Los gremios de empresarios e industriales piden al Gobierno que flexibilice el sistema tributario y permita el acceso a créditos bancarios para cumplir con los compromisos laborales mientras dure la cuarentena. Critican que haya hecho caso omiso de las propuestas presentadas la semana pasada ante los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Caracas. Luego de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas económicas para controlar los efectos de la cuarentena, el sector privado, tanto industrial como empresarial, manifestó su disgusto, pues fueron hechas de forma unilateral y no se compaginan con las propuestas que presentaron la semana pasada.

Necesitamos acuerdos para mantener los puestos de empleo sin que se vea afectada la iniciativa empresarial”, señaló para Crónica.Uno el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cussano.

A su juicio, la inamovilidad laboral hasta finales de año decretada por Nicolás Maduro sería “mucho más efectiva” si se dan las condiciones para que las empresas sigan funcionando, entre las que se encuentran, por ejemplo, la flexibilización tributaria y el acceso a financiamiento bancario.

Una prórroga necesaria

En teoría, el anuncio gubernamental busca evitar que trabajadores de empresas que están inactivas debido a la cuarentena sean despedidos. Sin embargo, Cussano considera que, de flexibilizarse el sistema tributario, las empresas podrían destinar esos impuestos a pagar los salarios de sus trabajadores.

La semana pasada, Fedecámaras presentó un plan para disminuir los efectos económicos de la cuarentena en las empresas y sus trabajadores. En él, el gremio sugiere suspender o flexibilizar los lapsos para declaración y pago de obligaciones tributarias como el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto sobre la renta (ISLR).

Así mismo, Cussano resaltó como “primordial” que se flexibilice también el encaje legal, que impide que las empresas puedan acceder a créditos bancarios para financiar sus operaciones.

Necesitamos que el mercado de capitales opere con mucha más severidad, que las empresas tengan posibilidad de emitir deuda privada, necesitamos acuerdos. (…) Es momento de una pausa fiscal para así mantener la producción y los puestos de trabajo”, añadió el presidente de Fedecámaras.

Para el economista Luis Oliveros, esperar que el Gobierno difiera el plazo para pagar el IVA y el ISLR es “complicado”, pues “no tiene margen de maniobra”.

“Las reservas internacionales están por el piso, los ingresos que están percibiendo por venta de petróleo son, prácticamente, los más bajos de la historia y la producción petrolera sigue cayendo”, dijo Oliveros, y subrayó que esos factores “vuelven vital” para el Gobierno la recaudación de impuestos.

Ante esto, y dado el anuncio de Maduro acerca de que el Estado asumirá las nóminas de pequeñas y medianas empresas del sector privado por seis meses, el economista resaltó que probablemente el Gobierno recurra a la emisión de bolívares por el BCV, lo que elevaría el déficit fiscal y, en consecuencia, tendría efectos inflacionarios.

Liberación del encaje legal es insuficiente

Pese a que la reducción del encaje legal podría darle un respiro financiero a las empresas, el analista financiero Henkel García advirtió que la medida es “insuficiente, pero necesaria”, y añadió que es primordial contar con financiamiento externo para hacer frente a la crisis económica que se agrava con la llegada del COVID-19.

“Para hacer políticas fiscales, para tener un plan de ayuda, necesitas: o tener recursos que previamente hayas ahorrado o tener capacidad de financiamiento; el Estado no tiene ninguna de las dos. El sector privado tampoco tiene ahorros como para asumir el costo de esta paralización. Lo grave de nuestra situación es que ni las empresas ni el Estado tienen margen de maniobra y, en ese escenario, se deben cambiar las cosas para estar en capacidad de pedir ayuda de afuera”, explicó el director de la firma Econométrica.

La falta de claridad de otras medidas anunciadas por Maduro hacen que, en la práctica, sea difícil saber el efecto que tendrán en cada uno de los sectores que tocan. Aún no está claro, por ejemplo, si las partes tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo para pagar los alquileres de vivienda o locales comerciales.

La banca, por su parte, se verá afectada, pues no podrá cobrar capital, intereses ni créditos comerciales, sumado al encaje legal que persiste desde 2018 y que le impide otorgar financiamientos a las empresas.

Diversas reacciones

Ante las medidas del Gobierno, algunos voceros de gremios empresariales e industriales manifestaron su disgusto y advirtieron sobre las consecuencias. El presidente de Conindustria, Adan Celis, instó a rectificar o, de lo contrario, el escenario podría ser de más empresas del sector privado cerradas y pérdida de empleos.

Por su parte, el presidente de Consecomercio, Felipe Capozzolo, criticó en su cuenta de Twitter que en el anuncio de Maduro no hubiera relación con “salvar empresa y empleo” y advirtió que, sin políticas fiscales y laborales “de contingencia”, el país podría enfrentarse a los efectos de una recesión.

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