La señora Eddy Cáceres a sus 72 años vive los peores momentos de su existencia. Se va a pie desde San Agustín hasta Quinta Crespo, cerca de 10 cuadras, para cambiar un paquete de arroz y otro de espaguetis.

Caracas. La señora Eddy Cáceres a sus 72 años vive los peores momentos de su existencia. Se va a pie desde San Agustín hasta Quinta Crespo, cerca de 10 cuadras, para cambiar un paquete de arroz y otro de espaguetis. Sus hijos, fuera del país, ya no la pueden ayudar, con la pandemia no reciben ingresos. Encerrada en su casa dice: Temo de morir de un infarto.

Trabajó durante 27 años en el Ministerio de Educación, como asistente de Recursos Humanos. Ahora, en su tiempo de jubilada, vive sumida en calamidades, y su cuerpo se llenó de angustias y dolores.

Meto en una bolsa plástica un kilo de arroz y otro de espaguetis, que me regalan, y me voy caminando hasta Quinta Crespo para cambiarles a los buhoneros eso por plátanos y aliños.

Son como 10 cuadras las que camina. No tiene problemas en hacerlo, pero sucede que es hipertensa y diabética, dos padecimientos que juegan en su contra y disminuyen sus pasos.

Se siente agotada y dice que puede morir de un infarto, situación que mantiene en zozobra a sus dos hijos radicados en el exterior.

El arroz lo cambia por un pimentón, un puñado de ají y algo de compuesto, y el espagueti, por plátanos.

Mi esposo y yo, también jubilado y con el que tengo 50 años de casada, comemos arroz con plátano y plátano con espagueti. Con los aliños hago una sopa, agua aliñada la llamo, sin proteínas, porque no tenemos.

Hace poco, añade, les llegó la caja del Clap: “Con unos frijoles verdes incomibles. También nos vendieron unas sardinas a 8000 bolívares el kilo, que se deshicieron al lavarlas. Las tuve que sancochar con los aliños, pues ni aceite tengo para freírlas”.

Hasta ahora sus ingresos, por concepto de pensión y jubilación, no alcanzaban ni para las medicinas ni para el cartón de huevos. 

“De tanta preocupación, me da miedo morir de un infarto”, repite de nuevo, cuando comenta que a su hijo que está en Europa lo despidieron en febrero y el que está en Latinoamérica le hizo una transferencia a principios de marzo. Ahora está limitado por la cuarentena, y los ahorros que le quedan son para pagar su alquiler y los impuestos en ese país.

“La pandemia que tenemos es la economía, no el virus”.

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Ahora no ha podido ir al cardiólogo ni al endocrinólogo. Se ve en el Ipas-Me, y por la cuarentena no hay consultas. No está tomando tratamiento, pues el servicio de entrega de medicinas ubicado en Plaza Caracas también está suspendido. No tiene récipes, pues no hay quien se los firme, y con la precaria alimentación, sube de nivel su riesgo. 

Sin dinero, sin medicinas y sin comida, esa es su verdadera cuarentena.

Crisis prolongada

Este 27 de abril lanzan un aumento salarial que deja muy atrás a los pensionados y jubilados, que ya no viven con un poco más de 200.000 bolívares, pero que tampoco lo harán con 400.000 bolívares. “Tenemos hambre y temo morir de un infarto aquí encerrada y sin dinero”, ese el el grito ahogado de Eddy, un eco que se repite por toda la geografía venezolana.

En Venezuela hay un poco más de 4 millones de pensionados y jubilados, que no la tienen fácil: las remesas ya no son un colchón para ellos y las cajas del Clap ahora son el bastón en medio de la crisis.

Desde el inicio de la medida de distanciamiento social, aplicada en el ámbito nacional por el Ejecutivo desde el pasado 17 de marzo, la organización Convite, dedicada a velar por el derecho y bienestar de la tercera edad, ha ayudado a 2500 abuelitos entre Caracas y Barquisimeto, sorteando las dificultades de movilización y la falta de gasolina.

En el casa por casa, han donado insumos y medicinas a 92 abuelos en el barrio San Isidro de Petare, en alianza con el proyecto Nodriza; a 82 en el municipio Chacao, en conjunto con la alcaldía, y a 25 en Barquisimeto,

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Que falta más. Claro que sí. Pero vale recordar que esta es una sola institución, con recursos y alcances limitados, que llega a donde el gobierno de Nicolás Maduro no lo ha hecho, y que precisamente es el ente rector y administrador de las políticas sociales y de asistencia sanitaria.


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