En la ruta para llegar a las elecciones parlamentarias que se celebran este domingo 6 de diciembre hubo de todo. Desde intentos de la oposición por lograr mejores condiciones y así poder participar, hasta la pérdida de los indígenas de su derecho a elegir de mediante el voto directo y secreto a sus representantes al parlamento.
Caracas. La ruta para llegar a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre no se limitó a las violaciones a la ley y la judicialización de partidos, sino que también incluyó una iniciativa que buscaba mejores condiciones electorales y el ventajismo constante por parte de los candidatos del chavismo.
En el camino al 6-D hubo intentos de Henrique Capriles Radonski por lograr mejores condiciones electorales, las comunidades indígenas perdieron el derecho al voto directo luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) creara ilegalmente un reglamento para el voto de estos ciudadanos. Adicionalmente, el CNE, no veló por que se cumplieran algunas garantías electorales durante la campaña, lo que dio ventajismo al gobierno de Maduro.
El coqueteo de Capriles con el 6-D que logró la liberación de presos políticos
El retorno de PJ a sus autoridades legítimas no fue la única concesión que el chavismo hizo en los meses previos al 6-D; una de las más importantes fue el otorgamiento de la medida de casa por cárcel para el diputado Juan Requesens el 28 de agosto, esto después de pasar más de dos años de cárcel en la sede del Sebin en El Helicoide. A la medida de Requesens le siguió un indulto a más de 100 personas entre presos políticos, perseguidos y diputados en el exilio.
El origen de estas concesiones estuvo en un acercamiento entre Henrique Capriles Radonski y el gobierno de Maduro. El chavismo buscó la participación del dirigente de PJ y exgobernador de Miranda con su tarjeta La Fuerza del Cambio, mientras que Capriles trató de establecer condiciones acordes para la participación en el proceso electoral.
Apoyando la postura de Capriles estuvo el diputado Stalin González, quien el 2 de septiembre confirmó las conversaciones entre ambos grupos y revindicó los esfuerzos que llevaron a la liberación de las más de 100 personas a través del indulto. Ese mismo día el propio ex candidato presidencial (2013 y 2014) emitió un mensaje en redes sociales en el que aseguró tener disposición de participar el 6-D siempre y cuando las condiciones así lo permitieran.
La conversaciones siguieron pero, finalmente, la fórmula Capriles-González optó por retirarse de la contienda al acusar al Gobierno de no permitir las condiciones mínimas para la participación. Al retirarse Capriles también lo hizo su partido, La Fuerza del Cambio, el cual el 30 de septiembre entregó una correspondencia en la sede del CNE para renunciar a las postulaciones que habían hecho.
Indígenas convertidos en ciudadanos de segunda categoría
El artículo 5 de la Constitución de la República establece que la soberanía se ejerce indirectamente a través del voto de cada ciudadano, mientras que el 63 plantea que el voto es universal, secreto y directo. La existencia de estos dos artículos de la Carta Magna pareciera ser desconocida por el CNE con respecto a los ciudadanos venezolanos indígenas, ya que el 24 de julio el órgano comicial publicó un reglamento que acabó con el voto directo y secreto de estas comunidades.
La respuesta a esto no se hizo esperar y los dirigentes políticos de las comunidades indígenas comenzaron una campaña de denuncia y reclamo, particularmente ante el TSJ (que nunca se pronunció) y en medios de comunicación. Rafael Simón Jiménez (para ese entonces aún era rector del CNE) intentó justificar el nuevo reglamento y aseguró que el mismo fue consultado a las comunidades indígenas, cosa que estas desmintieron categóricamente.
El diputado Romel Guzamana aseguró el 13 de agosto que llevaría el asunto a la Organización de las Naciones Unidas. Esta amenaza y la presión de las organizaciones políticas indígenas que anunciaron su no participación en los comicios del 6-D, lograron generar una respuesta del CNE, el cual reculó a medias el 16 de agosto y restituyó el carácter secreto del voto.
Quedó establecido un sistema de votación en segundo grado en el que las comunidades elegirían representantes, quienes serían los encargados de votar en unas Asambleas Generales para escoger los tres diputados indígenas a la AN. Asimismo, se Que se aumentara el número de parlamentarios totales mientras que la representación indígena quedara con los mismos tres legisladores también fue denunciado como un acto de discriminación por parte del CNE.
Los partidos indígenas advirtieron que no participarían en la elección si el reglamento no era derogado. El documento nunca fue revisado ni retirado por parte del CNE con lo que los indígenas venezolanos votarían con menos condiciones democráticas que el resto de la población del país.
Campaña con ventajismo y sin garantías, en medio de la pandemia de COVID-19
El nuevo CNE, las elecciones del 6-D y las garantías electorales fueron todas acordadas en la Mesa de Diálogo Nacional, y muchas de ellas iban a tomar forma durante la campaña electoral y durante el propio 6-D. Sin embargo, de estas garantías pocas se llegaron a cumplir.
El gobierno de Nicolás Maduro extendió una invitación a la ONU y a la Unión Europea para que ambos organismos acudieran a las elecciones, pero estas agrupaciones respondieron que no había tiempo para organizar una misión de observación electoral y además citaron las complicaciones por hacer este tipo de tarea en medio de la pandemia de COVID-19. El bloque continental de Europa recomendó postergar las elecciones, algo que el CNE nunca se planteó.
Pero la observación de estos organismos no fue la única garantía que no se cumplió. El ventajismo mediático del chavismo se notó inclusive antes que la campaña comenzara formalmente, esto llevó a que varios partidos denunciaran la transmisión de actos del Partido Socialista Unido de Venezuela en cadena nacional. El CNE nunca respondió a estos reclamos ni sancionó al PSUV o al GPP por el uso de recursos del Estado para su campaña.
Las violaciones a los acuerdos plasmados en la Mesa de Diálogo Nacional se hicieron presentes también durante los dos simulacros electorales en los que organizaciones como Súmate denunciaron no solo la presencia de puntos rojos (prohibidos según los acuerdos), sino la realización de actos de campaña en centros de votación y el uso de mecanismos de control social como la entrega de cajas Clap y el Carnet de la Patria.
Aunque en algunas instancias la cuarentena radical para evitar el contagio de COVID-19 se usó para limitar el traslado de ciudadanos durante buena parte del 2020, estas medidas simplemente desaparecieron durante la campaña electoral, la cual inició y concluyó con actos masivos de calle en los que en algunos casos las personas ni siquiera empleaban el tapaboca para protegerse de una posible infección. Esto de hecho fue alertado por expertos electorales que en varias ocasiones alertaron sobre el alto riesgo que podrían significar las elecciones durante la pandemia mundial.
La campaña electoral culminó sin que se le diera cabida a la Alternativa Popular Revolucionaria en los canales de televisión del país y con transmisiones en los medios públicos de hasta cinco actos del Gran Polo Patriótico en un mismo día. Con la certeza de que la equidad en la campaña no se cumplió, resta ver si el chavismo respetará el acuerdo de no colocar puntos rojos cerca de los centros de votación. Otra garantía que Jorge Arreaza mencionó en la carta de invitación a la ONU y la Unión Europea fue el uso de tinta indeleble, de esto nunca se habló en toda la campaña y los meses previos al 6-D.
Lea también:
El camino hacia las Parlamentarias del 6-D inició marcado por polémica e irregularidades (I)
Participa en la conversación