Piden que el control de la epidemia deje de estar en manos de militares y pase a manos de los médicos venezolanos. En nombre del sector agrícola, exigieron que se garantice acceso al combustible a los productores de alimentos. Abogaron por la atención inmediata de la población vulnerable: personal de salud, presos políticos y adultos mayores.
Caracas. Con la participación remota de 105 diputados y la presencia del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y el secretario del Legislativo, Ángel Palmieri, la plenaria del Parlamento venezolano aprobó el informe preliminar de la comisión mixta designada la semana pasada para la atención de la emergencia nacional por el COVID-19.
El informe contiene un diagnóstico del sistema de salud venezolano y plantea 13 recomendaciones globales y cinco recomendaciones de aplicación comunitaria que permitirían minimizar el impacto de un contagio generalizado de coronavirus, de acuerdo con la experiencia de otros países.
Las medidas propuestas son:
• Dotación de equipos de protección de bioseguridad para todo el personal de salud de forma urgente con perspectiva de 45 días en su primera fase.
• Dotación de gel alcoholado para el 100 % de los establecimientos de salud, con su respectiva política de educación de lavado de manos.
• Dotación de hospitales con insumos de emergencia IDHK (kits de emergencia de la Organización Mundial de la Salud) que es lo más fácil y disponible, aunque no lo más idóneo, por la premura con que se necesita. Se ha calculado un gasto de 300 aproximadamente para la primera fase.
• Reingeniería de personal de salud para atención de pacientes agudos, y triaje básico con protocolo simple.
• Aumentar la capacidad de ventilación mecánica por 10 veces la actual.
• Rescate de espacios de unidades de anestesia.
• Establecimiento del corredor de seguridad respiratorio para todos los hospitales del país.
• Establecimiento de un monitor nacional de IRA (infección respiratoria aguda) con reporte diario a sala situacional.
• Garantizar el tratamiento base para 10 % a 15 % de los pacientes en estado severo que pudieran requerir algunos de los esquemas en prueba.
• Establecimiento de clínicas externas de fiebre para manejo ambulatorio.
• Discutir la posibilidad de requerimiento internacional de apoyo logístico, tipo barcos hospitales, para atender demanda de casos no infecciosos y poder atender y ampliar la capacidad.
• Utilización de recursos extraordinarios para la instalación de UTI (unidades de terapia intensiva) y ventilación mecánica con aislamiento de uso móvil según requerimiento regionales.
• Reingeniería del rescate de ventiladores mecánicos en áreas como pabellón.
• Iniciar campaña de reclutamiento de personal de salud, retorno de migrantes, uso de equipos humanitarios internacionales para optimizar trabajo del talento humano de alta especialización.
• Elaborar un programa extenso de lavado de manos con soluciones de alcohol para las comunidades sin agua.
• Fortalecer el observatorio del COVID-19.
Juan Guaidó explicó que estas medidas pueden ser de rápida implementación si desde la administración de Nicolás Maduro se permite el ingreso de ayuda humanitaria a través de organismos como la Cruz Roja, la OMS y la OPS.
La comisión que redactó el documento está integrada por los diputados de las comisiones permanentes de Desarrollo Social y Administración y Servicios y las comisiones presidenciales de Ayuda Humanitaria y Salud.
Prepararse para ¿cuánto tiempo?
Durante la exposición del informe, intervinieron, además de la diputada Manuela Bolívar (VP), el integrante de la Comisión Presidencial de Salud Julio Castro y el presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins.
Castro explicó que, de acuerdo con la experiencia acumulada en los primeros cuatro meses de existencia del COVID-19 y las acciones e investigaciones emprendidas en otros países, así como el trabajo del equipo de la comisión presidencial, es posible afirmar que “la fase aguda de la pandemia puede durar dos o tres meses”.
“En una forma progresiva, el número de pacientes crece, se estabiliza y decrece. Eso dura de dos a tres meses”, reiteró.
