Valentín López siente que su vida se consume en la cuarentena y que su salud quedó resumida en un efecto colateral de las medidas gubernamentales: no ha podido ir a consulta de rutina, no se ha podido hacer una tomografía de tórax que le mandaron hace más de un mes y no se ha podido hacer un conteo de plaquetas.

Caracas. Si algo ha defendido Valentín López durante toda su vida, sin desfallecer, son los derechos de él, de su familia y de sus compañeros de trabajo. Mejores salarios, mejores condiciones laborales, alimentación, salud. Por todo eso sudó la gota gorda y hoy, encerrado en su casa debido a la cuarentena por el COVID-19, dice casi sin fuerzas: “Me resigné a morir”.

En una época en la que no faltaban gasas en los hospitales, Valentín, dirigente sindical del sector salud, peleó por mejores contrataciones colectivas, HCM, primas, uniformes, transporte, cada una de estas exigencias era bandera en sus protestas en las afueras de los centros asistenciales.

Sin embargo, con los años, le tocó sufrir en carne propia la desidia asistencial. A su trabajo sindical, como tantos otros, tuvo que añadir la escasez de insumos, la falta de personal y hasta ver cómo a sus compañeros los judicializaban por denunciar las precariedades.

Durante estos últimos cinco años su voz se hizo menos fuerte, pero no se apagó. Le vino un cáncer de mama y  su esposa sobrevivió a un infarto. Eso lo alejó de las calles, aunque de vez en cuando viene a Caracas a apoyar los reclamos de los pensionados y jubilados, más de 1,7 millones que hoy en día están sumidos en la pobreza.

Está confinado en Santa Lucía, en Los Valles del Tuy, estado Miranda. Desde hace más de 30 días no sabe lo que es respirar el aire caraqueño. “Esto no es difícil, es imposible”, dice a través del hilo telefónico, una conversación que se mantiene a medias debido a la inestabilidad de la conexión.

López repite: “Estoy resignado a morir”. Ya desde hace cinco meses tiene una sentencia a muerte, pues no ha podido tomar el tamoxifeno, una pastilla que funciona como una quimioterapia y que la tiene medicada por 10 años.

El tratamiento no se encuentra en las farmacias, tampoco hay disponibilidad en la de Alto Costo del Seguro Social. “Llegan muy pocas”, dijo.

Y si las estuvieran entregando, difícilmente él llegaría hasta el oncológico Luis Razetti, ubicado en Cotiza, municipio Libertador, debido a que no tiene efectivo para trasladarse.

No hay bancos y uno no consigue dinero. Aquí venden el efectivo. Pero los porcentajes son altos. Por 100.000 bolívares le quitan a uno 60, 70.000 bolívares.

Su esposa, que quedó con problemas de la tensión, no puede comprar el losartán de 100 y los diuréticos, pues ahora se los venden por blíster al mismo precio que puede tener una caja.

Y si de la comida se trata, Valentín está más golpeado.

Ni verduras, ni frutas consigue en Santa Lucía. La que nos llega es porque la gente que tiene siembras nos pasa algo. Pero no hay ni eso, aquí hay hambre, la tercera edad está muy afectada con esta situación. Las cajas del Clap que llegaban cada 25 días ahora tardan meses y lo que traen no es ni de calidad ni en cantidad para una familia. La cuarentena empeoró las dificultades y de parte del Gobierno no hay una política social que ayude al pobre. Yo me resigné a morir en estas circunstancias.

El 24 de marzo pasado, el gobierno de Nicolás Maduro lanzó una serie de medidas sociales entre las que destacó el sistema de bonos a través del carnet de la Patria para más de nueve millones de personas, los llamó Marzo de lealtad y disciplina y solidaridad.

Luego salió con otro: Quédate En Casa, para más de seis millones de trabajadores distribuidos en independientes y privados (cuatro millones de trabajadores independientes y dos millones de empresas privadas como complemento de nómina).

Ninguno de esos beneficios le ha «caído» a Valentín López. En su cuenta solo ha visto la pensión y la jubilación, dinero que no le alcanza para las pastillas de la tensión de su mujer.

Y por si fuera poco su tragedia, tiene que perseguir las bombonas de gas. Desde que ocurrió el incendio en el llenadero en Ocumare del Tuy, el 24 de agosto de 2019, no tiene gas directo. Así que tiene que pagarle al Clap y esperar a que ellos surtan, lo cual no ocurre con la periodicidad de la demanda.

Tanto es así que la gente cocina en los patios con fogón, principalmente cuando van a preparar los granos de la caja.

Así como su vida se consume en la cuarentena, su salud queda suspendida por los efectos colaterales de las medidas gubernamentales: no ha podido ir a consulta de rutina, no se ha podido hacer una tomografía de tórax que le mandaron hace más de un mes, no se ha podido hacer un conteo de plaquetas.

La instrucción de los médicos es que se quede en su casa y «se alimente bien», que no se exponga. “Pero, y este es mi caso, estoy sufriendo demasiado, ya no se puede más”.

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