La mayoría de las actuaciones contra la sociedad civil organizada han provenido de la Sala Electoral, seguida de la Constitucional. En ninguno de estos casos medió procedimiento alguno, lo que disparó alarmas sobre la erosión del derecho a la asociación bajo el Gobierno de Maduro.
Caracas. 2023 pasará a la historia como un mal año para el ejercicio del derecho a la asociación en Venezuela. Hasta este mes de diciembre, ocho agrupaciones civiles han sido intervenidas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). A raíz de estas decisiones, se ha entregado las riendas de dichas instituciones a personas sin que mediara ningún tipo de procedimiento que le permitiera a sus miembros expresarse.
El caso más se reciente se produjo el pasado 22 de noviembre. En esa fecha la Sala Electoral ordenó “la suspensión de efectos de todas las fases del proceso electoral que se hayan desarrollado en seno del Colegio de Abogados del estado Carabobo, incluido el evento electoral realizado el 3 de febrero de 2023”.
La decisión la adoptó la instancia en su sentencia número 124. Según el texto, sus tres miembros (Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, Fanny Beatríz Márquez Cordero e Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta) consideraron que los comicios no fueron transparentes, por cuanto “no contó con la publicidad efectiva para que el mayor número de electores tuvieran conocimiento firme del mismo” y “para garantizarles su participación y de esa forma ejercer el control de cada fase, así como el pleno del avance del proceso electoral”.
Pero como la suspensión de las elecciones no fuera suficiente, la Sala designó a Erwin Gerardo Fernández Zerpa (presidente), Williams de Jesús Latuf Rodríguez (vicepresidente) y César Julio Centeno Ramírez (secretario), Gustavo Alberto Guevara Morales (Tesorero) y Ramón Antonio Navas Martínez (Bibliotecario) como nuevos directivos del organismo gremial.
Los casos de mayor impacto
Las intervenciones más sonadas, sin embargo, fueron autoría de la Sala Constitucional. En agosto pasado, con apenas días de diferencia, la instancia encargada de interpretar el texto fundamental destituyó a las juntas directivas de la Cruz Roja Venezolana y del Partido Comunista de Venezuela (PCV).
La actuación en contra de la Cruz Roja se produjo luego de una campaña mediática que altos funcionarios del Estado como el diputado Diosdado Cabello iniciaron contra el entonces presidente de la organización humanitaria, Mario Villarroel, por presuntos malos manejos administrativos y también malos tratos al personal. El Ministerio Público anunció el inicio de una investigación. No obstante, sin esperar los resultados el 2 de agosto pasado solicitó a la Sala que designara a una nueva directiva.
48 horas después se procesó la solicitud realizada por el fiscal general impuesto por la extinta Constituyente, Tarek William Saab, y en la sentencia número 1057 se nombró al expresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, como presidente de la Cruz Roja y le dio poderes para designar a los demás cargos directivos.
Este dictamen disparó las alarmas fuera del país. Pues, uno de los pilares de la Cruz Roja Internacional y de sus filiales locales es la independencia y autonomía frente a los Estados.
Siete días después le tocó el turno al Partido Comunista de Venezuela (PCV), cuyas riendas la Sala Constitucional le entregó a Henry Parra. Esto, a pesar de que él renunció a esa formación para pasarse a las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en 2021, denunciaron las autoridades destituidas.
La intervención del PCV se produjo tras años de impases entre esta organización, otrora miembro del Polo Patriótico, con el Gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los últimos episodios de estos desencuentros fueron las críticas contra la última cruzada contra la corrupción lanzada por el Ejecutivo.
El PCV pasó a engrosar la lista de partidos disidentes del chavismo a los que el TSJ intervino en los últimos años. Este grupo lo conforman Patria Para Todos (PPT), el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), Tupamaros y Por la Democracia Social (Podemos).
Un grupo variopinto
Las restantes cinco organizaciones civiles que han visto como sus autoridades eran destituidas por el máximo tribunal, en particular por la Sala Electoral; y este mismo organismo les imponía otras son: La Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga) y la seccional del estado Bolívar de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y de Producción de Venezuela (Fedecámaras). La lista incluye a la Federación Venezolana de Surf (FVS), la Federación de Motociclistas de Venezuela y la Asociación Civil Puerto Encantado.
En los casos de Fedecámaras-Bolívar y de Fedenaga el máximo juzgado suspendió las elecciones que habían celebrado dichas organizaciones. De esta forma se impidió a sus ganadores asumir sus cargos. Y para rematar el ordenó a las autoridades salientes que continuaran en sus cargos o que directamente volvieran a ellos.
Algunos de los fallos antes mencionados fueron expuestos por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos de Venezuela de Naciones Unidas. Con esta mención la instancia denunció que “el cierre del espacio cívico y democrático ha continuado sin tregua” en el país. Una política que, según la instancia, persigue “silenciar, desalentar y sofocar la oposición real o percibida al Gobierno del Presidente Maduro”.
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