El Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del estado Bolívar sostiene que cuerpos militares y policiales han sido responsables de estos crímenes que presentan, en la mayoría de los casos, como “enfrentamientos”.
Ciudad Guayana. Entre enero y febrero, 25 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el estado Bolívar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Policía del Estado Bolívar (PEB), la Policía Municipal de Caroní (PMC) y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) son los principales responsables de estos casos.
La cifra es la conclusión del quinto informe del Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales del estado Bolívar (OEE), a cargo de la ONG Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu).
En enero de 2019 hubo 12 víctimas de este tipo de ejecuciones. En febrero, 13. El informe destaca algunos de los casos, como el de Jesús Moya, un joven de 24 años.
“Moya fue asesinado en la Ruta I de Vista Al Sol, San Félix, estado Bolívar, a manos de efectivos del Cicpc. Él suma una muerte potencialmente ilícita en Bolívar, de las 13 registradas en febrero de 2019. Es otra víctima de la negligencia del Estado”, expone el informe.
El patrón en tales casos es regular: después de las ejecuciones, los organismos involucrados difunden minutas en las que se detalla la versión de que la víctima atacó a la comisión de funcionarios después de una voz de alto. O, como lo explica la ONG, “el discurso en los medios de comunicación regionales monitoreados parece repetirse: las fuerzas del Estado se excusan en enfrentamientos e intercambio de balas”.
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La ONG, fundada en Ciudad Guayana y de alcance regional, apunta que sus investigaciones tienen como basamento el Protocolo de Minnesota, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1991.
“Allí se considera una ejecución extrajudicial cuando el individuo muere como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando no se obedece los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. OEE se basa en los principios del documento y trae en contexto la falta de pericia de los funcionarios públicos que ejercen en Bolívar. El informe pasado (cuarto informe) registró entre octubre de 2018 y enero de 2019, un total de 33 asesinados”, añade el documento.
No todos los casos, sin embargo, están registrados como “enfrentamientos”. Entre ellos se destaca el caso de Yonathan Fonseca, de 23 años, muerto en febrero.
“Fonseca falleció mientras estaba recluido en la cárcel de El Dorado, luego de sufrir de una infección en los pulmones, con un cuadro de desnutrición y paludismo. En tal caso existe una violación evidente del artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dicta las responsabilidades del Estado sobre aquel que está privado de libertad”.
“Debe asumirse la investigación de los casos de Ejecuciones Extrajudiciales a fin de rescatar en la práctica policial la justicia, la equidad y el proceder recto, alejando con ello la desconfianza e inseguridad que generan en la ciudadanía”, recomienda el OEE.
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