A seis meses de reformarse el Código Orgánico Procesal Penal, los tribunales no han cumplido con la norma aplicable a procesados con más de tres años detenidos sin juicio, denuncia Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal que asiste a estos presos. Ocho de ellos tienen hasta cinco años en la cárcel.
Caracas. En septiembre de 2021, la Asamblea Nacional sancionó la Ley Orgánica de Reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP), en el marco de un relanzamiento de la “revolución judicial”, anunciado por el presidente del TSJ, Maikel Moreno.
“Venezuela estará a la vanguardia en derechos humanos”, señaló el diputado Pedro Carreño, presidente de la Comisión Mixta encargada de revisar las leyes. Y exaltó las bondades de la séptima modificación del COPP, desde 1998, junto con un paquete de leyes. En esta oportunidad se modificaron 19 artículos.
Pero, a seis meses de su publicación en Gaceta Oficial No. 6.644 extraordinario, del 17 de septiembre de 2021, no ha significado la liberación inmediata para 67 de los 239 presos políticos que asiste hasta la fecha el Foro Penal, a quienes les corresponde el beneficio porque aún no han sido sometidos a juicio.
El artículo 230 reformado establece el tope de tres años de privación preventiva de libertad, e incluye una prórroga de un año máximo, si así lo decide el tribunal. Y estos procesados llevan presos cinco años. La reforma también reduce los lapsos de 20 a 5 días para realizar las audiencias del proceso penal.
La arbitrariedad se encuentra ya en manos del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.
“El sistema de justicia venezolano sigue siendo sumamente represivo; no es independiente ni imparcial. Con la reforma del COPP se reafirma, además, que las causas de la detención no son jurídicas, sino políticas”, señala el abogado Gonzalo Himiob, directivo del Foro Penal.
Casos de presos políticos a la ONU
En el primer balance semestral de la vigencia de la reforma del COPP, ¿cuáles son los beneficios para los presos políticos?
—El COPP sustituyó al Código de Enjuiciamiento Criminal y ha sido objeto de diversas reformas. Sin embargo, más allá de los postulados garantistas que proclama, la verdad es que nuestro sistema de justicia sigue siendo sumamente represivo, lo cual ha hecho que en la práctica muchas de las previsiones contenidas en ese cuerpo normativo no se apliquen. El problema no es exclusivamente legal, es más un tema de la administración de justicia que no respeta las normas y no es independiente ni imparcial.
¿Solicitaron la libertad de 67 de los 239 presos políticos que son en la actualidad, a los que corresponde el beneficio previsto en la reforma?
—En todos los casos se solicitó lo que se denomina “el decaimiento de la medida”, referida a la medida de privación preventiva de la libertad. Y en todos los casos la solicitud ha sido ignorada o negada.
¿Qué tipo de gestiones han hecho para que se aplique de una vez el artículo 230 de la reforma?
—En todos los casos se hizo la solicitud respectiva e incluso denunciamos la situación ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, pero aún esperamos respuesta.
Presos en delicado estado de salud
¿Quiénes de los 67 presos llevan más de tres años privados de libertad de forma arbitraria?
—En el Foro Penal tenemos ocho presos con cinco años de detención preventiva. Ellos son Luis Alejandro Mogollón, Yecson Lozada, Juan Díaz Castillo, Rubén Bermúdez, Feydi Montero, Javier Peña, Jairon Villegas y Misael Estrella.
¿Cuál es el estado físico, mental y jurídico de estos procesados y dónde están recluidos en este momento?
—Ellos están en situación muy grave y algunos, como Mogollón, presentan graves problemas de salud. Pero todos están sometidos a condiciones inhumanas de reclusión que no respetan los estándares mínimos internacionales. Jurídicamente hablando, al no haber sido condenados, todos tienen derecho a ser juzgados en libertad y a ser tratados como inocentes. Sin embargo, se les mantiene arbitrariamente detenidos cumpliendo, de facto, una condena anticipada sin haber sido siquiera declarados culpables. La mayoría está en Ramo Verde.
¿Cómo se puede interpretar que seis meses después de la reforma del COPP no hayan sido concedidos los beneficios procesales para los presos políticos?
—En Venezuela no hay Estado de derecho. Como lo expresé antes, el problema no está en general en las normas, que pueden mejorarse, por supuesto, sino en la ausente voluntad de aplicación cabal de estas. En la mayoría de los casos las reformas legales son cambios cosméticos dirigidos a dar la impresión de que se avanza en el camino correcto, pero luego esto choca con la realidad de un Poder Judicial completamente sumiso al Poder Ejecutivo que, en los casos de los presos políticos especialmente, no respeta las leyes.
Más allá de nuevas normas
En el momento en que se anunció la reforma del COPP, el Foro Penal reportaba 261 presos por razones políticas y en este momento hay 239, hasta el 7 de marzo. ¿Por qué se ha reducido la cifra?
—Hay diversas razones. Algunos han salido por la presión que se ha hecho en sus casos, lo que ha subido el costo político de mantenerlos encarcelados; otros fueron forzados a “admitir los hechos”, esto es, a reconocer su responsabilidad en crímenes que no cometieron, para ser condenados con una pena menor, y poder salir. Otros salieron por razones humanitarias, por enfermedades o cuadros de salud graves que no pueden ser atendidos en prisión y que el poder sabe que lo pone en riesgo, pues, estando bajo custodia del Estado, son su responsabilidad. Pero no se han materializado libertades que tengan que ver con la reforma del COPP. En otras palabras, estas excarcelaciones son parte de lo que es esperable y “normal” (valga el término) en estos casos.
¿Este beneficio ha sido aplicado a los procesados por delitos ordinarios?
—Se han dado excarcelaciones masivas de presos ordinarios, incluso por razones que desde el punto de vista legal no están completamente claras. Pero esto viene sucediendo desde antes de la reforma reciente del COPP.
¿En qué situación se encuentran los presos políticos por supuestos delitos militares?
—La situación de los presos políticos no varía dependiendo de si son juzgados en tribunales ordinarios o militares. Los abusos y privaciones que se padecen son los mismos. Eso confirma que las razones de su persecución y prisión son políticas, no jurídicas, y no dependen de la legislación que les sea aplicable en cada caso.
¿Cree que esta reforma pone a Venezuela en “la vanguardia de derechos humanos”, como lo dijo el presidente de la Comisión parlamentaria?
—No. No basta con tener leyes o normas avanzadas en papel si en la práctica estas no se aplican o se aplican de forma selectiva o sesgada. Respetar los derechos humanos va mucho más allá de tener normas que los reconozcan.
Participa en la conversación