En el país las entidades de gestión colectiva se encargan de recaudar lo generado por derechos de autor. Sin embargo, hay problemas en el funcionamiento de organizaciones como Sacven. Piden también a los artistas ser cuidadosos al momento de publicar
Caracas. El usufructo de obras ajenas por parte de terceros no solo afecta a los artistas más emblemáticos de la música popular venezolana como Simón Díaz, Gualberto Ibarreto, Franco de Vita, Colina o Guillermo Carrasco, como se detalló en la primera entrega de esta serie.
También hay agrupaciones que si bien son de culto entre los seguidores de un género, no tienen un público masivo o no poseen una trayectoria extensa, pero igualmente han sido víctimas de la piratería en plataformas de streaming, en la que sellos o personas desconocidas suben a Spotify, Apple Music o Youtube discos o canciones sin autorización.
Dioslepague fue una de las bandas que a principio de siglo formó parte del llamado movimiento Los Andes Electrónicos. Un proyecto merideño que fusionó el rock, el funk, la electrónica que publicó tres discos: Música para los apóstoles madres (1999), Venus Mixes (2001) y Bronceador (2003).
Desde hace más de dos años los integrantes evalúan subir su obra a plataformas digitales. Pero se les adelantaron. Alguien les avisó que el primer álbum estaba disponible, sin autorización de ellos, en servicios de streaming. Hasta transgredieron el nombre del grupo. Aparecía como Dios Le Pague, separado.
Esa ópera prima fue publicada originalmente en 1999 por Infeliz Records, el sello creado por Andrés Astorga, líder de Dioslepague, en conjunto con Los Insólitos, de Carlos Eduardo Troconis, Cayayo.
El guitarrista y cantante Andrés Sosa cuenta que fue un proceso sencillo. Son canciones que no pertenecen a un catálogo que se vendió a otros conglomerados.
“Pensamos que fueron personas que tenían el CD y lo digitalizaron. Contactamos a la gente de Spotify y Itunes para que removieran las canciones. Me hicieron llenar unas formas en la que tenía que demostrar que era propietario de las obras”, comenta el músico sobre lo ocurrido con Krapes, como se llamaban los responsables de cargar el material en la web de manera irregular.
El problema se solventó en enero de 2019, cuando les notificaron que el contenido fue removido. “Me escribieron que habían pagado regalías a los proveedores que originalmente subieron el disco. Indicaron que tenía que contactar a esas personas directamente para recuperar esos royalties”.
Desde entonces subraya aún más la importancia de que músicos, compositores, intérpretes y productores conozcan más sobre el tema de los derechos de autor, así como las maneras diversas para obtener dividendos.
“Hay muchas bandas de rock venezolanas que gastan un dineral en productores y demás, como si esa fuera la fórmula mágica para vender. Pero no los orientan en cómo registrar los temas o cómo tratar de negociar con alguna serie de Netflix o algún canal. Hay todo un proceso sobre cómo sacar la canción en la calle y ganar dinero”, explica el compositor, que adelanta que remasterizan la obra de Dioslepague para subir al streaming.
Andrés Sosa también se refiere a la importancia de la operatividad efectiva de las entidades de gestión colectiva como la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven) y la Asociación Venezolana de Intérpretes y Productores (Avinpro).
Toda obra genera regalías y estos entes se encargan del cobro y distribución de esos recursos a sus dueños. Si una radio, un canal de televisión, un bar e incluso una tienda difunde música, debe pagar. El monto varía de acuerdo a qué tan importante es la música para el modelo de negocio.
Sacven se encarga de recaudar y distribuir lo obtenido por explotación comercial de los derechos de autor. Mientras, Avinpro hace lo propio con los derechos conexos para intérpretes, ejecutantes y productores discográficos.
“Recuerdo que en 2007, cuando fui a Venezuela, cobré un cheque por las veces que ‘Reina de oro’ de Dioslepague sonó en la radio. Fui a Avinpro y recibí el dinero por una canción que no escribí, pero que toqué como intérprete. Tengo entendido que organismos como Sacven se han vuelto un desastre. Yo incluso me salí y me inscribí en la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores (Ascap) porque todavía estoy involucrado en procesos de producción y composición”, asevera Andrés Sosa, desde Estados Unidos.
