De la producción promedio actual de gas natural en el país, 59 % se pierde, se fuga o es contabilizada como merma y 39 % va al mercado interno, mayormente como gas propano o por bombonas.
Caracas. La transición a nuevas fuentes de energía cada vez cobra más fuerza conforme pasan los años y en Venezuela se agudiza la crisis de los servicios básicos. Con el Estado limitado de recursos y una industria petrolera devastada, son pocas las opciones que quedan que no sean la privatización.
“Es necesaria la participación privada en el sector energético; en la generación de energía; en la transmisión de energía eléctrica; en la petrolera y en la producción del gas. Venezuela es probablemente el país del mundo con la mayor potencialidad para la producción de energía”, asegura el ingeniero Jesús Armas, director ejecutivo de la ONG Ciudadanía Sin Limites.
Armas es coautor del libro Energía y Dignidad Humana, una iniciativa de su organización junto con el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice Libertad) y Atlas Network, en la que expertos diagnosticaron el estado actual del sector energético en el país y propuestas para mejorar los servicios a través de la privatización.
Aquí los principales hallazgos de sus investigaciones.
Solo 9 % de los hogares cuenta con servicio de gas directo
A pesar de ser el octavo país con las reservas probadas de gas natural más grandes del mundo y de que 90 % de la población consume ese tipo de energía, solo 7 % de los hogares tiene acceso a la limitada red de gas doméstico directo, no más de 800.000 familias ubicadas -principalmente- en el eje norte del país.
Así lo afirmó el economista y director de Gas Energy Latin America, Antero Alvarado, también coautor de Energía y Dignidad Humana. A su juicio, Venezuela vive una “paradoja de la abundancia” con grandes reservas de gas, “pero muy poca gente con acceso a él”.
De acuerdo con su investigación, se requiere una inversión aproximada de 10.000 millones de dólares, en los próximos 10 años, para llevar el gas directo a 75 % de la población o alrededor de 1000 dólares por hogar en ciudades o poblados sin ningún tipo de conexión a los gasoductos actuales.
La importancia de la inversión privada
Alvarado destacó que el impulso del gas natural directo en el país pasa por abrir la industria al sector privado, pues actualmente el Estado no tiene capacidad para, por ejemplo, construir o desarrollar gasoductos que conecten a regiones como los Andes, estimados en alrededor de 300 millones de dólares.
Para eso se requiere un mecanismo de precios, tanto para que la gente sepa cuánto debe pagar, como para atraer inversión. Mucha inversión no llega al país porque no hay una claridad en el precio de una bombona o el precio de una tarifa de gas doméstico domiciliario”, dijo Alvarado.
De acuerdo con las estimaciones de Gas Energy Latin America, expuestas en el libro Energía y Dignidad Humana, la producción promedio de gas natural en el país es de 4405 millones de pies cúbicos diarios, de la cual: 39 % va al mercado interno (mayormente como gas propano o por bombonas); 2 % como reinyección para uso petrolero y 59 % se pierde, se fuga o es contabilizada como merma.
“Un mercado mayorista de energía eléctrica”
Jesús Armas, también director de la ONG Monitor Ciudad, asegura que la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional (SEN) cubre el doble de lo que necesita la demanda en el país, pero al depender por completo del Estado, históricamente ha padecido los vaivenes de los precios del petróleo.
La falta de inversión en el SEN, asegura el ingeniero, produce pérdidas de hasta 35 % en la distribución de energía eléctrica y fragilidad en el sistema de transmisión, que se evidenció a gran escala en el megapagón de 2019. A esa realidad se le suma la desprofesionalización y la politización de la industria desde que el Estado absorbió, por completo, las tres fases del SEN.
“Proponemos que se cambie el concepto que tenemos, de un solo ente que controla todo, a dividir las tres etapas. Que haya muchos dueños privados y públicos de generadoras eléctricas, le vendan electricidad a los sistemas de distribución. Un mercado mayorista para no depender de un solo ente (Estado), que además es deficiente y tiene vocación política”, dice Armas.
El director de Ciudadanía Sin Límites recalcó que la privatización de la energía eléctrica debe garantizar que los inversionistas puedan recuperar sus costos “para que las empresas se mantengan y reinviertan”. Destacó que, solo en 2013, se perdieron al menos $13.900 millones por subsidios, bajas tarifas y falta de facturación, situación que se debe corregir para mejorar el servicio.
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