Esta semana la alternativa democrática y la administración de Nicolás Maduro vuelven a sentarse llamados por Noruega a buscar una solución a la crisis. Un cuarto actor debuta tras bastidores: los empresarios maduristas sancionados. Pero no todos en el PSUV ni en Miraflores parecen querer resolver la crisis.

Caracas. Representantes de la administración de Nicolás Maduro y de la alternativa democrática representada por Juan Guaidó, cambiaron las bajas temperaturas de Noruega por el clima cálido y más familiar de la vecina Barbados.

A partir de hoy la fase exploratoria de la mediación política propiciada por el Reino de Noruega desde mayo pasado se transforma, de manera oficial, en un nuevo intento (el tercero desde 2016) de encontrar una salida negociada a la crisis venezolana.

En los diálogos de Caracas en octubre de 2016 y la mesa de negociaciones de República Dominicana activa entre octubre de 2017 y febrero de 2018, solo hubo tres actores: el PSUV, la alternativa democrática y la comunidad internacional.

Pero tras los bastidores de Noruega-Barbados hay un nuevo actor con mucho peso y muy determinado a recuperar lo antes posible todo lo que ha perdido en los últimos años: los testaferros del madurismo. Se trata de un pool de empresarios sancionados por presuntamente servir a altos funcionarios como mampara de redes de corrupción y blanqueo de capitales.

“Los testaferros están presionando por una solución. Porque se les libere la plata que junto a los funcionarios de Maduro, se robaron. Esa es una presión muy fuerte para el régimen. Claro que ellos no están sentados en la mesa directamente, pero presionan. Sé que los voceros del gobierno no los nombran en las conversaciones, pero su presión es palpable”, dijo una fuente relacionada a la negociación Noruega-Barbados.

Lista de sanciones 

  • Samark López sancionado en 2017 por ser el presunto testaferro de Tareck El Aissami. El gobierno de Estados Unidos le congeló 5 empresas y lo señaló de jugar “un papel importante en redes de narcotráfico”.
  • La familia Malpica Flores, vinculada a la esposa de Nicolás Maduro, Cilia Flores. A este grupo familiar le fueron confiscadas 16 empresas en Panamá en 2018 por riesgo de blanqueo de capitales.
  • Walther Alexander del Nogal sancionado en 2018 por presunto narcotráfico y a quien Estados Unidos le confiscó 5 empresas.
  • Mario Antonio Rodríguez Espinoza, sancionado en 2018 por Estados Unidos por presunto narcotráfico; se le confiscó una empresa.
  • Pedro Luis Martín Olivares a quien Estados Unidos le confiscó 14 empresas en 2018.
  • Rafael Sarría Díaz, sancionado en 2018 por Estados Unidos por ser “presunto testaferro de Diosdado Cabello”. Hasta ahora le han confiscado 6 empresas a nombre de Rafael Sarría Díaz y congelado sus bienes en ese país.
  • Edgar Alberto Sarría Díaz, sancionado en 2018 por Estados Unidos por ser “presunto testaferro de Diosdado Cabello”.
  • José Omar Paredes, sancionado en 2018 por Estados Unidos por ser el piloto de Edgar Alberto Sarría Díaz.
  • Raúl Gorrín, sancionado por Estados Unidos en 2019 por estar vinculado al exfuncionario del gobierno de Hugo Chávez y cabeza de una mega-red de corrupción y lavado de activos, Alejandro Andrade. A Gorrín le han confiscado 6 empresas en Estados Unidos y le han congelado sus cuentas bancarias en ese país.
  • Gustavo Adolfo Perdomo Belisario, sancionado en 2019 por Estados Unidos por su presunta vinculación con Alejandro Andrade. Le han confiscado 3 empresas en territorio estadounidense.
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Entre todos suman miles de millones de dólares bloqueados no solo por la confiscación de las empresas, sino además por el bloqueo de las cuentas bancarias, el bloqueo de apartamentos, casas, vehículos y otras propiedades, y sobre todo, la imposibilidad que ahora tienen para hacer nuevos negocios en Estados Unidos y Panamá.

Los dilemas del PSUV

Por otro lado, el PSUV se sienta en Noruega-Barbados con sus propias contradicciones y pujas internas: el partido de Maduro envía a las negociaciones a dos figuras contradictorias para que le represente.

Jorge Rodríguez, hombre completamente desagradable para la dirigencia de oposición luego de todo lo que hizo y dijo en República Dominicana, incluyendo las amenazas a la familia de Julio Borges, según denunció el propio Borges.

Y Héctor Rodríguez, en la actualidad su figura más fresca, potable y presidenciable. Compañero de universidad del jefe de la delegación de la oposición, Stalin González.

“El PSUV tiene una confrontación interna fuerte que no estamos viendo en su justa dimensión. ¿Por qué mandan a Héctor Rodríguez si saben que todo el que participe en este proceso va a terminar quemado políticamente, y en su caso, pues puede quemar sus posibilidades de ser el presidenciable del PSUV? ¿Quiere el PSUV quemar a su única o a su mejor ficha? ¿Por qué?”, se preguntó un analista cercano a los grupos negociadores.

¿Quién sabotea las opciones?

Luego del último cara a cara entre los representantes de un sector del chavismo y un sector de la oposición en Oslo –a finales de mayo–se convino afinar métodos y agendas para formalizar el mecanismo ante la opinión pública, a finales de junio.