Respecto a las proyecciones del número de contagios esperados, dijo que el grueso de los países del mundo ha proyectado un contagio que va de 50 % a 70 % de la población (con excepción de Colombia, que ha proyectado un contagio de 10 % de la población).
Señaló que dado el grave deterioro del sistema de salud venezolano (falta de medicinas, falta de personal, deterioro de la infraestructura, falta de equipos e insumos) y la vulnerabilidad de una parte importante de la población (desnutrición, desempleo, enfermedades de base sin tratamiento o con tratamiento intermitente, etc.), se puede pensar que en Venezuela “el impacto será mayor”.
“Un contagio de 10 % en Venezuela equivaldría a 300.000 casos en tres meses. Eso, con hospitales que no tienen agua ni suficientes salas de terapia intensiva, estaría muy por encima de lo que disponemos”, señaló Castro.
Acciones vs. ilusiones
El presidente de la AN, Juan Guaidó, condenó que mientras exista una serie de acciones urgentes y de carácter técnico que deben ser tomadas, desde Miraflores “se receten brebajes y se distorsionen cifras para vender una ilusión”.
Aquiles Hopkins, por su lado, expuso las preocupaciones de los productores agrícolas venezolanos que ya venían arrastrando varios años de problemas para acceder a la materia prima (semillas, fertilizantes, maquinaria e insumos), y que ahora enfrentan la falta de combustible.
“El problema del acceso al combustible impide ahora que los productores vayan a las fincas y los comercializadores vayan a comprarlos y los distribuyan en el país. La Grita, que tenía 25 años siendo el centro principal de oferta y demanda del sector agrícola, este domingo no se pudo reunir. No pudieron bajar los productores ni llegar los compradores. Estos rubros perecederos, si no se cosechan, se van a perder”, dijo Hopkins.
La diputada Bolívar acotó que, en medio de la situación, la Asamblea Nacional y las comisiones presidenciales están solicitando a los organismos internacionales la articulación necesaria para que la ayuda humanitaria requerida llegue al país a través de la ONU. Además, exigió la publicación del Boletín Epidemiológico y que el control de la situación no siga en manos de los militares sino que sea transferido a manos de los médicos venezolanos.
Atender a los sectores vulnerables
La plenaria de este martes fue la primera desde la aprobación de la reforma del reglamento interno que permite el quórum, participación y votación virtual de los diputados. Aunque esta modificación se hizo en principio para facilitar la participación de los diputados perseguidos en el exilio, ha mostrado su utilidad para permitir que el Parlamento siga trabajando en medio de la cuarentena.
En esta oportunidad, los diputados también dieron un debate sobre cómo el estado de emergencia y la precariedad generalizada en las condiciones de vida en Venezuela puede afectar gravemente a poblaciones vulnerables.
En ese punto, el diputado José Manuel Olivares (PJ) expuso la situación de especial atención en la que se encuentra el personal médico venezolano, que sin insumos, sin protección y sin un salario digno se ha puesto al frente de los hospitales. Pidió para ellos un plan de “protección y recompensa” que retribuya su sacrificio.
Richard Blanco (ABP) abogó porque el Parlamento y los representantes diplomáticos continúen atendiendo las necesidades de los venezolanos desplazados, muchos de los cuales viven del trabajo diario y ahora no pueden trabajar; y también abogó por los venezolanos varados en diversos países por el cierre de fronteras.
Arnoldo Benítez (LCR) solicitó a Guaidó disponer de medidas especiales para la población de adultos mayores, que no solo son los más vulnerables y registran la tasa de mortalidad más alta con el coronavirus, sino que ahora no pueden salir a trabajar y las pensiones son insuficientes.
Alexis Paparoni (VP) se refirió nuevamente al sector agrícola y abogó por que se emitan las medidas que permitan la circulación y adquisición de combustible para este sector; mientras Delsa Solorzano (EC) insistió en la exigencia de medidas humanitarias de libertad para todos los más de 300 presos políticos civiles y militares.
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