nivel agudo. A ellos se les aplica el protocolo de Unicef: tres semanas de suministro de suplementos, nutricereal y las barras nutritivas de “plumpin”, durante una semana. Luego los evalúan y definen si los dejan tres meses más en el programa.
El oficialismo ha instrumentalizado electoralmente esta situación de vulnerabilidad económica y social sobre todo en Sucre, que figura entre los tres estados más pobres del país, según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi). Los programas asistencialistas del Gobierno son usados como mecanismos de control político, tal como señaló Mario Rodríguez al referirse al despojo de la bolsa Clap a quienes participaron en las primarias de la oposición.
No son casos aislados sino una práctica recurrente. No solo se castiga a quien disiente del Gobierno sino a toda su familia por no guardar fidelidad absoluta al oficialismo. En 2022, Alcides Gutiérrez, su esposa y sus hijos se quedaron sin los alimentos a precios subsidiados, luego de que Gutiérrez denunció públicamente fallas eléctricas y retrasos en el suministro de medicinas para el ambulatorio local
“Ellos saben que soy líder comunal y como no cumplía lo que ellos querían, quisieron presionarme, pero ahora me apoyan para que denuncie los problemas con las plagas y la quema del vertedero de basura que nos afecta la salud”, relató Gutiérrez.
Pesca de votos en el sector público
Sucre es un pueblo pesquero. Sin embargo, la eliminación de la pesca de arrastre, la escasez de gasolina y la falta de incentivos (tanto del sector público como del sector privado) han debilitado la actividad económica vinculada al mar.
El aporte de Sucre a la producción nacional pesquera se ha reducido de 70 a 30 %. El estado llegó a contar con 30 barcos atuneros de hasta 1200 toneladas. Ahora solo hay 12 de esa envergadura, según datos extraoficiales de los productores regionales.
Los sectores agrícola e industrial también se han venido a menos. Tres ejemplos: el asedio del crimen organizado a la producción de cacao, el cierre de la ensambladora de vehículos Toyota de Venezuela y el desmantelamiento de las empresas azucareras.
1 de cada 4 personas que integran la fuerza de trabajo en Sucre pertenece a la economía informal, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La administración pública es la principal fuente de empleo formal en Sucre. La nómina del sector educación suma 31.000 docentes y la Gobernación 12.000 empleados y obreros fijos 4000 contratados y 9000 jubilados y pensionados. El Ejecutivo regional, además, paga a quienes hacen trabajos eventuales en cuadrillas de limpieza.
El Sindicato Único de Empleados Públicos de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del estado Sucre (Suepples), estima que la cifra de trabajadores dependientes del Ejecutivo regional supera los 45 mil empleos directos.
El economista César Yegres destaca que en las comunidades más pobres y aisladas de Sucre el sector privado no tiene capacidad para generar empleo, de modo que el Estado es el único patrón. Ello implica otra forma de control electoral que se podría resumir en una breve frase: si no votas por el oficialismo, pierdes el empleo.
La población mantiene una relación transaccional con el Estado, que consiste en el canje del voto por beneficios. Si con un cambio de Gobierno surgen mejores opciones en materia de alimentación, empleo, salud y educación, el sucrense va a respaldar ese cambio, razona el economista.
Efecto búmeran para el 2024
La pobreza en Sucre ha sido aprovechada por el oficialismo, pero también podría tener un efecto búmeran.
El barrio Brasil forma parte de la parroquia Altagracia del municipio Sucre. Según los registros de la Comisión Nacional de Primaria, en esa parroquia votaron 8816 personas de las 106.343 habilitadas; es decir 8,29 % del padrón electoral.
Néstor Alfonzo, presidente de la junta regional llama la atención sobre la participación en zonas rurales: se movilizaron muchas personas, a pesar de las limitaciones para el traslado de un lugar a otro por la escasez de gasolina y la instalación de un solo centro nucleado en los municipios de menor densidad poblacional.
Al establecer comparaciones entre algunos resultados conocidos de manera extraoficial, el municipio Mejía (San Antonio del Golfo), alcanzó el mejor registro de participación, con 11,38 %; mientras que el municipio Bolívar (Marigüitar), el porcentaje fue el más bajo, con 4,89 %. En el municipio Sucre (Cumaná), que incluye zonas rurales como Los Altos de Sucre y la parroquia San Juan, la participación fue de 8,33 %.
“Aquí no se abultaron cifras, ni se obligó a nadie a votar. Aunque el Gobierno jugó a la descalificación, consideramos que hubo un despertar de la conciencia sucrense”, expresó Alfonzo.
Los testimonios de los sucrenses apuntan a un cambio de rumbo político: desde la anciana que tiene más de 50 años en la zona y no quiere morir sin ver su rancho convertido en una casa, pasando por el adulto que tiene la fuerza para producir y no quiere vivir de apagón en apagón, hasta la madre joven que vela por el bienestar de sus cuatro hijos y ya no quiere seguir endeudada porque la quincena no le alcanza para atenderlos.
Este es un trabajo colaborativo de Efecto Cocuyo y Crónica Uno.
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