El pasado viernes, 22 de diciembre, funcionarios de la Dgcim realizaron un requisa en la celda del detenido de 46 años y le quitaron las medicinas para controlar la hipertensión. Igbert Marín Chaparro está privado de libertad desde el 2018 y ya puede optar por libertad condicional.
Caracas. En horas de la madrugada del pasado viernes, 22 de diciembre, varios sujetos encapuchados y armados entraron de forma abrupta a la celda de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, donde se encuentra detenido el preso político, Igbert Marín Chaparro.
“Las personas armadas entraron directamente a la celda de mi hermano destrozando el escaparate. Le confiscaron libros, la biblia, fotografías familiares, cartas, dibujos para sus hijos, alimentos y artículos personales”, señaló la Ignell Marín, hermana de Igbert.
Además, añadió que a Igbert le quitaron su tratamiento para controlar la tensión arterial, el cual debe tomarse a diario. Tampoco le han hecho entrega de los medicamentos que le llevaron el día martes, 26 de diciembre, para reponer los que le decomisaron.
“Mi hermano luego de la requisa ha tenido episodios de hipertensión -subidas de tensión arterial – motivado a qué ya lleva ocho días sin tomar sus medicamentos y al estrés que le ocasionó el procedimiento del pasado viernes”, reconoció.
Ignell alertó que esto representa un riesgo latente para él y es una situación preocupante para ellos como familia. “Ya Igbert perdió parte de la visión en el ojo izquierdo luego de una subida de tensión”.
Sin atención médica
La hermana del teniente coronel, detenido enmayo de 2018, denunció que el exoficial no ha tenido acceso a las evaluaciones médicas y psicosociales que ellos han solicitado en los tribunales para poder conocer su verdadero estado de salud, luego de su segunda huelga de hambre.
En esta huelga, que culminó a finales de enero de 2023, el teniente estuvo 67 días sin comer en rechazo a las violaciones a sus derechos, a la vigilancia extrema cuando recibía visitas o llamadas de sus familiares y los tratos inhumanos.
Ignell aclaró que su hermano ya sufría de hipertensión desde antes de su detención y desde entonces se ha mantenido con el mismo tratamiento, porque este no ha podido ser ajustado por falta de revisión médica.
“Mi hermano desde muy pequeño ha sido asmático, padece de fibrosis pulmonar y presentó Covid-19 el cual no fue bien tratado”, señaló Ignell.
Asimismo, lamentó que a ellos como familiares de un preso político solo les queda denunciar las arbitrariedades en todas las instancias nacionales e internacionales y esperar que los escuchen.
Visitas restringidas
Desde principios de agosto, el teniente coronel Igbert Marín Chaparro, de 46 años de edad, decidió no recibir visitas, a modo de protesta, hasta que se restablezcan las condiciones dignas para que sus familiares y allegados puedan verlo.
Su hermana, Ignell Marín, lo vió por última vez el 5 de agosto. “Al parecer esta medida afecta a un grupo determinado de reclusos y no a todos los que están en la sede de la Dgcim”.
El teniente coronel fue detenido el 2 de marzo de 2018, supuestamente para un interrogatorio. En la actualidad, cumple una sentencia de siete años y seis meses de prisión por el presunto delito de incitación a la rebelión, por supuestamente formar parte de la junta restauradora de la Operación Gedeón.
Por otro lado, le redujeron el número de visitas y las pocas que recibe ahora se las vigilan, al igual que las llamadas. Desde hace cuatro meses el exoficial no ha podido salir al patio porque no se lo permiten.
Libertad condicional
De acuerdo con Ignell el teniente coronel Igbert Marín, cumplió el 24 de octubre la tercera cuarta parte de la condena que le fue impuesta, por lo que ya puede optar por el beneficio de la libertad condicional.
Sin embargo, reconoció que tanto en tribunales como en el Ministerio para el Servicio Penitenciario han hecho silencio respecto a las múltiples solicitudes para que se realicen las evaluaciones necesarias a fin de acceder a este beneficio procesal.
“Solo hacemos un llamado a las autoridades competentes, principalmente a la ministra para el Servicio Penitenciario, Celsa Bautista y el presidente Nicolás Maduro para que garanticen los derechos humanos y beneficios de mi hermano y de todos los presos políticos afectados”, enfatizó.
Foro Penal registró que en Venezuela hay 282 presos políticos de los cuales la mayoría son militares (155), para el cierre de 2023.
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