A través de la Cancillería, la administración de Nicolás Maduro aseguró que no existe motivo para que la investigación del fiscal de la CPI, Karim Khan, sea reanudada. Este pronunciamiento se realizó casi una semana después de que el jurista solicitara reanudar sus averiguaciones. La AN debatirá el 8 de noviembre rechazar la investigación.
Caracas. El pasado 1° de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció públicamente que solicitaría a esa institución el permiso para reanudar su investigación al Estado venezolano sobre presuntos casos de violaciones a los derechos humanos. Pese a la severidad de la acusación, el gobierno de Nicolás Maduro demoró casi una semana en responder.
Fue a través de la Cancillería que se dio respuesta a los señalamientos del fiscal en su informe en el que, aunque destaca algunas reformas por parte de la administración chavista en pro de lograr justicia, añade que estas iniciativas son insuficientes.
En la actualidad, la evaluación independiente y objetiva de mi Oficina es que estos esfuerzos y reformas siguen siendo insuficientes en su alcance o no han tenido todavía ningún impacto concreto en los procedimientos potencialmente relevantes”, indicó el fiscal en su informe.
Khan señaló que sigue creyendo en la “buena fe” y la cooperación institucional con el gobierno de Venezuela. Sin embargo, agregó a través de cifras, que no existe un avance en la mayoría de las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos.
De los 893 casos que el Ministerio Público dijo a la CPI que estaba investigando, 606 (67,86 %) estaban en fase de investigación, a pesar de que la mayoría de los casos datan del año 2017. Adicionalmente en 764 (85,55 %) de estos ni siquiera se han determinado los autores de los crímenes y solo 23 (2,58 %) han concluido con una condena firme por parte de un juez.
Sobre este retraso, el funcionario de la CPI señaló: “En muchos casos las investigaciones parecen haber estado en gran medida inactivas hasta 2021 o 2022, o se iniciaron en este período, coincidiendo con las solicitudes de información de la Fiscalía (de la CPI) (…) Estos prolongados retrasos apoyan la conclusión de que se llevaron a cabo con la intención de proteger a los sospechosos de enfrentar procesos criminales”.
Otra crítica de Karim Khan a los procedimientos internos que se han llevado a cabo por el sistema de justicia venezolano es que 238 casos fueron cerrados por el Ministerio Público por supuestas faltas de pruebas o porque los señalados no cometieron los delitos de los que se les acusaba. Sin embargo, 140 de estos casos han sido reabiertos tras apelaciones de los fiscales o de las víctimas.
“El fundamento para esta decisión jurídica no está claro y en muchos casos parece inadecuado”, cuestionó el fiscal de la CPI en el documento.
Un Estado que se victimiza
En el comunicado emitido por la Cancillería el 5 de noviembre en horas de la tarde, el Estado venezolano asumió un rol de víctima y destacó la cooperación que desde noviembre de 2021 se inició con la oficina de Karim Khan, asegurando que la nación “ha aportado amplia y suficiente información que demuestra cómo, a través de las instituciones competentes, el país se encuentra investigando o ha investigado presuntos hechos punibles contra los derechos humanos”.
Se explicó que es por esta cooperación y actuación que se le pidió a Khan que se inhibiera de seguir investigando por su cuenta.
Por tal razón, en abril de 2022 se solicitó al Fiscal de la CPI inhibirse en el ejercicio de su competencia a favor del sistema de justicia venezolano, conforme a lo previsto en el artículo 18.2 del Estatuto de Roma, considerando la primacía de la jurisdicción nacional y el carácter subsidiario y complementario del sistema jurisdiccional de la CPI”, se reflejó en el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El texto acusó además a Khan de tener “una visión claramente prejuiciada en relación con la situación de Venezuela” y además se le señala de hacerse eco de “las campañas que pretenden instrumentalizar el tema de la justicia y los derechos humanos con fines políticos”.
Es especialmente preocupante que la solicitud del Fiscal de la CPI se fundamente básicamente en fuentes secundarias carentes de toda credibilidad, dada su marcada parcialidad y clara politización, en perjuicio de la rigurosidad que se espera de una instancia internacional de tanta relevancia en materia de administración de justicia especializada”, expresó la Cancillería.
El comunicado del Ministerio para las Relaciones Exteriores ha sido hasta ahora la única manifestación que el gobierno de Nicolás Maduro ha emitido. Una segunda crítica a la solicitud de Khan se llevará a cabo el martes 8 de noviembre, cuando la Asamblea Nacional con mayoría del PSUV debata un acuerdo condenando la solicitud del fiscal de retomar la investigación.
Ni Maduro personalmente, ni el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se han pronunciado en relación con la petición del fiscal de la CPI.
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