Medios del país austral aseguran que el fiscal, Carlos Stornelli, ha abierto averiguaciones contra 14 oficiales activos y retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Caracas. Pese a que no se conocen víctimas argentinas ni perpetradores de esa nacionalidad y a que los hechos ocurrieron a miles de kilómetros de distancia, la Fiscalía de Argentina ha decidido investigar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en Venezuela, durante la represión a la ola de protestas antigubernamentales que estalló en 2014, informaron medios del país austral.
Los reportes periodísticos aseguran que el fiscal Carlos Stornelli, admitió este miércoles, 12 de julio, la denuncia que la Fundación Clooney interpuso en abril pasado y que persigue que la justicia de ese país investigue “las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, sobre la base del principio de jurisdicción universal”.
Diarios como Clarín o el portal Infobae han asegurado que Stornelli ha iniciado indagaciones contra 14 oficiales activos y retirados, entre ellos el mayor general Juan José Noguera Pietri, quien fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el general de División, José Dionisio Goncálvez Mendoza, entonces comandante de la Guardia del Pueblo.
Asimismo, se ha informado que Stornelli pidió a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le remitan “copias de informes de las misiones internacionales enviadas a Venezuela y toda actuación relacionada con los manifestantes muertos”.
Ahora, ¿tienen fundamento legal estas acciones? ¿No es necesario que los crímenes hayan ocurrido en Argentina o que las víctimas sean argentinas para que la justicia de ese país pueda intervenir? Para responder estas y otras preguntas Crónica.Uno ha conversado con expertos y revisados documentos emitidos por organismos internacionales.
Desde el principio
Lo primero es aclarar de qué se trata la jurisdicción universal. El Instituto de Derecho Internacional la definió en 2005 como “la competencia de un Estado para perseguir, y en su caso ser declarados culpables, de castigar a presuntos responsables, independientemente del lugar de comisión del delito y sin consideración a vínculo alguno de nacionalidad activa o pasiva u otros criterios de jurisdicción reconocidos por la ley internacional”.
Por su parte, el jurista egipcio-estadounidense, Mahmoud Cherif Bassiouni, apuntó que “el ejercicio de la jurisdicción universal se encuentra generalmente reservado para los crímenes internacionales más graves, tales como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y el genocidio. Sin embargo, puede haber otros crímenes internacionales respecto de los cuales un tratado aplicable establece dicha base jurisdiccional, como es el caso del terrorismo”.
Y el penalista venezolano Juan Carlos Gutiérrez señaló que “la jurisdicción universal es el principio que obliga a los países a extraditar o enjuiciar a los perpetradores de aquellos crímenes internacionales gravísimos, independientemente del lugar donde ocurrieron, de la nacionalidad del perpetrador o de la víctima”.
El abogado agregó que los juicios de Nuremberg contra los líderes nazis fueron uno de los primeros ejemplos de la aplicación de la jurisdicción universal, en tiempos modernos. Pero este principio no se quedó allí y también consideró que el juicio contra el nazi Adolf Eichmann, quien fue secuestrado en Argentina y trasladado a Israel para ser enjuiciado en la década de los 60, fue otro.
Y, por último, mencionó el caso contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, quien permaneció durante meses en Londres retenido debido a una orden judicial dictada por el juez español Baltazar Garzón.
Las implicaciones
Pero ¿puede la justicia argentina investigar lo ocurrido en Venezuela? Sí, a la luz del artículo 118 de su Constitución, el cual establece que “la actuación de estos juicios (penales o criminales) se hará en la misma provincia donde se hubiere cometido el delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes, el Congreso determinará por una ley especial el lugar en que haya de seguirse el juicio”.
Gracias a esta norma en 2010, jueces y fiscales argentinos aceptaron las solicitudes de víctimas de la dictadura de Francisco Franco en España y abrieron averiguaciones, así como dictaron órdenes de captura contra exministros españoles Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina o del policía franquista Antonio González Pacheco.
“La jurisdicción universal no es extraña para la justicia argentina”, apuntó Gutiérrez.
El penalista consideró que las actuaciones del fiscal Stornelli son las correctas. “El primer paso es pedir información para determinar si hay otras investigaciones en otros tribunales de otros países o internacionales, para evitar la duplicidad de investigaciones”.
Asimismo, indicó que la justicia argentina puede emitir órdenes de arresto nacionales, en caso de que alguno de los sospechosos se encuentre en el territorio argentino; o internacionales, en el caso de que se encuentren en otros países. De producirse esto último para muchos funcionarios y exfuncionarios Venezuela podría terminar convirtiéndose en una cárcel.
Gutiérrez consideró que este tipo de acciones son “viables y necesarias”. ¿La razón? “La Corte Penal Internacional podría enjuiciar a algunos responsables, pero dentro de la cadena de mando quedarán muchos por fuera y es allí cuando es necesario que se active la jurisdicción universal, para evitar que muchos perpetradores queden impunes. La justicia internacional se debe aplicar en todas sus formas para que los crímenes no queden impunes y las víctimas obtengan respuesta”, zanjó.
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