El anuncio del pretendido allanamiento a la inmunidad de los diputados Rafael Guzmán (29 de mayo), José Guerra y Tomás Guanipa (12 de junio) causó ruido en Oslo. Entonces, el equipo de Guaidó puso como condición para continuar con el proceso que se paralizaran esos juicios sumarios. El madurismo cumplió, al punto de que la sesión de la constituyente ilegítima –así calificada por la Unión Europea– convocada para dar el zarpazo a la inmunidad de estos tres parlamentarios de PJ, el 18 de junio, fue cancelada sin dar explicaciones ni siquiera a los constituyentes que ya estaban en el Palacio a las 2:00 p.m. ese día.

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El 19 de junio, llegó al país la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. El 21 de junio, día de su partida y casi en sus narices, la Dgcim detuvo al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y a otros seis uniformados más.

El 29 de junio en la madrugada, fecha en que Guaidó debía anunciar la formalización de las conversaciones en Barbados, Acosta Arévalo falleció en el hospitalito de Fuerte Tiuna como consecuencia, dijeron sus abogados, de las torturas a las que fue sometido tras su captura.

Guaidó condenó los hechos y más que cancelar una reunión que aún no había anunciado, simplemente instruyó en privado a la delegación opositora no acudir a la cita.

Ayer, el presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, confirmó la mudanza de las conversaciones de Noruega a Barbados, pero siempre con el auspicio del Reino de Noruega y ratificó que la agenda de sus emisarios es lograr el cese de la usurpación, que facilite la instalación de un gobierno de transición que pueda llamar a elecciones libres con observación internacional.

Pero el asesinato del capitán de corbeta tras la visita de Bachelet y en medio del inicio de la mesa en Barbados parece mostrar un patrón de sabotaje a las posibilidades de una solución negociada desde lo interno del propio gobierno. Estas acciones contrarias a la búsqueda de soluciones revelan parte de esas contradicciones y pugnas internas que no solo permean al PSUV sino a toda la administración Maduro. Veamos algunos ejemplos:

  • En enero de 2018, en medio de las conversaciones en Dominicana donde se buscaba acordar un calendario electoral para renovar la Presidencia de la República, el entonces gobierno de Nicolás Maduro, a través del CNE, ilegalizó a tres de los cuatro partidos que participaban en las conversaciones (AD, PJ y VP).
  • El 7 de octubre de 2018 llegó a Venezuela, como parte de las iniciativas de acercamiento del Grupo de Bostón, el senador estadounidense Bob Corker. Al día siguiente, el concejal Fernando Albán (PJ) muere tras caer desde el décimo piso del Sebin en Plaza Venezuela cuando se encontraba en custodia de ese cuerpo de seguridad.
  • El 11 de enero de 2019, Delcy Rodríguez recibe en Caracas a una delegación de los gobiernos de Rusia y China con el propósito de consolidar el respaldo político y económico de estas potencias a la administración Maduro. 48 horas después, una comisión del Sebin detiene arbitrariamente al recién electo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en plena autopista Caracas-La Guaira.
  • El 11 de marzo de este año, arribó al país una misión de avanzada de la Oficina del Alto Comisionado de los DD. HH. de la ONU para tantear el terreno y preparar una visita de Michelle Bachelet. El 12 de marzo, el Sebin detuvo al periodista y ciberactivista venezolano, Luis Carlos Díaz.
  • El 20 de marzo, Maduro apoya a los cuatro vientos la reunión en Montevideo entre el Grupo de Contacto Internacional de la UE y el Gobierno de Uruguay. Discuten sobre la crisis de Venezuela y concluyen que la vía de salida debe ser electoral. El 21 de marzo, el Sebin detiene arbitrariamente al jefe de despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero.
  • En abril, el TSJ y la ANC pretendieron el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado y presidente de la AN, Juan Guaidó. En mayo, Guaidó y un ala del madurismo se sientan en Noruega a explorar un acercamiento. Durante ese mes, el TSJ y la ANC dictaron la pretendida inhabilitación política de 14 diputados.
  • El 19 de junio Bachelet visitó Venezuela, el 21 de junio en medio de la partida de la alta comisionada la Dgcim detiene al capitán Acosta Arévalo. El 29 de junio, cuando debían anunciarse las nuevas conversaciones, el militar muere producto de torturas y el proceso se frena.
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¿Quién practica las detenciones políticas?

Como se aprecia, el Sebin y la Dgcim son los cuerpos de seguridad responsables de todas las detenciones políticas antes enumeradas, entonces la pregunta es quién controla estos organismos.

Antes de la muerte de Albán, el Sebin estaba en manos de Gustavo González López, identificado con el grupo de influencia de Diosdado Cabello. En octubre de 2018, González López fue sustituido por Manuel Cristopher Figuera, más leal a Maduro y a los cubanos. Tras la Conspiración del 30 de abril y el rol protagónico de Cristopher Figuera, Maduro volvió a poner el Sebin en manos González López, es decir, de Cabello quien ya tenía incidencia sobre Casa Militar y la Dgcim a través del jefe de ambas unidades, Iván Hernández Dala, supuestamente leal a su grupo.

Esta semana, con la designación de Alexis Rodríguez Cabello, primo de Diosdado Cabello, como comandante general del Ejército, en sustitución de Jesús Suárez Chourio, el primer vicepresidente del PSUV cerró su círculo virtuoso de poder militar y de inteligencia al controlar el Sebin, Casa Militar, la Dgcim y el Ejército a través de generales identificados con su grupo de influencia.

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7 de 8 miembros del Alto Mando Militar han sido sancionados por socavar la democracia (III)

94% de los magistrados está sancionado por su comportamiento antidemocrático (IV)

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