Sobre lo legal. El abogado Antonio D’Jesús es un experto en el área de la propiedad intelectual, conocido especialmente por su labor en el gremio del cine venezolano y en la música.
Recuerda que se encargó de llevar el caso de Jeremías. “Cuando Hecho a Mano de Ricardo Montaner no quería liberar el master de la canción que luego se convirtió en el tema de Mi gorda bella en RCTV”.
Al igual que Andrés Sosa, menciona la importancia de las entidades de gestión colectiva. Sin embargo, ve preocupante cómo estas instituciones no se han actualizado. En el caso de Avinpro, indica que en la memoria y cuenta de 2019 todavía se establece a la televisión abierta, por cable, radio y locales comerciales como únicos puntos de recaudación.
La gestión de Sacven está casi muerta. He llamado para gestionar una licencia de uso para el Espacio Anna Frank que necesita una obra. No me dan respuesta. He enviado correos durante un mes, y nada. Solo quiero pagar”.
En todo esto, hay un ente que también está involucrado por ley en la dinámica: el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual del Estado. Antonio D’Jesús señala que durante años la dirección de derecho de autor no ha actuado. “No tenían director nacional o nombraban a uno que no conocía del tema. Incluso fueron capaces de cerrar por un tiempo la coordinación de inspección y fiscalización durante dos años. Ahora acaban de nombrar a Manuel Mirabal, que es un abogado con estudios en propiedad intelectual y ha trabajado el tema. Él pudiera ayudar a sacar el trabajo atrasado en materia de fiscalización”.
Nuevo rostro. Manuel Mirabal es abogado y músico. Actualmente, es el cantante de la banda Aditus. En la Gaceta Oficial del 30 de agosto de 2020 se lee su designación como director nacional de derecho de autor en el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, mejor conocido en el gremio como el SAPI.
Asegura conocer los problemas. Ha revisado casos de músicos que en décadas pasadas grabaron canciones y ahora no tienen control en el streaming, bien sea porque las disqueras desaparecieron, fueron vendidas o como en el caso de Sonográfica, el catálogo es usufructuado por terceros que aseguran ser también propietarios.
Hablamos de derecho de autor de unas canciones que se grabaron cuando no existía la comunicación pública por Internet. Pero en el principio pro autoris, todo aquello que no está expresamente cedido se interpreta a favor del autor. Hay que revisar los contratos de cada músico. Ver el estatus de las cesiones, si hubo actualización en los noventa”.
Quiere reunir a un grupo de artistas para tomar acciones. En el caso de Sonográfica y Mundo Digital USA, adelante que se podría incluso gestionar la participación de Cancillería para pedir información sobre esas empresas en el extranjero que aseguran tener el catálogo de compañías venezolanas.
Sobre las entidades de gestión colectiva como Sacven y Avinpro hay mucha tela que cortar. Manuel Mirabal apunta que en el caso de Avinpro la comunicación ha sido fluida y ha recibido la información solicitada para evaluar el estado de gestión.
Sin embargo, a través de sus redes sociales ha sido contundente con Sacven, que también es criticado por varios músicos en redes sociales, que denuncian opacidad.
El streaming no tiene una tarifa en Venezuela. Cada medio de comunicación o explotación requiere de una tarifa para que pueda hacerse la fiscalización a través de estas organizaciones”.
El director nacional de derecho de autor acota que hace tres meses le solicitó a Sacven las tarifas, pero hasta el momento de redacción de este reportaje eso no ha ocurrido.
“Es una información que incluso espera Spotify. Mucha gente cree que la plataforma no entra a Venezuela por un tema político. Uno de los aspectos que dificulta es la facturación. He conversado con personal de esa compañía y se podría facturar en divisas a tasa oficial, que actualmente es competitivo”.
Ahora bien, también está otro asunto por resolver: el licenciamiento del catálogo. Manuel Mirabal recuerda que los derechos de propiedad intelectual están sujetos a la soberanía de cada país, entonces cada catálogo en plataformas debe administrarse de acuerdo a las normativas de cada mercado. Es en ese punto donde entran las entidades de gestión colectiva locales.
Spotify es una empresa transparente que no quiere que haya un montón de gente quejándose porque no cobran. Pero como no hay buena opinión sobre Sacven, se espera a que haya tarifas claras”.
Sobre Avinpro, apunta: “Tienen una dificultad. El artículo 98 de la Ley sobre Derecho de Autor determina que el concepto que se cobra por derechos conexos no puede ser más de 60 % de lo que se establece por derecho de autor. De algún modo están de brazos cruzados”.
El abogado y músico señala que en América Latina varias entidades de gestión colectiva se agruparon para crear un ventanilla única para establecer un vínculo con las plataformas. Se llama Latinautor, que recibe el pago de firmas como Spotify, Deezer o Apple Music para luego distribuir en cada país. “Eso nos daría un buen escenario frente a otros servicios como Netflix. Pero si no hay respuesta de Sacven, seguimos en lo mismo”.
No solo el streaming. Manuel Mirabal explica que tanto Sacven y Avinpro habían acordado una ventanilla única, en la que la primera entidad se encargaría de cobrar a medios, locales y demás. De esa forma, se facilita el proceso entre las partes y luego distribuir lo recaudado.
“Pero Sacven antes de la pandemia no estaba facturando nada en el interior del país. De hecho, actualmente están facturando muy poco en Caracas. En el interior del país no tienen fiscales. Avinpro sí ha pagado. Tengo los informes. En cambio los de Sacven no, a pesar de que se los pedí hace meses”.
Cuenta una experiencia con Aditus en 2019. “Participamos en el Oktoberfest de El Hatillo. La entrada más económica fue de 30 dólares. Cuando tocamos, había aproximadamente 5000 personas. Calculé que a Sacven le tocaba por recaudación poco más de 20.000 dólares. De ese monto, 11.0000 le correspondían a Aditus. Pero la banda tiene años que no recibe nada de Sacven. Sabemos que el evento se fiscalizó, pero no hubo revisión del repertorio para determinar quiénes son los autores de las canciones”.
Recientemente, el funcionario se ha reunido con representantes de Sacven y espera respuestas a los requerimientos hechos. Uno de los puntos tratados es el posible cobro en moneda dura.
El abogado agrega otro caso a resolver. “Los contratos de reciprocidad obligan a que la obra de los músicos venezolanos que suena afuera debe ser pagada a Sacven por las entidades de gestión colectiva de esos países. En Estados Unidos está Ascap, por ejemplo. Con respecto a los músicos de afuera que suenan acá, Sacven tiene que cobrar y pagar a los foráneos. Pero bajo el argumento de las dificultades cambiarias, se trabaja bajo un sistema de compensación de la deuda”.
Eso quiere decir que lo que se debe por reproducciones de Aerosmith o U2, por ejemplo, se descuenta de lo que se debe en el exterior por la obra de C4 Trío. “Tomando en cuenta la producción de músicos venezolanos versus el resto del mundo, Sacven está constantemente en deuda”, agrega.
Alberto Cabello fue baterista de Sentimiento Muerto y ha representado a varias bandas del país. Por petición de Héctor Castillo, se encargó de remover de plataformas digitales las canciones de Dermis Tatú que alguna vez fueron subidas sin autorización de sus dueños.
Llama a poner atención a estos desafíos del mundo del streaming, no solo por la aparición de estas formas de piratería, sino también como modelo de negocio que representa el contenido generado por el usuario en redes sociales como Instagram.
“Nada más en 2019 fueron 2 millardos de dólares adicionales por contenido creado por los usuarios. Me refiero a montos que nunca en la historia de la música se había generado. No es que se lo quitó a un sector. No. Se creó de la nada. Para 2024 se calcula que serán 6 millardos adicionales de dólares”, puntualiza quien ahora es encargado de Desarrollo de Negocios para las Américas de Sonosuite. Por eso, hay quienes consideran que las redes sociales pronto van a desplazar los ingresos por streaming.
Para la realización de este reportaje se contactó a Sacven por las vías detalladas en su página web, pero no hubo respuesta. Vía Whatsapp hubo comunicación con la abogada Francis García, de la institución. Indicó que estaban esperando publicar las tarifas con apoyo del SAPI.
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